25 años después

Carlos Fernández-Vega

De la banca del país, al país de la banca

Todo pasó, cambió de manos, para nada modificar

Del “no nos volverán a saquear” de José López Portillo, al saqueo institucionalizado avalado y legalizado por los cinco gobiernos posteriores, han transcurrido 25 años. Cinco lustros desde aquella expropiación de cierre sexenal ordenada por el “último Presidente de la Revolución Mexicana”, según su propia definición, a lo largo de los cuales todo pasó, todo cambió de manos, pero nada se modificó porque el país se mantiene sin un sistema bancario que funcione como tal y coadyuve al crecimiento y desarrollo nacionales.

Aquel primero de septiembre de 1982 López Portillo, en la tribuna de la Cámara de Diputados, anunció la expropiación bancaria y el control generalizado de cambios, en medio de acusaciones de “vende patrias”, “traidores” y “saqueadores” a quienes, hasta esa mañana, aparecían como dueños de las 60 instituciones bancarias incautadas. Veinticinco años que mañana se cumplen, con un balance sombrío, especialmente para los bolsillos de los mexicanos.

Retomo, pues, varios trabajos que sobre el particular y en dicho periodo han aparecido en La Jornada, para resumir, en lo posible, lo registrado en esos 25 años de saqueo: “todo llega y pasa, empieza y termina”, dijo José López Portillo aquel primero de septiembre de 1982. Y en poco menos de dos décadas, la frase devino en drástica realidad: la banca comercial en México pasó de la estatización a la reprivatización y de ahí, exprimida, destrozada, al “rescate” y “saneamiento” para su extranjerización.

Minutos después del anuncio hecho en ese sexto Informe de gobierno, la Asociación de Banqueros de México no sólo rechazaba, frenética, encolerizada, la decisión presidencial, sino que, tajante, advertía: “el tiempo nos dará la razón”. Nunca se la dio, pero sí las instituciones financieras. Y, voraces, insaciables, las exprimieron hasta reventarlas.

Los banqueros ofendidos sabían que el de López Portillo era un sexenio desesperado, agonizante. Sólo aguardaron unas cuantas semanas el arribo formal de quien cuidaría su negocio y comenzaría a limpiar su honor. Y, sí, llegó Miguel de la Madrid, la “renovación moral” bajo el brazo: primero (1983), les regresó un cúmulo de activos no bancarios (en especial las acciones de empresas comerciales ligadas a los bancos) y emitió los bonos de indemnización bancaria (Bibs), con los que los ex banqueros se recompusieron de inmediato; amén del impulso y protección de su recién avalada banca paralela (las casas de bolsa) y la creación del Ficorca, una especie de abuelo del Fobaproa para sus deudas en dólares, que, dicho sea de paso, dirigió Ernesto Zedillo. Tres años después les entregó el 34 por ciento del capital bancario, a través de los certificados de aportación patrimonial (CAPS), desatando la nueva fiebre especulativa de los barones del dinero.

Entre los activos no bancarios que los ofendidos de inmediato recuperaron destacaron gruesos paquetes accionarios de Seguros América Banamex, Peñoles, Liverpool, Aurrerá, Frisco, Hoteles Calinda, Camino Real, IEM, Condumex, Celanese Mexicana, Teléfonos de México, Sanborns, Palacio de Hierro, Kimberly Clark, Minera México, Química Flúor, Inmobiliaria Cancún Caribe, Alfa, Cydsa, Visa, Vitro y Seguros Monterrey, por citar sólo algunos de los más de 300 corporativos no financieros ligados a la banca privada al momento de la expropiación.

El 25 de agosto de 1983, Miguel de la Madrid dio el banderazo de salida a la indemnización bancaria. El primer pago –72 mil millones de pesos– se concretó para 11 bancos, que constituyeron “una muestra representativa del sistema bancario nacionalizado”. La segunda etapa se dio en julio de 1985, e incluía a Multibanco Comermex. El total erogado por el gobierno federal para “cubrir” a los ex propietarios de los 60 bancos estatizados ascendió a 95 mil millones de pesos. Tres días después, redujo el número de instituciones a 29, tras revocar 11 concesiones y fusionar 20. Al término de su sexenio, quedaron 18, las joyas de la corona.

Pero al gran pastel le faltaba la cereza, y Carlos Salinas de Gortari se las regaló: el 2 de mayo de 1990 anunció la reprivatización de la banca comercial y, entre 1991 y 1992, se deshizo de las 18 instituciones que la conformaban. Nada raro resultó que los 24 empresarios, casabolsistas y ex banqueros que formaron parte de la priísta comisión de financiamiento de la campaña presidencial de Salinas de Gortari aparecieran como dueños o codueños de la banca reprivatizada y de prácticamente todas las grandes empresas paraestatales enajenadas, o que recibieran expedita autorización gubernamental para operar un banco nuevo.

Ese día, Salinas envió al Congreso las iniciativas para reformar los artículos 28 y 123 constitucionales, en las que señalaba la “impostergable necesidad de concentrar la atención del Estado al cumplimiento de sus objetivos básicos: dar respuesta a las necesidades sociales de la población y elevar su bienestar (…), lo cual será posible evitando subsidios, privilegios y abusos”. Pedro Aspe aseguraba que la propiedad de la banca “no es un objetivo de la nación”, y prometía: las instituciones financieras “quedarán en manos de mexicanos” y se “democratizará el capital”.

Mañana continuamos.

Las rebanadas del pastel

La República puede estar tranquila: la solución para los grandes problemas nacionales pueden mantenerse en espera, porque lo único que importa a la clase política es el asunto del Informe y la “reforma” electoral a modo… El duende sigue bailando: en uno de los sumarios de la entrega de ayer (cuya autoría no es responsabilidad de México SA) se asegura que “ninguno de los 100 mil deportados en lo que va del año es invitado a tomar café en Los Pinos”. Obviamente es equivocado, porque en el texto de la columna claramente se especifica que suman 317 mil los deportados en el primer semestre de 2007.