25 de noviembre, un año después

Carlos Beas Torres

Ha pasado ya un año desde aquel terrible 25 de noviembre, cuando en la capital oaxaqueña cientos de manifestantes que se retiraban del centro de la ciudad fueron atacados con extrema brutalidad por policías y por pistoleros al servicio del gobierno estatal.

Los medios dieron amplia cobertura a los disturbios ocurridos aquella tarde, y sin la más mínima seriedad, atribuyeron la responsabilidad de los incendios a miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Sin embargo, buena parte de ellos guardaron un silencio cómplice ante la arbitraria detención de decenas de ciudadanos oaxaqueños, de los cuales la mayoría –como se demostraría más tarde– no estaban directamente relacionados con las protestas, y menos con los enfrentamientos y hechos de violencia ocurridos ese día.

Los detenidos fueron sujetos a crueles maltratos y a abusos de todo tipo por parte de corporaciones policiacas federales, estatales y municipales y 141 prisioneros fueron enviados al puro estilo porfirista y de manera ilegal a un penal ubicado en Nayarit, a más de mil 500 kilometros de la ciudad de Oaxaca. Los procedimientos legales a los que han sido sujetos los detenidos están plagados de irregularidades, como lo han documentado las diferentes comisiones de juristas y defensores de derechos humanos que los han investigado. El Poder Judicial en Oaxaca, supeditado totalmente a los designios del gobernador, ha jugado un papel central en la represión que han sufrido cientos de ciudadanos oaxaqueños en estos dos últimos años.

Ha pasado ya un largo año desde aquella aciaga tarde, y los responsables de los excesos policiacos y de la violación generalizada de las garantías constitucionales de cientos de mexicanos siguen no sólo gozando de impunidad, ya que todos ellos siguen ocupando importantes puestos públicos. Aristeo López, el siniestro jefe policiaco del ayuntamiento de la capital oaxaqueña fue ascendido, como también fue premiado Eduardo Medina Mora, quien funge actualmente como procurador general de la República.

Para muchos oaxaqueños, el 25 de noviembre es una fecha trágica que trajo una oleada de terror y miedo. Los días que siguieron fueron terribles, ya que desde la progubernamental Radio Ciudadana se incitaba al linchamiento de opositores, y de manera coordinada las policías estatal y federal siguieron deteniendo y golpeando a decenas de ciudadanos oaxaqueños. Muchos huyeron del estado o se ocultaron para evitar ser detenidos o asesinados. En Oaxaca reinó el terror y el miedo se respiraba en el ambiente.

El 25 de noviembre significó también el fin de una etapa del movimiento ciudadano de Oaxaca; la represión obligó a un repliegue necesario, el cual no evitó que en los tres meses siguientes ocurrieran constantes movilizaciones, realizadas ya no sólo en la capital del estado. El 8 de marzo de este año, y encabezada por cientos de mujeres, una nueva megamarcha sacudió las calles de la ciudad de Oaxaca, donde menudearon los gritos de “la APPO vive” y “la APPO somos todos”, demostrando que a pesar de la feroz oleada represiva, el movimiento ciudadano había recuperado su capacidad de movilización y de convocatoria.

Los violentos hechos ocurridos el 25 de noviembre son una afrenta para los ciudadanos oaxaqueños, que no ha sido olvidada. La demanda de que los responsables de la represión y de los abusos cometidos en contra de la población oaxaqueña sean castigados se mantiene firme y debe ser compartida por el resto de los ciudadanos de nuestro país. “ Ni perdón ni olvido”, esa es la consigna que ha acompañado a las movilizaciones recientes en Oaxaca. El 25 de noviembre no se olvida, y no se podrá olvidar hasta que los asesinos y torturadores paguen con cárcel los crímenes que han cometido en contra de la ciudadanía.