Luis Javier Garrido
El gobierno de facto de Felipe Calderón está aceptando en los hechos el fracaso que ha tenido durante seis meses en materia de seguridad y de empleo, y en diversos sectores de la derecha mexicana la preocupación es cada vez mayor por el destino del gobierno espurio que contra la razón y el derecho ayudaron a enquistarse y que hoy se halla a la deriva.
1. La coalición de extremistas de derecha que de manera ilegítima está tratando de gobernar México a través de Felipe Calderón busca ir más allá de las directrices del Banco Mundial y el FMI de desmantelar los estados nacionales por la vía de terminar con toda posible intervención de éstos en la economía y, en abierta desesperación, está buscando no sólo destruir las instituciones sociales creadas por la Constitución de 1917, y someterse al gobierno de George W. Bush en su demanda de controlar de manera cada vez más directa fronteras, aeropuertos y aduanas, espacio aéreo y mar territorial, sino que pretende ahora entregarle a Washington el control de los aparatos de seguridad del Estado mexicano para desresponsabilizarse del que ha sido uno de sus mayores fracasos.
2. La gran distinción entre los gobiernos panistas del siglo XXI y los conservadores del XIX está siendo por consiguiente el mayor entreguismo de los gobernantes de ahora, que superan con mucho el de sus antecesores ideológicos, pues no creen ya en la viabilidad de una nación independiente.
3. El escándalo internacional generado por el fracaso de la intervención anticonstitucional del Ejército en la imaginaria lucha de Calderón contra el narco, marcada por la transgresión de los órdenes constitucionales municipal y estatal y la violación masiva de derechos individuales, hechos de los cuales las matanzas perpetradas en Michoacán y en Sinaloa no han sido los más graves, ha dado lugar a un apanicamiento de Calderón y de su grupo, quienes sin dignidad miran cada vez más hacia la Casa Blanca solicitando auxilio.
4. Los ruegos de varios meses del embajador calderonista en Washington, Arturo Sarukhán, para obtener ayuda en materia de seguridad, y la petición de Felipe Calderón a Estados Unidos de aplicar en México un símil del plan Colombia (8 de junio), desmentida de manera poco convincente un día después, no sólo significan el entreguismo más absoluto hacia Washington que se haya dado en la historia mexicana, sino una abdicación completa del gobierno de facto de la extrema derecha de sus supuestas responsabilidades.
5. No extraña, por lo mismo, que la prensa mexicana, sometida en su mayoría a los intereses de la extrema derecha en Los Pinos, haya estado dando la mayor publicidad a las exigencias que vienen de Estados Unidos, como lo hace ahora con las declaraciones apocalípticas de Alan Greenspan (ex presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos), quien pretende que México irá a un colapso en caso de no modificar su Constitución y entregar a las trasnacionales el petróleo en el Golfo de México: algo que anhelan Calderón y sus amigos por motivos ideológicos e intereses económicos personales, pero también por su desesperación por obtener recursos.
6. El desastre político de Calderón, no puede olvidarse, se está dando al mismo tiempo que se manifiesta en México el mayor descontento social de muchas décadas, mismo que evidencian las movilizaciones de los sindicatos, de la CNTE, de la APPO y de muchas fuerzas sociales; de ahí la desesperación oficial por mostrar que México es un país "de instituciones", cuando resulta evidente que vivimos en una abierta simulación.
7. La publicación de una nota en La Jornada el día 12 informando que el fallo de la Suprema Corte declarando inconstitucionales varios artículos de la ley Televisa no se discutió sino hasta haber sido aprobado por Calderón no sorprendió a nadie, pues no hizo más que corroborar lo que se conoce desde hace años en los medios judiciales: que en México no existe un Poder Judicial autónomo y que, salvo dos o tres excepciones, los integrantes de la más alta instancia jurisdiccional del país carecen de relevancia jurídica y de la mínima dignidad, por lo que en todos sus fallos, y sobre todo en los que entrañan una importancia política, no les importa subordinarse por completo al gobierno.
8. Nadie en los medios judiciales puede suponer que tengan independencia alguna individuos como el oscuro abogado jalisciense Salvador Aguirre Anguiano (militante panista y de El Yunque), el salinista José Fernando Franco (ex subsecretario de Gobernación y del Trabajo y ex presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuya hermana es miembro del equipo de Calderón), o el desvergonzado Mariano Azuela (confeso de haber asesorado a Vicente Fox en sus trapacerías para orquestar el fraude electoral de 2006).
9. La reacción desorbitada del gobierno calderonista ante la nota no hizo, por lo tanto, más que corroborar el hecho de que en México existe una grave crisis institucional que muchos no quieren ver, cuando en los hechos no hay más que una absoluta descomposición del poder y una simulación en todos los órdenes. De ahí la desesperación de Los Pinos por mostrar que en México el Poder Judicial es autónomo.
10. En el escenario político excepcional por el que está atravesando el país, la ultraderecha en el poder trata de refugiarse en un discurso sobre "las instituciones", pero lo único que está logrando es ahondar la brecha existente entre su México imaginario y el México real que lucha día a día, entre el pueblo y ese gobierno de facto que no es su gobierno.
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