"El problema con los gringos no es abrirles la puerta, sino cómo los sacamos después"
-General Lázaro Cárdenas-
Como en Colombia, tras involucrar al Ejército en la lucha contra el narcotráfico, FeCal comete otro grave error en materia de seguridad nacional y preservación de la soberanía mexicana: establecer negociaciones con EU para implementar el Plan México...
Pocas piezas faltan para que quede totalmente armado el rompecabezas con el que el gobierno de Felipe Calderón avala la penetración de todas las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos en territorio mexicano. De una parte, hablan por sí solas las contrataciones de supuestos ex militares para proteger las zonas petroleras, operación disfrazada con la firma de contratación de prestación de servicios de una empresa norteamericana dedicada a esa rama.
Por otra, miembros de la DEA y del FBI trabajan abiertamente en una supuesta lucha contra el narcotráfico al lado del Ejército y otras fuerzas policiales mexicanas, sin embargo, el narco-avión localizado con un fuerte cargamento de droga, en el cual se involucra a la CIA, demuestran que no hay combate sino administración de los cárteles de la droga.
Y ahora surge el Plan México. Bajo este esquema no es ocioso presuponer que la penetración de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos actúan enmascarados con un claro propósito: frenar a tiempo cualquier brote de inconformidad social que se geste en el futuro próximo, provocado por medidas que van ahogando a la población. Tan es así que redoblan con autorización del gobierno mexicano la vigilancia en zonas estratégicas para evitar que cualquier movimiento afecte los intereses sembrados en nuestro país.
El panorama es verdaderamente aterrador. Tras involucrar al Ejército Mexicano en la lucha contra el narcotráfico, Felipe Calderón comete otro grave error en materia de seguridad nacional y preservación de la soberanía, que traerá consecuencias funestas para la Nación a mediano y largo plazo, al establecer negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos para la implementación en nuestro país del Plan México, un programa de asistencia para supuestamente erradicar la producción y el tráfico de drogas, así como el combate al crimen organizado y al terrorismo, que se inscribe dentro de la Iniciativa de Seguridad Regional en el marco de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y que permitirá a los estadounidenses instaurar relaciones de poder y a involucrarse directamente en procesos de desestabilización, golpes de Estado y operaciones encubiertas, así como guerras de baja intensidad, además de lo anteriormente descrito.
Este jueves el subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina, Carlos Rico, confirmó que el gobierno de México ha terminado las negociaciones con su contraparte estadounidense en torno al Plan antidrogas que negocian y adelantó que serán mil millones de dólares los que el gobierno de Estados Unidos entregue a la administración de Felipe Calderón para esta lucha en un periodo de dos años. El funcionario dijo que sólo se está a la espera de que el Congreso de EU lo apruebe para que entre en vigor, por lo que en los próximos días los gobiernos de ambos países emitirán una declaración conjunta sobre la bautizada "Estrategia Conjunta contra el Combate al Crimen Organizado".
En el contexto actual este hecho es de una gravedad máxima porque se inscribe en una estrategia de subordinación declarada y abierta del gobierno de Felipe Calderón al presidente George W. Bush, pues este programa constituye la pieza que faltaba para completar el rompecabezas que implica la estrategia de seguridad regional de los Estados Unidos en su "traspatio", y en el que también cumplen un papel fundamental los mercenarios extranjeros contratados para "proteger" las instalaciones estratégicas en territorio mexicano, particularmente de PEMEX y de la Comisión Federal de Electricidad, así como la abierta intervención en nuestro país del FBI y la agencia antidrogas DEA no para el combate a la producción y tráfico de estupefacientes por territorio nacional, sino para su "administración".
Abierta injerencia de EU en México
La Cancillería mexicana, el propio Felipe Calderón y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, han insistido en que no se permitirá una injerencia militar y policial estadounidense en México. Sin embargo, es evidente que el abastecimiento de tecnología represiva a los regímenes autoritarios en el extranjero es un producto intencional y coherente, y no accidental, de la diplomacia de guerra de Washington.
Junto a la injerencia política de Estados Unidos en los asuntos de seguridad nacional de los mexicanos, el contacto entre las elites castrenses y policías derivado de este tipo convenios, permite a los estadounidenses instaurar relaciones de poder y de domino sobre las instituciones y corporaciones del Estado mexicano. Sobre este particular, el investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, Sergio Aguayo, advierte que no debe perderse de vista que para los planes estadounidenses "nuestro territorio forma parte de su perímetro de seguridad".
El especialista señala que "en su escudo desaparecen las fronteras y Estados Unidos, Canadá, México y el Caribe, son parte de una región unificada en la cual la cola del águila calva con las alas extendidas arropa a nuestro país. Cuando de su seguridad se trata, seguimos siendo su patio trasero".
Ante la información de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el particular, la clase política opositora al régimen calderonista, así como intelectuales y analistas de seguridad nacional manifestaron de inmediato su oposición tajante a lo que consideran el último intento de violación de la soberanía nacional, por lo que exigieron al Ejecutivo Federal desistir del proyecto similar al "Plan Colombia" que, según lo han denunciado activistas, busca la criminalización de la lucha social y reforzará la guerra de baja intensidad y otras actividades contrainsurgentes como se documentó en el país sudamericano en 1999.
