LÓPEZ OBRADOR LLAMA AL MOVIMIENTO DE RESISTENCIA CIVIL PACÍFICA A ENFOCAR SUS BATERÍAS HACIA LA DEFENSA DEL PETRÓLEO PARA IMPEDIR SU PRIVATIZACIÓN (parte 1)
Con la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México y sus calles aledañas nuevamente llenas, sesionó este día la Convención Nacional Democrática (CND) en su Tercera Asamblea Informativa y aprobó campañas y acciones para detener las alzas de los precios y la aplicación de nuevos impuestos; para defender el patrimonio nacional en materia de petróleo e industria eléctrica; para impedir que entre en vigor el Tratado de Libre Comercio en los rubros que facilitarán la entrada a nuestro país de maíz y frijol de importación; para exigir el respeto de los derechos humanos y el freno a la ola represiva contra luchadores y movimientos sociales; y para refrendar y multiplicar la solidaridad con los damnificados de Tabasco y Chiapas.
La Asamblea de la CND conoció también el informe de gobierno del presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, quien en su discurso puso énfasis en el desafío que tiene el pueblo mexicano ante los intentos de privatización del petróleo. Por lo mismo, López Obrador llamó a iniciar de inmediato las acciones para defender ese preciado recurso de la nación.
A continuación, el servicio de noticias ISA reproduce el discurso íntegro del presidente legítimo de México (en dos envíos para facilitar su recepción). En posteriores servicios informativos, difundiremos cada uno de los resolutivos de la Asamblea de la CND y regresaremos a los aspectos más relevantes del documento que ahora reproducimos.
Amigas y amigos;
Representantes del Gobierno Legítimo de México;
Dirigentes, militantes y simpatizantes de los partidos del FAP;
Miembros de organizaciones sociales;
Ciudadanos todos:
Agradezco sinceramente su participación en esta Tercera Asamblea de la Convención Nacional Democrática.
Celebro que a más de un año del fraude electoral del 2 de julio, se mantenga vigente el espíritu de lucha y la decisión inquebrantable de abolir el régimen de corrupción y privilegios para construir, desde abajo y con la gente, una nueva República, donde lo fundamental sea la felicidad y el bienestar del pueblo y no domine el poder del dinero sobre la dignidad de los mexicanos.
Hoy reitero, aún con mayor firmeza, que las instituciones están secuestradas y al servicio de una minoría rapaz; que la Constitución se viola flagrantemente; que impera la impunidad; que la llamada sociedad política está podrida y que sólo el pueblo puede salvar a la nación.
Para quienes piensan que exageramos, basta recordarles la forma tan cínica en que el presidente espurio ha venido pagando favores y facturas a quienes le ayudaron a cometer el fraude electoral y lo impusieron.
Allí está el caso de la alianza que mantiene Calderón con las cúpulas del PRI a cambio de la impunidad de los gobernadores de Puebla y de Oaxaca; o su contubernio con Elba Esther Gordillo, a quien le entregó prácticamente la Secretaría de Educación Pública, la Lotería Nacional, el ISSSTE y el manejo de los fondos de pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado; o el reciente remate de la empresa pública, Aeroméxico, para beneficiar a José Luis Barraza, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial y al grupo de Banamex de Roberto Hernández.
Pero lo que mejor describe a Calderón es su sometimiento servil a quienes, desde el extranjero, imponen la actual política económica que ha llevado a la ruina al país; que ha obligado a millones de mexicanos a emigrar y que mantiene a la mayoría de la población en la pobreza.
La política del gobierno usurpador se orienta exclusivamente a cumplir la agenda del Fondo Monetario Internacional. Por eso se llevó a cabo la reforma a la Ley del ISSSTE, se impuso la llamada reforma fiscal, que no es más que aumentar impuestos a trabajadores, comerciantes y pequeños y medianos empresarios. Y ahora con la llamada reforma energética, se pretende profundizar en la privatización de la industria eléctrica y, sobre todo, lo que más ambicionan: apoderarse del petróleo, que es propiedad del pueblo y de la nación. Como es obvio, es ésta voracidad la que los llevó a consumar el fraude en 2006, a violar el orden constitucional y a dar el golpe de Estado.
De ahí la importancia de haber resuelto entre todos, desde la primera Convención Nacional Democrática, que serían dos las tareas fundamentales de nuestro movimiento: defender la economía popular y el patrimonio de la nación y, al mismo tiempo, trabajar en la organización de la gente para transformar la vida pública del país.
En este marco, les informo que hemos hecho todo lo posible por denunciar y contener la actual política económica antipopular y entreguista. Constantemente hemos señalado que, mientras en lo que va del año, el salario mínimo aumentó en 4 por ciento, los precios, desde la tortilla hasta el pan, pasando por el gas, la gasolina, la luz, el pollo, la leche, la carne y el huevo, se han incrementado en 35 por ciento en promedio. Es decir, los precios de la canasta básica han aumentado 7 veces más que el salario.
