El hundimiento de la ley Televisa

José Agustín Ortiz Pinchetti

La Suprema Corte declaró inconstitucionales ocho artículos clave de la ley Televisa (reformas a las leyes federales de Radio y Televisión y Telecomunicaciones). Esta decisión no tiene precedentes: implica una crítica muy severa a los poderes Ejecutivo y Legislativo que la aprobaron. Evidencia del descuido perverso, gran ineptitud, extrema debilidad del poder formal frente a los poderes fácticos. La ley Televisa (¡qué buen nombre mediático!) era una aberración jurídica y política.

Los 47 senadores que patrocinaron la impugnación, y en particular sus líderes, hacen bien en brindar por el triunfo. Habría que reconocérselo a los ministros reformistas de la Corte. Cuestión interesante: ¿Cabildeó Calderón el proyecto? ¿De qué lado? ¿Perdió? ¿Qué precio pagará? Calderón sin los apoyos televisivos sería igual a cero.

Repercusiones: para empezar, el reconocimiento descarnado de las presiones que hicieron los líderes de senadores, diputados y el propio gobierno de Fox para obligar a aceptar la consagración de los privilegios de un oligopolio muy peligroso para la estabilidad del Estado. Casi 90 por ciento del mercado de la industria de la radio y la televisión está en manos de un puñado de oligarcas.

La ley Televisa está inutilizada; tendrá que venir una nueva. Ahora los reflectores estarán sobre Calderón y los legisladores. El grupo oligárquico vive en el paraíso, con ventajas financieras, económicas y fiscales. ¿Para qué más? Los caracteriza la falta de sensibilidad política y de ideología. Lo único que les importa son sus intereses financieros.

Nueva ley, sí; ¿avanzada? ¡No nos hagamos ilusiones! No mientras haya una mayoría conservadora (PRI y PAN, PAN y PRI). Perfil de lo deseable: sujetar a los "medios electrónicos masivos de comunicación" al interés general. Aceptar que corresponde al Estado el dominio directo del espacio territorial y de todo lo que en él transcurra, en particular las ondas electromagnéticas. Los particulares pueden recibir concesiones, pero tienen que pagar los derechos a tasa internacional y cumplir sus obligaciones. Debe eliminarse la discrecionalidad gubernamental.

No basta con asegurar la libre competencia y el pluralismo en materia de convergencia tecnológica y en contenidos. Debe prohibirse que los grupos de interés, que controlan los medios, puedan intervenir ilegalmente en la política. Intervinieron en forma abierta, brutal y contraria a la ley en las más recientes elecciones presidenciales, y se proponen hacerlo en los próximos comicios, de modo de anular la posibilidad de la alternancia y, con ello, de una reforma verdadera. La Suprema Corte corrigió un abuso mayúsculo. Pero la batalla en favor de una economía moderna, sin los monopolios y oligopolios que ahogan la vida económica y política del país, apenas ha empezado.