En Oaxaca, el gobierno federal actúa como se hacía en la guerra sucia: ONG

Recae en el Presidente la responsabilidad de garantizar los derechos humanos, dicen
Cambian las administraciones pero no las prácticas, señalan las organizaciones

EMIR OLIVARES ALONSO

Oaxaca no está en paz como asegura el gobierno estatal, el cual sólo se dedica a dilapidar recursos del erario en publicidad para dar esa imagen; el conflicto social "sigue vigente por la incapacidad" del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, quien evade atender los verdaderos problemas de la sociedad oaxaqueña, coincidieron diversas organizaciones de derechos humanos.

La Red Oaxaqueña de Derechos Humanos (RODH), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), entre otros organismos, condenaron el uso excesivo de la fuerza en que incurrieron los policías estatales el pasado lunes, pues "actuaron con brutalidad generando un ambiente de tensión e inestabilidad social".

Agregaron que esta represión "es la puesta en marcha de un escenario de hostilidad y confrontación impulsado por el gobierno estatal y respaldado por el federal, con el propósito de reprimir a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y a los maestros de la sección 22 del SNTE".

Adrián Ramírez, presidente de la Limeddh, manifestó que el gobierno de Ulises Ruiz demostró que la tortura "se convirtió en una práctica pública", pues se comprobó la manera como fueron aprehendidos y "torturados" los integrantes de la APPO, con omisión por parte de Felipe Calderón y su gabinete de seguridad: "La responsabilidad y obligación de garantizar el cumplimiento a los derechos humanos es del Ejecutivo federal".

En tanto, el Espacio de Organizaciones Civiles de Oaxaca refirió que "es evidente que los gobiernos federal y estatal han venido implantando un clima propicio para justificar la represión contra el pueblo oaxaqueño. Por ello, observamos con preocupación que se sigan violentando las garantías fundamentales en la entidad, que se ejerza la tortura y que se hayan reactivado las órdenes de aprehensión en contra de dirigentes y simpatizantes del movimiento popular oaxaqueño".

Oaxaca no está en paz

La RODH y el Centro Prodh subrayaron que "Oaxaca no está en paz" y que tras los hechos suscitados el pasado lunes -en los que se detuvo a más de 50 personas, hubo decenas de heridos y un hombre se encuentra en estado crítico debido a la golpiza que le propinaron los policías- "es inminente el incremento de la fuerza pública municipal, estatal y federal en Oaxaca durante los próximos días", por lo que la tensión en la entidad irá en aumento y se corre el riesgo de que se presenten más violaciones a las garantías fundamentales.

La CMDPDH recordó que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual el Estado mexicano está obligado a cumplir, establece que el uso de la fuerza pública no debe presentarse de forma indiscriminada: "por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que un Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o la moral. Ninguna actividad de Estado puede fundarse sobre el desprecio de la dignidad humana", enmarca la Corte.

Asimismo, la ONG advirtió que otro elemento preocupante es la denuncia de desapariciones forzadas tras la refriega del pasado lunes, lo cual no puede presentarse en un régimen que se denomina democrático. "La CMDPDH manifiesta su profunda preocupación por la denuncia de 20 desapariciones forzadas y que muchos de los detenidos presenten golpes y lesiones que no tenían al momento de la aprehensión, en lo que se presume podría constituir tortura". Agregó que con estas denuncias, el gobierno federal panista actúa como se hacía en el periodo de la guerra sucia, por lo que "cambian los gobiernos, pero no las prácticas".

Por ello, las organizaciones no gubernamentales demandaron investigar y castigar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos suscitadas el pasado lunes, garantizar la integridad física, sicológica y el derecho al debido proceso a los detenidos, que se presente a los desaparecidos, que se brinden garantías para las protestas públicas y recomendaron a la APPO no caer en provocaciones.

Además, manifestaron que el uso de la fuerza pública no resolverá el conflicto, sino el diálogo con los inconformes; responsabilizaron al gobierno estatal de la violencia del lunes pasado y de los resultados que a la integridad física de los agredidos dejen las golpizas.

Exigieron al gobierno federal "atención inmediata" al conflicto social, debido a que no se trata de un problema regional sino de escala nacional; así como la salida del Ejército del cerro del Fortín y del estado.

Asimismo, urgieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación investigar las violaciones a las garantías individuales en las que han incurrido los funcionarios públicos en todo el conflicto -a más de un año-, y que la primera emita de inmediato las recomendaciones correspondientes y la segunda dé celeridad a las investigaciones que realiza al respecto.