Abuso de frecuencias y excesos salariales

Editorial

En días recientes, Tv Azteca ha venido desacreditando los anuncios del Senado de la República que se transmiten en sus canales sobre la recientemente aprobada disposición que suprimió la contratación de publicidad política en medios electrónicos y la circunscribe a los tiempos oficiales del Estado. La emisora privatizada por el salinismo retoma el anuncio oficial, intercala críticas a los altos salarios de senadores y parafrasea la expresión “en el Senado de la República vemos por ti” dándole un sesgo político propio: “En Tv Azteca sí estamos contigo”.

Tal maniobra parece una respuesta a la eliminación de la publicidad electoral. No debe olvidarse que la decisión legislativa significó para el duopolio televisivo la pérdida de cuantiosas ganancias que provenían de un dispendio injustificable y ofensivo de recursos públicos, y que puede traducirse en un acotamiento efectivo al enorme poder fáctico acumulado por los concesionarios de radio y televisión.

El propósito de la súbita campaña contra los altos ingresos de los legisladores puede verse con claridad si se considera que es la primera vez que la televisora del Ajusco difunde mensajes propios sobre el tema. Sin embargo, en la pasada legislatura, cuando se aprobó –luego de arduas presiones de la radio y la televisión comerciales– la llamada ley Televisa, que regalaba a grandes concesionarios parte del espectro electromagnético, frenada luego por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ni a Tv Azteca ni a su competidora se les ocurrió criticar las insultantes dietas.

Por otra parte, los mensajes de Tv Azteca no se han referido a los salarios que se otorgan a sí mismos altos funcionarios del Ejecutivo federal, el Instituto Federal Electoral, la propia Corte o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que cuestan también, y mucho, a todos los mexicanos. Por tanto, la campaña referida carece de autoridad moral e interés público, y se asemeja más a una vendetta o simple berrinche por la afectación que la reforma electoral causa a los intereses de esa empresa televisiva.

La empresa de Ricardo Salinas Pliego recurre, una vez más, a una práctica que, sin ser propiamente ilegal, resulta claramente indebida: el uso de frecuencias concesionadas, que siguen siendo propiedad de la nación, para defender sus intereses corporativos. Es oportuno citar al coordinador de la bancada perredista en el Senado, Carlos Navarrete, quien señala que Tv Azteca “utiliza la televisión y el tiempo-aire que es propiedad de la nación para dirimir asuntos mercantiles”, y que los títulos de concesión de ésta y otras empresas suponen ciertas obligaciones. En suma, que “no son propietarias para hacer lo que crean conveniente con el tiempo-aire y con las pantallas”.

Es necesario que en una próxima revisión del marco legal que rige a la radio y la televisión, los legisladores tomen nota de las presiones mediáticas de que han sido víctimas y del persistente empeño por avasallar la soberanía del Poder Legislativo para fijar disposiciones precisas que logren disuadir o sancionar esos usos abusivos de las concesiones.

Por lo demás, los desproporcionados salarios de los servidores públicos son, ciertamente, una de las principales debilidades morales de la institucionalidad mexicana, aunque el asunto no se limita sólo al Senado o al Legislativo, sino que incluye a los tres poderes, organismos electorales, gubernaturas y algunos municipios ricos, como los de las zonas conurbadas del Distrito Federal y de Monterrey.

Sin embargo, hasta ahora no se ha emprendido el debate nacional para fijar criterios que normen y definan los niveles de los sueldos y prestaciones de altos funcionarios. Tales criterios no pueden codificarse en abstracto ni en números absolutos, sino como una variable relacionada con los niveles de ingreso de la población, el tamaño de la economía, la proporción del gasto público que absorben las nóminas de las cúpulas administrativas, las condiciones que los servidores públicos necesitan para cumplir sus funciones y, sobre todo, con la necesidad ética y pragmática de reducir la pavorosa y creciente desigualdad que caracteriza a la sociedad mexicana, que tiene, entre otros efectos graves, erosionar la de por sí escasa credibilidad de las instituciones.