Sanciones que no llegarán

Carlos Fernández-Vega

Parece tomar curso el veredicto, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación comienza a quitar las inconstitucionales "comas" que diputados (por unanimidad, perredistas incluidos) y senadores (por mayoría de dos a uno) se negaron a borrar de la llamada ley Televisa por ellos aprobada, en uno de los capítulos más vergonzosos y fétidos de la historia reciente del Congreso.

Solícitos, diputados (primero de diciembre de 2005) y senadores (30 de marzo de 2006) aprobaron "reformas" a la Ley Federal de Radio y Televisión, que no fueron más que un traje a la medida de los intereses políticos, financieros y empresariales del duopolio televisivo. Para que la prenda quedara perfecta los legisladores no alteraron una sola coma del texto confeccionado por el "equipo" de la fábrica de sueños (Azcárraga dixit). Lo propio hizo Vicente Fox a la hora de publicar la "reformada" legislación en el Diario Oficial de la Federación: ni una coma atrás.

Por aquellos ayeres, diputados y senadores consumaron el despojo a los mexicanos. Con sus "reformas" regalaron la mayor parte del espectro radioeléctrico al duopolio conformado por Televisa y Tv Azteca, y marginaron de las telecomunicaciones y de la conversión digital al resto de la sociedad. El vergonzoso episodio oficialmente comenzó en el Palacio de San Lázaro -en el que las bancadas perredista y petista desempeñaron un papel particularmente deleznable, habida cuenta de que votaron en sentido contrario al del discurso de sus respectivos partidos- y supuestamente culminó en la casona de Xicoténcatl, en una sesión no menos deprimente, en la que senadores de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional impusieron, sin argumentos, la fuerza de su mayoría, en contra de los intereses nacionales.

Poco más de un año después, y sólo gracias a la acción de inconstitucionalidad promovida por 47 senadores (que de siempre se manifestaron en contra de la aberración cometida por la LIX Legislatura y -no podía faltar- por el en ese entonces inquilino de Los Pinos) parece que para la nación no todo está perdido, ni todo ganado por los barones de la televisión.

Por marzo de 2006, uno de los más decididos impulsores de la ley Televisa afirmaba que, tras las "reformas" aprobadas por el Congreso, la cesión de soberanía en materia de telecomunicaciones "sólo existe en la imaginación de quienes las cuestionan", mientras otro senador aseguraba que quienes confeccionaron el traje a la medida "no son bribones ni filibusteros".

Pues resulta que no sólo en la imaginación de los legisladores, sino en la interpretación y la acción de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, quienes al demostrar la inconstitucionalidad de buena parte de la ley Televisa dejan en claro el tipo de bribones y filibusteros que actúan en contra de la nación, sirven a los intereses del duopolio televisivo y se prestan para confeccionar trajes a la medida en contra de los intereses nacionales.

Lamentablemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede sancionar el vergonzoso y fétido accionar de los legisladores, sus partidos y el ex inquilino de Los Pinos responsables de ese fraude a la nación que estuvo a punto de cuajar y que por nombre lleva ley Televisa.

Tampoco puede llamar a cuentas a los ex candidatos a puestos de elección popular (presidenciales en primera línea), quienes en su momento, mediante el silencio cómplice o la lisonja para obtener propaganda electoral gratuita, palomearon el atraco, en una actitud inmoral y en contra de los votantes. Menos, el uso de las concesiones del Estado para que los barones de la televisión discrecionalmente orquesten campañas de desprestigio y destrocen a todo aquel que ose manifestarse en contra de sus intereses. Cierto: no puede, pero la sociedad sí, y ella debe aprender a ejercer su derecho y poner un hasta aquí a la vergonzosa y fétida actitud de buena parte de la clase política.

Con la unánime decisión de ayer, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no sólo cancelan, o cuando menos condicionan, uno de los negocios más jugosos para los desmedidos cuan privilegiados barones de la televisión, pero más onerosos para el país, sino que se avanza un paso para resquebrajar la estructura monopólica que domina y carcome el escenario mexicano. Pero sólo uno.

¿Qué sigue? Obligadamente, renovar la legislación en materia de radio y televisión, pero que promueva pluralidad, creatividad, apertura y libertad de expresión (ida y vuelta), y evite privilegios, concentraciones, monopolios, excesos, componendas, acuerdos en lo oscurito, bribones y filibusteros; que retire a la televisión de las decisiones electorales y cancele el grotesco intercambio de favores con el poder público, al tiempo que permita retomar la soberanía en éste, uno de los renglones más importantes del México moderno. Legisladores y partidos políticos no pueden ser tan cínicos como para repetir el numerito. Total, faltan dos años para las elecciones intermedias, y si la sociedad aprende a ejercer sus derechos, se las cobrará muy caro.

Las rebanadas del pastel

Por cierto, dos de los sastres de la ley Televisa encabezan sus respectivas bancadas en San Lázaro (Emilio Gamboa y Héctor Larios); uno más (Héctor Osuna) preside la Cofetel; algunos otros aparecen como "comentaristas independientes" en la fábrica de sueños y/o en el canal de los abonos chiquitos, etcétera, etcétera. Son felices y nunca pagan la factura. ¿Qué, no sería posible declararlos anticonstitucionales?