Antonio Gershenson
La ofensiva federal contra el Gobierno del Distrito Federal tiene un amplio frente en lo económico. La Secretaría de Hacienda no ha autorizado la restructuración de la deuda del GDF, que le implicaría un ahorro de mil 500 millones de pesos. La economía de la capital es saludable, lo sería más con la restructuración y no hay ningún argumento para no conceder la autorización, facultad federal que es uno de los elementos que niega la autonomía que tienen los estados y debería ya tener el DF.
Vienen los desastres, como el de la grieta que se abrió en Iztapalapa, pero también problemas causados por las fuertes lluvias, y riesgos por delante. Luego de voltear para otro lado unos días, la Secretaría de Gobernación se quiere presentar como generosa autorizando poco más de 16 millones de pesos para prevenir desastres en esta misma entidad. El gobierno capitalino aclara que se requieren 10 mil millones de pesos. Este ejemplo no es el único, pero sí muestra la actitud y los objetivos de las autoridades federales.
Hay otras cantidades, muy importantes, que el gobierno federal debe no sólo a la capital, sino a los estados en general: su participación legal en los ingresos extraordinarios por el alto precio del petróleo mexicano de exportación. Este asunto debería ser abordado de inmediato por la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).
En los mercados internacionales, los crudos de referencia no dejan de subir de precio. Desde 54 dólares por barril en enero, el precio promedio de los crudos Brent, inglés, y WTI, de Texas, aumentó a casi 70 dólares en junio. En lo que va de julio, ese mismo promedio ya rebasa los 75 dólares.
Los precios de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación han pasado de 44 dólares por barril en enero, a casi 60 en junio. En los últimos días ese precio ha rebasado los 65 dólares. Ya en el segundo trimestre, esto representa una buena cantidad de recursos para las entidades federativas. Para el tercero, todo apunta a una cifra mayor.
En otros momentos, la Conago ha presentado un frente único para obtener lo que corresponde a cada entidad en cuanto a excedentes petroleros. En las próximas semanas, veremos cómo se desarrollan las cosas.
Hay que señalar que el Distrito Federal paga aproximadamente la mitad de sus gastos con ingresos propios, lo cual no sucede en los estados. Sin embargo, de la otra mitad el gobierno federal está buscando de dónde le corta para afectarlo políticamente.
Parece claro que no lo ha logrado. De una o de otra manera, se mantienen inversiones y gasto social. Pero hay que tener la atención puesta en este frente de batalla, pues la opinión pública es uno de los elementos que frenan o contrarrestan estos intentos.
En cuanto a los ingresos federales, las dificultades de la llamada reforma fiscal van en aumento. Los sectores que se le oponen, también. Es difícil que, con el PAN aislado en las cámaras en éste y otros puntos, puedan lograr ese nuevo desplume a la población.
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