La implementación del mentado plan dejaría en manos de los cuerpos de inteligencia de los Estados Unidos el seguimiento e investigación de los movimientos sociales del país para que, en caso de salirse del control del gobierno mexicano, sean las fuerzas norteamericanas las encargadas de la operación para lograr su represión y eliminación.
Diputados de oposición coincidieron en señalar que las negociaciones en torno al Plan México son una muestra innegable de que el gobierno federal se encuentra en vilo frente al narcotráfico, con el que está perdiendo la batalla, por lo que ahora recurre al exterior poniendo en riesgo la soberanía nacional. "Dejarle a Estados Unidos la mínima posibilidad de actuar y dirigir el combate al narcotráfico en territorio nacional implicaría que nuestra soberanía quede en entredicho, porque el problema es tan amplio como el consumo y la producción", declaró el priísta Carlos Rojas, mientras que el perredista Juan Guerra sostuvo que la posición de Calderón "transgrede la soberanía del país y demuestra el fracaso total de la estrategia contra el crimen organizado".
Estos y otros reclamos de la sociedad orillaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores a emitir un comunicado en el que hace énfasis en que "no habrá presencia de tropas, ni participación de agentes estadounidenses en los operativos en territorio nacional" y en el que justifica que "la actividad de las organizaciones que operan en México, en particular las dedicadas al tráfico de narcóticos, está estrechamente relacionada con la demanda existente en los Estados Unidos".
La Cancillería aseguró que el gobierno mexicano "ha señalado a su contraparte la necesidad de que fortalezca la supervisión de las exportaciones de precursores químicos que transitan por su territorio con destino a nuestro país, así como instrumentar acciones para combatir el tráfico ilícito de armas y para detener el constante flujo de dinero en efectivo, vinculados al crimen organizado".
Agrega que "la cooperación planteada por México incluye acciones de naturaleza bilateral como el intercambio de información e inteligencia criminal, entrenamiento y capacitación, así como la transferencia de recursos materiales y técnicos que contribuyan a fortalecer las capacidades de México para enfrentar este flagelo".
Peligrosa similitud con el Plan Colombia
Prácticamente desde el inicio del gobierno de Felipe Calderón se empezaron las negaciones para el multimillonario paquete de seguridad en el marco de la "guerra" a las drogas, el crimen organizado y el terrorismo.
La información que sobre el particular fue conociendo la opinión pública de ambas naciones no se dio a través de dependencias oficiales. En nuestro país hasta hace unas semanas la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, se mantenía en su posición de negar la existencia de dichos tratos- sino de filtraciones hacia la prensa norteamericana, particularmente los diarios The Washington Post y The Dallas Morning News, los cuales revelaron que en las negociaciones estuvieron involucradas distintas instancias del gobierno estadounidense como los departamentos de Estado y Justicia, la Secretaría de Seguridad Interna, el Pentágono, la CIA, el FBI y la agencia antidrogas DEA, así como por la parte mexicana la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
En el mes de marzo, cuando el presidente de los EU, George W. Bush visitó Mérida, el plan fue afinado y en los meses siguientes funcionarios mexicanos del área de seguridad se reunieron en Washington con Condelezza Rice, la secretaria de Estado, para precisar los términos del acuerdo, en el que quedó establecido que los costos de la "colaboración" correrían por cuenta del gobierno estadounidense quien ofreció aeronaves, equipo de espionaje y seguimiento, así como cursos de capacitación. A cambio, los estadounidenses pidieron modificaciones a las leyes que regulan las extradiciones, para que se realicen de forma expedita; para que se incluya no sólo la extinción de dominio, que se hizo en marzo pasado, y para que se autorice a la policía realizar las llamadas "entregas vigiladas", así como la infiltración en las organizaciones criminales, que se realizan ya pero ilegalmente. Aunque tanto los gobiernos de México como de Estados Unidos han insistido en que en el mecanismo de cooperación bilateral no se prevé -hasta el momento- la operación directa en el territorio nacional de técnicos, instructores y asesores del Pentágono y de las otras agencias que intervienen en el proyecto de manera pública o encubierta, en las tareas de capacitación y entrenamiento de soldados y policías mexicanos, la "Estrategia Conjunta contra el Combate al Crimen Organizado" tiene peligrosas similitudes con el Plan Colombia, a través del cual el 80 por ciento de los 4 mil 800 millones de dólares que fueron canalizados a esa nación sudamericana se destinaron a las fuerzas armadas, a la capacitación y dotación de recursos como armamentos y helicópteros Black Hawk, la creación de brigadas de aproximadamente 2 mil 600 soldados, que permite que 500 soldados estadounidense estén estacionados en distintas bases castrenses de ese país, que suman a los 4 mil mercenarios subcontratados por el Pentágono para realizar tareas de espionaje y entrenamiento de personal militar. ¿Visto en esta perspectiva no representa la posición de la administración calderonista una abierta traición al Estado Mexicano, la Patria y el pueblo de México?
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