Editorial
Está más que comprobada la complicidad de gran parte de los estados miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y de los países de la Unión Europea (UE) en la captura y traslado secretos de sospechosos de terrorismo -en el contexto de la guerra global impulsada por Estados Unidos-, algo que está sancionado por diversos documentos internacionales sobre conflictos armados y derechos humanos, crímenes que hasta ahora están impunes.
El segundo informe sobre el caso presentado por Dick Marty, investigador especial del Consejo de Europa (CE), acusó de corresponsabilidad en tales hechos a Alemania, Gran Bretaña, Italia, Polonia, Rumania, Bosnia-Herzegovina, Canadá y la OTAN. "Los vuelos de la CIA" comenzaron a ser de conocimiento público en 2004, por revelaciones de la prensa estadunidense y europea. Su principal objetivo fue llevar a los "combatientes enemigos" de EU de cárceles clandestinas de la CIA en Rumania, Polonia y Afganistán a la base de Guantánamo, con escala en aeropuertos europeos, señaló el informe.
De acuerdo con diversos informes, el Parlamento Europeo indicó en 2006 que entre 2001 y 2005 hubo alrededor de mil 200 viajes.
El senador suizo y relator del CE agregó que se desarrollaron colaboraciones tanto "públicas" como "secretas" entre EU y sus aliados de la OTAN sobre la base de un acuerdo firmado el 4 de octubre de 2001. Ese acuerdo sirvió de base para pactos bilaterales, también secretos. Con esto dejó las manos libres a las fuerzas castrenses estadunidenses -y sus aliados- para cometer todo tipo de tropelías, a contracorriente del derecho internacional. Por ejemplo, los servicios secretos rumanos crearon una zona de seguridad en el sureste del país, para facilitar el interrogatorio de prisioneros y su posterior traslado.
Si bien funcionarios de algunos gobiernos implicados -Alemania, Polonia y Rumania- rechazaron las acusaciones vertidas en el informe, el portavoz del Departamento de Estado, Tom Casey, confirmó que los "socios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte" y la Unión Europea apoyaron las actividades contra el terrorismo. En el colmo del cinismo, Casey expresó su confianza de que esos países mantendrán esa colaboración.
Sólo Canadá y Bosnia-Herzegovina "reconocieron completamente sus responsabilidades en relación con la ilegal transferencia de detenidos", aseguró el legislador suizo, lo que habla del cinismo con el que ha sido tratado este asunto en las naciones señaladas, la mayoría de ellas supuestamente defensoras de los valores democráticos.
Ante las evidencias presentadas en el informe de Marty, el Consejo de Europa dictaminó que la investigación amerita la apertura de un expediente sobre el asunto. El tema será discutido el 27 de junio, en una sesión plenaria del CE y el Parlamento Europeo.
Si bien es un paso, queda en el aire la pregunta de quién juzgará estos hechos, crímenes graves que deberían preocupar a la comunidad internacional. Más aún, esos casos deberían impulsarlos para levantar un estado de derecho internacional que sea respetado por todos.
Sólo la presión internacional, e interna, podría obligar a Washington a respetar la soberanía ajena. No hay que olvidar que la Casa Blanca ha obstaculizado una y otra vez el establecimiento de la Corte Penal Internacional, para evitar precisamente que sus agentes y soldados sean enjuiciados.
En Milán 26 agentes de la CIA comenzaron a ser juzgados "en ausencia", acusados de haber secuestrado al imán egipcio Abu Omar, el 17 de febrero de 2003, época en que los vuelos de esa agencia estaban en auge. Se trata de un gesto valioso, pero se requieren medidas más efectivas -que incluyan al conjunto de las naciones- para evitar que esos delitos queden impunes e impedir que EU haga lo que quiera. Lamentablemente, esto último parece que es lo que va a suceder.
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