Crimen de Estado

Miguel Concha

Los sobrevivientes y lesionados de la masacre de Acteal, la mesa directiva de la Sociedad Civil Las Abejas y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en febrero de 2005 una petición “contra el Estado mexicano, por la actuación de miembros de grupos paramilitares que, con la aquiescencia y participación de agentes de la República”, ejecutaron el 22 de diciembre de 1997 a 49 indígenas tzotziles (19 mujeres, ocho hombres, 14 niñas, cuatro niños y cuatro más que aún no nacían), y dejaron lesionadas a 17 personas indefensas más (algunas con secuelas físicas y sicológicas graves hasta la fecha), en su mayoría menores de edad.

En marzo de ese mismo año, la secretaría ejecutiva de la CIDH informó que la petición había sido recibida y que se encontraba bajo estudio, para posteriormente transmitir el documento al Estado mexicano, a fin de que les remita su respuesta. En febrero del año pasado la CIDH informó que ya había transmitido las partes pertinentes de la petición al gobierno de México, fijando un plazo de dos meses para que éste presentara sus observaciones. Actualmente se está a la espera de que la CIDH se pronuncie por admitir el caso, para entonces pasar al estudio de fondo. ¿Será por eso que ahora se pretende volver a manejar la peregrina hipótesis de conflicto intercomunitario o religioso, para explicar esa serie de delitos de lesa humanidad, considerando además a los grupos paramilitares simplemente como “grupos de autodefensa”? Es posible, pues, como señala la petición, frente a los dramáticos hechos efectivamente sucedidos, que “los gobiernos estatal y federal se han negado a reconocer las evidencias que señalan el origen de la masacre, ya que la procuración de justicia con sus acciones ha pretendido confundir a la opinión pública sobre los verdaderos motivos, y ha dirigido sus investigaciones señalando que se trata de un problema religioso, intracomunitario e incluso de usos y costumbres”. Lo anterior confirma la hipótesis de que también en este caso el actual Estado mexicano, sin importar el color de quienes estén al frente del gobierno, no está dispuesto a reconocer los crímenes que comete contra la población civil, a hacer justicia a las víctimas y a satisfacer el derecho a la verdad de la sociedad.

Con base en testimonios y probanzas ministeriales, que se logró fueran admitidas en los expedientes, así como en los testimonios recogidos directamente por los peticionarios, el documento denuncia por acción al Estado mexicano, porque la masacre de Acteal fue producto de una política de Estado deliberada y encaminada a exterminar al EZLN, sus bases de apoyo, y a cualquier persona u organización de la sociedad civil cuyas demandas incomodaran al gobierno. Lo responsabiliza también por omisión, porque mientras ocurría la masacre, la Policía de Seguridad Pública se encontraba a escasos 200 metros del lugar de los hechos, sin que interviniera para evitar su consumación; y porque antes y durante su ejecución, las autoridades del gobierno de Chiapas fueron advertidas por distintos canales del riesgo de la misma, sin que actuaran para nada en consecuencia. Antes bien, como recordó la Sociedad Civil Las Abejas el pasado martes, funcionarios importantes de aquel gobierno pretendieron desaparecer el cuerpo del delito la noche misma de los hechos.

Por cierto que para fundamentar mejor su hipótesis de que la masacre de Acteal “se inscribió en un contexto de guerra irregular, preparada por la Secretaría de la Defensa Nacional, ideada por el general de división Miguel Ángel Godínez Bravo, ordenada por el entonces presidente de la República Mexicana Ernesto Zedillo Ponce de León, en febrero de 1995, y ejecutada por el general de división Mario Renán Castillo, en el que las acciones paramilitares fueron la clave en el plan de campaña del Ejército en Chiapas” –argumentada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en nueve de sus informes, entre los años 1995 a 2002–, los peticionarios ante la CIDH hacen referencia a una información del periodista Carlos Marín, publicada por el semanario Proceso el 3 de enero de 1998: “Esta estrategia de conjunto –dicen– entre el Ejército federal, los cuerpos policiacos de seguridad pública y los grupos paramilitares, respondía a un plan de campaña vigente desde 1994. Dicho plan fue dado a conocer el 3 de enero de 1998 por el periodista Carlos Marín dentro del semanario Proceso, en su artículo denominado ‘Plan del Ejército en Chiapas, desde 1994: crear bandas paramilitares, desplazar a la población, destruir las bases de apoyo del EZLN…’ En él describe un documento fechado en la Secretaría de la Defensa Nacional en octubre de 1994 y titulado Plan de campaña Chiapas, que confirma lo que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha venido denunciando desde 1995: la existencia de grupos paramilitares en una lógica de guerra de baja intensidad o guerra irregular (...) De acuerdo a dicho documento –se añade–, el plan tenía como ‘objetivo clave: romper la relación de apoyo que existe entre la población y los transgresores de la ley’. Los servicios de inteligencia militar debían organizar secretamente a ciertos sectores de la población civil (…), quienes serán empleados en apoyo de nuestras operaciones. A cargo de instructores del Ejército quedaban el asesoramiento y apoyo a las fuerzas de autodefensa u otras organizaciones paramilitares”.

¿Será este el mismo periodista que el pasado jueves se lanzó en Milenio contra “los que medran con la versión marquista de la masacre de Acteal”? ¿Que hay culpables libres? Eso desde luego. Aparte de los autores intelectuales de esa masacre, y de la no reparación de daños, el Centro Fray Bartolomé de las Casas tiene perfectamente documentadas dos órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar contra funcionarios de ese entonces, y 27 órdenes pendientes de aprehensión contra civiles indígenas que de alguna manera participaron en la masacre. ¿Que hay inocentes? Habrá que verlo ahora con extremo cuidado, pues de los 87 civiles procesados en siete causas penales, ha sido tramitada ante los órganos correspondientes de administración de justicia la apelación de 49 sentenciados a 26 años de cárcel el 23 de julio y el primero de octubre de este año. Dos procesados esperan además que por reposición del procedimiento nuevamente les sea dictada sentencia de primera instancia. ¿Tendrá que ver todo esto con las “revisiones históricas” de algunas informaciones y publicaciones recientes?