viernes, mayo 11, 2007

Una turbia maniobra antipatriótica

Escrutinio
Juan José Morales

Tradicionalmente, México ha rehusado aceptar la instalación de bases militares extranjeras en su territorio, por los gravísimos riesgos para la soberanía nacional y la seguridad del país que ello implica. No lo permitió ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial, pese a que le había declarado la guerra a las potencias del Eje, los buques mexicanos eran torpedeados por submarinos alemanes y existían temores de un desembarco japonés en la entonces incomunicada y aislada península de la Baja California.
Durante todos los años del conflicto, aún en ese estado de beligerancia -que incluyó el envío del escuadrón 201 para participar en la guerra en el Pacífico- y a pesar de las presiones de Estados Unidos para establecer bases aéreas y navales en suelo mexicano, el presidente Manuel Ávila Camacho mantuvo en vigor las disposiciones de la Ley para Conservar la Neutralidad del País aprobada por el Congreso de la Unión el 5 de octubre de 1939 por iniciativa del entonces primer mandatario Lázaro Cárdenas, la cual establece en sus cuatro artículos que:
"No serán admitidos ni podrán permanecer en puertos, fondeaderos o aguas territoriales mexicanos, los submarinos de potencias beligerantes equipados para usos de guerra".
"No será admitido ni podrá permanecer en puertos, fondeaderos o aguas territoriales mexicanos, ningún barco destinado o armado para guerra de corso".
"No será admitido sobre territorio mexicano, ni podrá permanecer en el mismo o sobre las aguas territoriales, ningún aeroplano o nave aérea militares de país beligerante".
"No se permitirá que los aeroplanos que se encuentren a bordo de los barcos beligerantes, se separen de los mismos mientras dichos barcos permanezcan en puertos, fondeaderos o aguas territoriales mexicanos".
Pues bien, ahora resulta que muy a la calladita, el PAN, con el apoyo de algunos diputados priístas y la oposición del PRD, dio un albazo la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados para tratar de derogar la ley de neutralidad, so pretexto de que las causas que le dieron origen quedaron de lado cuando México participó militarmente en la Segunda Guerra Mundial y contraviene lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas y los tratados internacionales firmados por México.
Esto último es falso. No hay nada en la Carta de la ONU ni en los tratados suscritos por nuestro país que lo obligue a aceptar bases militares extranjeras en su territorio. Así lo precisó en 2005 la propia Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados en la anterior legislatura, cuando también hubo un intento por abrogar la ley. Al rechazar la minuta enviada por el Senado, la comisión dictaminó que todos los tratados internacionales firmados por México tienen una congruencia jurídica vigente con la Ley de Neutralidad.
Consideró también en ese entonces la comisión que "México mantiene su tradición de no intervención en su política exterior... (y) es necesario continuar con esa postura por los constantes escenarios de guerras no declaradas, donde la comunidad internacional se ha visto involucrada, por lo que es conveniente que la Ley de neutralidad del país siga vigente, adecuando la terminología utilizada en 1939 a los avances tecnológicos actuales". Se propuso, por ejemplo, mencionar portaviones además de submarinos, así como adicionar a la ley dos artículos que la complementen. Uno, en el sentido de que "sólo en caso de ataques al territorio nacional, México responderá de manera inmediata a las provocaciones que se presenten, disponiendo de los recursos con que cuentan las Fuerzas Armadas" y otro que responsabiliza a las Secretarías de Defensa Nacional, Marina, Relaciones Exteriores, Gobernación y Seguridad Pública, de "coadyuvar al estricto y puntual cumplimiento de esta ley y los ordenamientos que de ella deriven".
Resulta obligado preguntarse qué esconde esta oscura maniobra del PAN, porqué de pronto quiere que se autorice la permanencia de aviones y buques de guerra extranjeros en suelo nacional y si ello obedece a compromisos secretos de Calderón con Bush.
Abrogar la ley de neutralidad significaría abrir la puerta al establecimiento de bases militares norteamericanas e involucrar a México en conflictos que le son ajenos. No hay una sola razón para cancelarla. Gracias a la visión patriótica de Cárdenas, esa ley ha contribuido por casi 70 años a proteger nuestra soberanía. Lo que debe hacerse es -como se propuso en la anterior legislatura- actualizarla y reforzarla, pero de ninguna manera derogarla. De lo menos que puede calificarse a quienes pugnan por ello es de entreguistas y antipatriotas.

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