Julio Hernández López
Los coordinadores de las tres principales fracciones de la Cámara de Diputados, Javier González Garza (PRD), Hector Larios (PAN) y Emilio Gamboa (PRI), felicitan a la perredista Ruth Zavaleta después de rendir protesta como presidenta de la mesa directiva, en la sesión de instalación del Congreso, ayer en San Lázaro Foto: José Carlo González
El zedillismo instauró la llamada “normalidad democrática”, que era una especie de pasmo concertado en que los participantes en procesos electorales y negociaciones políticas se asumían como veros e indiscutibles representantes del pueblo que periódicamente participaba en unos lindos juegos florales llamados “comicios”, que no eran sino un reparto más o menos ordenado del pastel presupuestal y político entre unos cuantos socios, que se daban patadas bajo la mesa pero hacia afuera se mostraban civilizados, modernos y bien entendidos. Consecuencia de esa “naturalidad” pactada fue la aceptación oficial de los triunfos electorales de opciones partidistas distintas a la hasta entonces hegemónica, específicamente en los casos de la primera mayoría no priísta en la Cámara de Diputados y los arribos del cuauhtemismo al Gobierno del Distrito Federal y del foxismo a Los Pinos. Una pieza central de legitimación de esa “normalidad democrática” fue el Instituto Federal Electoral.
Ayer, luego de un largo periodo de agitación y controversia, fue el primer día de la normalidad democrática calderonista. En San Lázaro se produjo una votación insólitamente obsequiosa para instalar a una diputada perredista del grupo Nueva Izquierda como presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados: 430 votos a favor, ni uno en contra y seis abstenciones. No sólo eso: los diputados cumplieron el compromiso de que cada año presidirá esa directiva un representante de cada uno de los tres partidos mayoritarios y se eludió la tentación de fingir controversias internas que hubiesen transferido la toma de posesión de la perredista a días después de aquella en la que debe rendirse el controvertido Informe presidencial.
En el flanco felipista se vivió lo que ya constituye su normalidad: indecisión y tropiezos adjudicables a la falta de oficio y a las crónicas reyertas en el interior del partido presuntamente en el poder. El licenciado Calderón fue pillado pintando de partidismo una clonación de Informe presidencial en el Auditorio Nacional, porque el comité nacional blanquiazul había comenzado a repartir invitaciones por Internet que confesaban partidismo en lo que se pretendía disfrazar de acto oficial, ciudadano, plural. Desde Los Pinos, según eso, se dio la orden terminante de cambiar de fachada inmobiliaria, trasladando todo el equipo preparatorio de los actos presidenciales a Palacio Nacional (Estado Mayor, equipo de transmisión televisiva, entre otros, que ya estaban en el citado auditorio, lo que confirma que originalmente el michoacano sí quería tal escenario y cariz), donde el domingo el constitucional F.C. dará al fin su gitano y mal tratado mensaje político. Normalizadamente zedillista, el ocupante de la silla presidencial parecería transitar sin gran escándalo el árido territorio de la inseguridad respecto al lugar y la forma como este sábado habrá de continuar la tradición postal inaugurada en 2006 por Vicente Fox.
Los esfuerzos de corrección política que hoy se viven tienen como propósito establecer una “normalidad democrática” que permita al felipismo sobrellevar el resto del sexenio sin grandes peligros. Con tal de aparentar orden político, el licenciado F.C. ha sido capaz de sacrificar piezas que le habían sido útiles, como los consejeros electorales del fraude y en especial el ya estigmatizado Luis Carlos Ugalde (un muerto político insepulto), a cambio de que los perredistas le permitan llegar a la tribuna de San Lázaro (o al recinto de plenos, o a un salón protocolario), y de que los priístas le aprueben su idealizada miscelánea fiscal.
En ese escenario remodelado destacan los avances y la consolidación de dos fuerzas: la de Manlio Fabio Beltrones, que con la bandera de la reforma del Estado ha establecido una interlocución eficaz con grupos partidistas confrontados (todo con la mira puesta en ser el próximo candidato presidencial de un PRI “restaurado”), y la Nueva Izquierda que, de darse la transformación electoral beltronista, convertiría al PRD en una oposición “leal”, manipulable y presta para convalidaciones, que iría consiguiendo “progresivos” logros retóricos de izquierda al estilo del lombardismo (el Partido Popular Socialista) o de partidos como fueron el Socialista de los Trabajadores y el del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, dirigidos éstos por aquel personaje de turbia memoria chanchullera Rafael Aguilar Talamantes, ahora triunfante como guía moral en nombre de la Nueva Izquierda.
Tan exquisitos bocetos estarán, sin embargo, sujetos a que en las próximas horas no se desanuden los acuerdos tendientes a establecer la versión calderonista de la normalidad democrática zedillista. De la aceptación colectiva de que todo marcha sobre ruedas convenidas dependerá que se pase de una ceremonia informativa sobredimensionada a las “reformas” fiscal, electoral y energética. La clave para este pacto de elite política estriba en que haya algo para todos, en proporciones más o menos justas (es decir, una versión elegante de la cruda recomendación de que se bañen, pero salpiquen), y que los grupos usufructuarios de la presunta representación popular avalen e impulsen los acuerdos y repartos que permitan la supervivencia del régimen político vigente, electorero y oportunista pero, sobre todo, alejado crecientemente de los verdaderos intereses populares.
Y, mientras la violencia política sube de tono en Veracruz (Fidel cree que puede ganar los comicios apareciendo incesantemente en anuncios televisivos en canales nacionales), y mientras asoma en la Torre Mayor de la ciudad de México la amenaza del terrorismo urbano (de orígenes oscuros, acaso provenientes de sótanos de poderes actuales o pasados), ¡feliz fin de semana, con el Consejo de la Judicatura Federal que ha aprobado la “mordida” de casi 70 millones de dólares con que el calderonismo pretende convertir al Poder Judicial de la Federación en juez y parte en el litigio por el decomiso del dinero de Zhenli Ye Gon en Las Lomas!
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