México, tercer sitio en AL en agresiones a defensores de derechos humanos

Los movimientos de protesta social, víctimas de uso de la fuerza "cada vez más desproporcionado"

VICTOR BALLINAS

Durante 2006 en México se registraron 41 agresiones contra defensores de derechos humanos: tres asesinatos, 14 amenazas de muerte, dos casos de tortura, tres agresiones físicas o ataques, una tentativa de homicidio, cinco detenciones arbitrarias y 15 actos de hostigamiento, denuncian la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), en el informe 2006 del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, difundido ayer simultáneamente en Ginebra, México y París.

En América Latina los movimientos de protesta social, que alcanzaron dimensiones sin precedente durante los últimos años, fueron objeto de represiones y víctimas del uso de la fuerza "cada vez más desproporcionado", como lo ilustran los trágicos hechos de Oaxaca, en México.

La situación que viven los defensores de derechos humanos en 90 países se expone en este informe que consta de 694 páginas, en las que se describe el drama que padecieron mil 311 defensores el año pasado. En ese largo listado de países en los que se documentan vejaciones, asesinatos, detenciones y desapariciones forzadas México ocupa el tercer lugar entre los países de América Latina con mayor número de agresiones a defensores, después de Colombia y Guatemala.

Dicho informe fue editado en el contexto del programa conjunto del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), conjuntamente con la OMCT y la FIDH, y da cuenta, además, de la represión a movimientos sociales, con el claro objetivo de crear un clima de temor para desalentarlos.

En el capítulo dedicado a México, en dicho informe se destaca que el año pasado los defensores continuaron siendo víctimas de múltiples actos de intimidación, asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura, ataques y amenazas de muerte, actos de hostigamiento y de vigilancia y campañas de difamación.

México, como otros países de la región, "ha instrumentado cada vez más el sistema jurídico con el fin de sancionar la actividad de los defensores, quienes son objeto de acciones judiciales, arrestos, detenciones ilegales, pruebas prefabricadas; en consecuencia, crean con ello un clima hostil a las actividades de defensa de los derechos humanos".

Aunado a ello, en casi todos los casos la impunidad sigue siendo la regla general en materia de persecución de los autores de violaciones cometidas contra los defensores de derechos humanos. Además, las medidas de protección otorgadas por ciertos gobiernos resultaron casi siempre superficiales, constituyendo una coartada que impidió examinar las verdaderas causas de las agresiones.

Se refiere en el informe referido que a pesar de que en el país, el 8 de agosto del 2006, se anuló el artículo 214 del Código Penal que criminalizaba el acto de difamación, "los defensores continuaron siendo claro objeto de declaraciones difamatorias", como la que el 10 de noviembre de 2006 hizo el delegado de la Procuraduría General de la República en Puebla, quien públicamente declaró, "sin dar nombres, que tres organizaciones -de defensa de los derechos humanos- en el estado tienen afinidad con la guerrilla", y también han sido divulgadas graves afirmaciones sobre supuestas amalgamas entre movimientos de derechos humanos y movimientos delincuenciales en el contexto de actos de protesta social, tales como los de Oaxaca.

Hace especial énfasis el informe en que en "México, los movimientos sociales, que se multiplicaron a través del país, causaron tensiones en el Ejecutivo. El ejemplo más destacado sigue siendo el conflicto social que marcó al estado de Oaxaca, y en particular a su capital, a partir del 3 y 4 de mayo de 2006, el cual se incrementó luego de la represión del 14 de junio de ese año, al parecer avalada por el gobernador, Ulises Ruiz, contra la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Se añade en el documento que esa sección sindical que aglutinaba a casi 40 mil trabajadores en huelga, junto con simpatizantes dde la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), "solicitaban una mejora de las condiciones de trabajo, y extendieron sus reivindicaciones para exigir la renuncia del gobernador, en vista de la violenta represión. Numerhttp://www.blogger.com/img/gl.link.gifosos participantes en las manifestaciones de la ciudad de Oaxaca fueron víctimas de detenciones arbitrarias, amenazas, violencia y actos de intimidación".

Como ejemplo de esa violencia, refiere el informe, "el 25 de noviembre de 2006 los manifestantes fueron violentamente agredidos por la policía y por grupos armados, provocando la muerte de cinco personas y decenas de arrestos. A finales del año pasado, de las numerosas personas detenidas entre el 25 y el 30 de noviembre, 33 seguían aún desaparecidas".

Así tratan a los abogados de derechos humanos:



http://video.google.com/videoplay?docid=1183853063376325466&hl=es

MALTRATADOS_POR_SER_​ABOGADOS.wmv
Frida
10 min 56 s - 27-jul-2007
fridaguerrrera.blogspot.com