España ha vuelto a la esclavitud

Mil empresas trafican con obreros
Público

Salvador era ecuatoriano, tenía 32 años y murió en su primer día de trabajo en España aplastado por un tabique. Aunque nunca había estado en la construcción estaba reformando una casa en Arganda del Rey (Madrid).

Cuando llegaron los inspectores a la obra, el responsable ni siquiera sabía cómo se llamaba el obrero. El fallecido había hablado el día anterior con un hombre en un bar y a cambio de parte de su sueldo, le consiguió el puesto donde murió.

Sólo en la Comunidad de Madrid hay un millar de empresas que captan en la calle a obreros sin papeles, a cambio de una comisión, para trabajar en la construcción.

El fenómeno también se repite, aunque a menor escala, en Terrassa, cerca de Barcelona, y en el barrio sevillano de la Macarena. Son estimaciones de CCOO. Su secretario de la Federación madrileña de Construcción, Gerardo de Gracia, no duda en calificar a estas empresas de "traficantes de esclavos".

A las siete de la mañana un centenar de obreros, latinoamericanos y subsaharianos, esperan en la glorieta de Carlos V (frente a la estación de Atocha). Durante tres horas desfilarán por este punto capataces para intentar contratar directamente a parte de los inmigrantes sin papeles. Pero tienen competencia: los traficantes de esclavos.

Aparecen intermitentemente. Llegan en todoterrenos, utilitarios y furgonetas e intentan cerrar un trato con los trabajadores. Se juntan más de 20 vehículos. La negociación es rápida: llegan, hablan con tres o cuatro candidatos que no ponen objeciones a las condiciones, y en cinco minutos todos se marchan en una furgoneta. Los destinos: El Escorial, el corredor del Henares y Seseña (Toledo).

Porcentaje del sueldo

Los traficantes de esclavos se ofrecen a los promotores para conseguirles mano de obra barata. Al trabajador le sale caro porque el intermediario suele quedarse con la mitad del sueldo como comisión: el empresario pagará unos seis euros por hora, pero el trabajador sólo verá tres.

El sindicato calcula que entre 20.000 y 25.000 inmigrantes trabajan en la Comunidad de Madrid de forma ilegal y que unas 15.000 empresas, no sólo de la construcción, contratan inmigrantes sin papeles.

"Estos obreros, muchos sin permiso de trabajo, están a merced de las mafias, porque las redes saben de su de-sesperación y es lo que hay que evitar", afirma el responsable de la federación de construcción.

Si es el capataz de la obra o un subcontratista el que habla directamente con el obrero, éste recibe su sueldo cada día. Si negocia con el traficante, el trabajador no sabe si llegará a ver un duro.

"Es una situación de completa esclavitud, es un delito que hay que perseguir", reclama De Gracia.

Para afrontar el problema, la delegada del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Soledad Mestre, se reunió con CCOO. La promesa: crear antes de diciembre una unidad policial específica para perseguir la contratación ilegal.

En la región ya opera la UCRIF (Unidad Contra las Redes, Inmigración Ilegal y Falsificación documental) que combate los delitos relacionados con la inmigración, la explotación de prostitutas y trabajadores. Existen 14 unidades de este tipo en España y la madrileña es la segunda más importante, según explican fuentes policiales. En la delegación matizan que la nueva estará más especializada.

Entre marzo y abril la Policía realizó en Madrid tres operativos para tratar de atajar estas redes de captación "sin ningún éxito", según reconocen en la delegación.

La razón es que quien emplea mano de obra ilegal no es quien la traslada y la contrata en las plazas. Entonces es difícil demostrar que hay una relación laboral entre el inmigrante y el traficante, según indicaron mandos policiales al sindicato.

Papeles a cambio de denuncias

La delegada del Gobierno pidió a las víctimas de las redes que denuncien , porque es más efectivo para poder llegar a juicio. Quienes colaboren "para acabar con estas redes" obtendrán, además, un permiso de trabajo, tal y como ya recoge la Ley de Extranjería.

Se creará también un grupo de trabajo en el que estarán UGT y CCOO, el Ministerio de Trabajo y la Delegación del Gobierno para que se puedan canalizar todas las denuncias de los inmigrantes.

Caer en manos de estas redes supone no tener garantizado ningún derecho laboral , y en muchos casos, como le ocurrió a Salvador, poner en peligro su vida.

"En las obras casi no hay medidas de seguridad y en más del 90% de los casos no existen contratos", señala De Gracia. Hasta el 24 de septiembre han muerto en España 214 obreros sólo en el sector de la construcción, 21 más que el año pasado por las mismas fechas.