Julio Hernández López
La nueva normalidad va asentándose. Jefes policiales, mandos militares, presuntos narcotraficantes y ciudadanos inocentes son insertos en el macabro nuevo orden calderonista (NuevOrCa) que, con los soldados por delante, trata de redefinir el mapa económico, social y político para acomodarlo a sus intereses, con ánimos de perdurabilidad por décadas (lo que la urna no da, ¿el Ejército sí presta?). La presunta guerra contra el narcotráfico es un reajuste del mercado de las drogas que está consolidando el poder de una de las facciones en lucha (la misma que desde el arranque del foxismo fue liberada de Puente Grande y constituida en la banda criminal no familiar favorita del sexenio; hasta en eso hay continuismo) y también tiene mensajes políticos, partidistas, electorales.
Baste ver que las batidas para imponer a sangre y fuego la nueva noción de orden (y la percepción social de miedos y necesidades) ha tocado estados de la República donde habrá elecciones próximamente. Baja California, por ejemplo, donde se negocia una alternancia en el control de las mafias de aquellas latitudes, tarea harto apetitosa en términos económicos que ha ejercido el panismo y ahora pretende asumir Jorge Hank Rhon en nombre del priísmo, sobre todo del segmento madracista. Michoacán, donde Cárdenas Batel Lázaro está dispuesto a hacer cooperacha electoral para el regalo navideño a Felipe Calderón, según eso, la llegada de un panista a la gubernatura de su tierra natal. En Veracruz hace malabares Fidel el Tramposo para tratar de impedir que la ola azul-verde olivo le asfixie y le arrebate el control político de la entidad en las próximas elecciones locales. Y, en Oaxaca, va adelante la alianza entre Calderón y Ulises Ruiz para impedir que un movimiento social de izquierda triunfe y expanda sus vibraciones por el país hasta llegar a Los Pinos. Todos esos arreglos y desavenencias, pactos y chantajes, aceptaciones y reticencias, debidamente sazonados con fuertes especias castrenses.
La remodelación del país conforme a las reglas de las armas tiene ahora en la mira a la ciudad de México, que ha sido la sede de la más activa y persistente resistencia al fraude electoral. El escáner marca Sedena desea explorar y registrar el cuerpo capitalino para detectar y extirpar cuerpos criminales, pero las bitácoras militares son leídas con aparatos de visión electoral por el comandante de las casacas de talla superior, de tal manera que los épicos propósitos anunciados de someter al Distrito Federal al mismo estado de excepción que se ha instalado en una cuarta parte de las entidades del país forman parte de una operación que podría tener como símbolo a un caballo de Troya electoral.
Esa es una de las desgracias evidentes del diseño electoral-militar que Felipe Calderón ha pretendido imponer como programa de gobierno. El Presidente LegaL (PLL) ha decretado la "guerra" al narcotráfico para justificar su aislamiento de la sociedad, el incremento de su seguridad personal, la redefinición de mercados suculentos como el de las drogas, el fortalecimiento de la visión social-electoral conservadora que pide mano dura y el acceso a plazas, como el Distrito Federal, en las que pretende desactivar y castigar a los disidentes a su régimen y preparar asaltos partidistas con la vista puesta en los comicios venideros. La nueva horca: el nuevo orden calderonista.
Astillas
Es un caso de los muchos que diariamente están sucediendo en el país: "El pasado sábado 12 llegué a Chilpancingo a la una de la madrugada, procedente de la ciudad de México, en compañía de mi esposa. Cuando transitaba sobre la autopista, ya en la ciudad, un vehículo que venía atrás me hizo señalamientos con sus luces altas, por lo que me moví al carril derecho para cederle el paso. El vehículo trasero hizo lo mismo, es decir, se movió al carril derecho y siguió enviándome el cambio de luces. Cuando retomé el carril izquierdo, para rebasar, el auto seguía tras de mí. Dos kilómetros adelante, una camioneta Van roja, con placas de Guerrero, nos cerró el paso y de ella bajaron varios individuos vestidos de negro que nos apuntaban con armas largas, tipo AR-15, gritándonos que descendiéramos del auto. Nos pusieron de espaldas al vehículo. Además de la Van, habían llegado dos camionetas más. Eran 15 o 20 personas. Con un lenguaje rudo, grosero e infamante, nos preguntaban por qué no nos habíamos parado cuando nos lo marcaron. Les dije que el cambio de luces para mí significaba dejar el paso libre, lo que había hecho. Alguien de ellos me dio un golpe en la espalda, diciendo que "por pendejo" casi me rocían de balas. Mi esposa lloraba y gritaba que éramos personas de bien y que no dispararan. Todo esto sucedió en un módulo de la policía que está cerca de Chilpancingo, ¡pero nunca salió un solo policía de ese destacamento! Las personas de negro nunca se identificaron ni nos pidieron que nosotros lo hiciéramos; tampoco revisaron el carro, ni nos ofrecieron un 'usted disculpe'. ¿Anotar las placas de los vehículos? ¡Imposible! Regresé a la ciudad de México al día siguiente, en domingo. No hice denuncia de hechos ante ninguna autoridad. No sé quién es quién. Dicen allá que tampoco lo saben; que hay policías que se visten y actúan como delincuentes. ¿Publicará el gobierno una nueva ley para que sus afis combatan a la delincuencia con los métodos de ésta: cambio de luces para que el ciudadano se detenga, uso de vehículos particulares sin placas, torretas ni rótulos, portación de armas largas para amedrentar y asesinar a quien se atraviese en su camino? El presunto combate al crimen se está dando con palos de ciego, asestando golpes producto del error que suelen ser un buen show mediático. Pero, en términos estadísticos, en esta locura 50 por ciento de la población estamos con posibilidad de que nos sucedan desgracias iguales o peores a las relatadas"... Y, mientras la SEP del yerno ha llegado a arreglos con el SNTE de la suegra, ¡hasta mañana, en esta columna que es un pizarrón con gis!
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