Carlos Fernández-Vega
Con el anuncio del pasado jueves 25, muchos se preguntarán ¿quién decide y en dónde se autoriza la participación del capital privado en el sector eléctrico nacional? Y algunos ilusos responderán que, obviamente, el gobierno federal y en sus organismos ad hoc. Pues resulta que no: se decide entre trasnacionales y se autoriza entre ellas mismas, en la siempre bella ciudad de Barcelona.
Cuando menos ese es el caso de la trasnacional española Gas Natural SDG que, de la noche a la mañana, se convirtió en la segunda generadora de electricidad en México, y en la primera empresa foránea establecida en el país que acapara la distribución y comercialización del gas natural y la energía eléctrica como “productora independiente”.
Lo anterior no es un cuento de hadas, sino el resultado de un acuerdo firmado en Barcelona, España, entre Gas Natural SDG y las trasnacionales Electricité de France (EDF) y Mitsubishi “de México”, por medio del cual la primera se obliga al pago de mil 448 millones de dólares y las segundas a entregarle cinco plantas generadoras de electricidad de ciclo combinado y un gasoducto en territorio mexicano que, hasta ese día y bajo licencia del gobierno “nacional”, eran de su propiedad.
¿Y la autoridad mexicana? “Desmintiendo” informaciones dadas a conocer por la prensa, como aquella recientemente publicada en La Jornada (14 de octubre, 2007) que precisaba: “sin ningún cambio aparente en la ley o en la política energética, resulta asombroso el crecimiento de la propiedad privada en el sector eléctrico de México, al grado que durante el sexenio pasado la generación privada se incrementó mil 600 por ciento, mientras la pública sólo creció 7 por ciento, advirtió el Observatorio de Multinacionales en América Latina”. El organismo calificó de ejemplo paradigmático la política sobre la generación eléctrica adoptada por los últimos gobiernos mexicanos para beneficio de las trasnacionales españolas… Frente a la oposición que se generó en todo el mundo por las privatizaciones frontales e impunes, se optó por seguir “una muy hábil táctica del sigilo, seguida por gobiernos que abren la puerta de atrás a las grandes corporaciones…”.
Como ya es costumbre, lo que el gobierno federal “desmiente” en público prácticamente en automático se confirma en privado, en eso que algunos llaman la escandalosa “privatización silenciosa” del sector energético nacional. En el mejor de los casos, la Comisión Reguladora de Energía habría autorizado a las trasnacionales Electricité de France y Mitsubishi “de México” a operar como “productoras independientes” de electricidad en el país. A ellas, y sólo a ellas, mediante un mañoso reglamento que violenta el espíritu y la letra constitucionales. Pero ellas y entre ellas deciden quién y a qué precio se queda con la riqueza eléctrica que el gobierno federal les cedió.
Y de eso sabe mucho la trasnacional española Gas Natural SDG (sus accionistas mayoritarios son la Caixa de Barcelona y Repsol, con 63 por ciento, más o menos, entre las dos), porque con la misma estrategia se hizo de la mayoría de las concesiones y permisos para monopolizar la distribución y comercialización del gas natural en no menos de la mitad de la República mexicana, incluidas las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal.
Originalmente otorgadas a “grupos de empresarios mexicanos”, las concesiones para distribuir y comercializar gas natural en el país poco a poco fueron “traspasadas” a la trasnacional española que ahora, mágicamente, se ha convertido en la segunda generadora de electricidad en México.
Las trasnacional española opera en el país mediante su subsidiaria Gas Natural de México, y un rápido paseo por los “traspasos” obtenidos nos da el siguiente resultado sobre el control que tiene en la distribución y comercialización de ese energético: Nuevo Laredo, Saltillo, y Toluca, 1997; Monterrey, 1998, más los municipios conurbados de San Nicolás de los Garza, Apodaca, Guadalupe, San Pedro Garza García, Santa Catarina, General Escobedo, García, Pesquería y Juárez; Celaya, Irapuato, León, Salamanca y Silao, en Guanajuato, y las ciudades de Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí, 1999. Y la cereza del pastel, el Distrito Federal y sus 16 delegaciones políticas para ella solita, en el 2000.
Y por el mismo caminito, hoy es la segunda generadora de electricidad en México, mientras el gobierno federal “desmiente” en público que el sector se privatiza.
Las rebanadas del pastel
De la lectoría, sobre la nueva bonanza petrolera: “es una magnífica oportunidad para enfocar parte de las baterías de la ciencia y tecnología en México. Soy un investigador que no trabaja en el campo del petróleo, pero que considera las declaraciones de Kessel (la secretaria de Energía) un argumento excelente para que el gobierno federal, y el Conacyt en particular, se esfuercen en impulsar la investigación multidisciplinaria que tiene que ver con aguas profundas. Presiones muy altas y temperaturas extremas, así como salinidad variable son algunos de los factores físicos que nos encontramos en aguas profundas. Intervienen aquí la mecánica, la electrónica, la química, la física, las matemáticas, la computación, materiales, etcétera. Tenemos en México a los investigadores de la UNAM que llevan años trabajando alrededor del petróleo, el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICyT) de San Luis que trabaja en materiales, el Departamento de electrónica del INAOE que trabaja en sensores, y otras, digamos, cinco instituciones más que trabajan en áreas relacionadas. Propongo lanzar un plan nacional que integre los esfuerzos de investigación científica y tecnológica de las diversas instituciones de investigación y educación en México, con los recursos financieros del Estado y la coordinación de Pemex, para desarrollar la tecnología de exploración y explotación de petróleo en aguas profundas” (Edmundo A. Gutiérrez D., investigador del Departamento de Electrónica, Instituto Nacional de Astrofísica, Optica y Electrónica, INAOE, edmundo@inaoep.mx)... Y la parejita ex presidencial se sigue hundiendo en su propia boñiga.
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