Hemos participado en manifestaciones en contra del alza de precios y para exigir un aumento salarial de emergencia; nos opusimos a la reforma a la Ley del ISSSTE y promovimos que se interpusieran alrededor de medio millón de amparos en contra de dicha reforma; estamos participando en la campaña para impedir que se lleve a cabo la entrada en vigor de la cláusula del Tratado de Libre Comercio, que dejará abierta la importación de maíz y frijol del extranjero.
Nuestros legisladores del Frente Amplio Progresista, consiguieron que se apoyara a adultos mayores del país con una pensión alimentaria de 500 pesos mensuales que, aunque todavía es insuficiente, en algo ayuda ante la difícil situación económica y social que se está padeciendo. También, contra el afán de seguir asfixiando económicamente a las universidades públicas, se han conseguido para estas instituciones, donde estudian los más pobres, aumentos presupuestales considerables.
Aquí quiero destacar la actitud consecuente del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard Casaubon, quien no sólo ha continuado con la política social de apoyo a los adultos mayores; a madres solteras; a personas con discapacidad; con los programas de atención médica y medicamentos gratuitos; con el establecimiento de escuelas preparatorias; con el apoyo a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; con la entrega gratuita de útiles escolares; si no que ha resuelto no aumentar el precio del transporte público; ni de la leche Liconsa, y ha llevado a la práctica nuevas acciones como la entrega gratuita de uniformes escolares, el otorgamiento de becas para todos los estudiantes de preparatoria del Distrito Federal y el establecimiento del Seguro del Desempleo.
En contraste, el gobierno usurpador, además de permitir la escalada de precios en los artículos básicos, promovió que los diputados del PRI y del PAN, aprobaran el aumento a la gasolina y al diesel, que originalmente entraría en vigor a partir del mes de octubre, pero que ante las protestas generalizadas, tuvo que posponerse su aplicación para enero próximo.
Aquí aprovecho para exponer que enero será, si no lo impedimos, un mes negro, de carestía, muy difícil para la economía popular, porque se pretenden dar tres golpes al mismo tiempo: el aumento a las gasolinas y al diesel; los aumentos de impuestos por la llamada reforma fiscal y la apertura de las fronteras para la importación de maíz y de frijol que afectará a los productores nacionales.
En consecuencia, les propongo que a partir de ahora, todos expresemos nuestro rechazo por éstas medidas injustas, inmorales y antipopulares, llevando a cabo las acciones acordadas en ésta Asamblea.
Ahora bien, amigas y amigos asambleístas, nuestro movimiento está obligado a jugar un papel de suma importancia ante la inminente decisión, del gobierno usurpador y de sus aliados, de entregar el petróleo a extranjeros. Este propósito entreguista viene de tiempo atrás y explica el por qué, desde 1983, en vez de modernizar la industria petrolera y convertirla en palanca del desarrollo nacional, han optado deliberadamente por arruinarla y tener el pretexto para venderla y convertirla en un negocio privado.
Recordemos que el 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas del Río, llevó a cabo la expropiación del petróleo, para devolver al pueblo de México, esta riqueza que estaba en manos de compañías extranjeras.
Con esta decisión histórica, ese gran estadista, ese presidente patriota, no sólo hizo valer la soberanía nacional, sino que abrió el horizonte a la economía del país. Baste decir que actualmente, a pesar de la corrupción y el mal manejo de la industria petrolera, de cada peso del presupuesto público, 40 centavos provienen del petróleo.
A casi siete décadas de la expropiación, en buena medida, el país se ha desarrollado por el dominio que la nación ejerce sobre el petróleo y de eso depende, en mucho, el futuro de nuestro pueblo.
Sin embargo, en los últimos 25 años, los gobiernos neoliberales, han tratado con saña a las empresas públicas del sector energético, porque reitero, siempre han buscado justificar o tener el pretexto para privatizar la industria eléctrica y el petróleo.
Durante este periodo, la política energética ha sido manejada con perversidad y de manera irresponsable. Lo único que les ha importado es vender cada vez más petróleo crudo al extranjero, haciendo a un lado la exploración de nuevos yacimientos y, sobre todo, dejando en el abandono la refinación y la industria petroquímica.
Por más de dos décadas, la exploración de nuevas reservas se redujo a la nada. Desde entonces, prácticamente toda la producción ha dependido de los campos descubiertos en los años 70, sobre todo, del yacimiento de Cantarell en el mar de Campeche y de los pozos en Chiapas y Tabasco.
Con respecto al gas, los tecnócratas nunca vieron la importancia estratégica que llegaría a tener este energético. De 1983 a la fecha, la producción de gas sólo aumentó el 2 por ciento anual; mientras que durante el mismo periodo, la demanda interna por este producto creció a una tasa de más del 4 por ciento. La peor parte de esta absurda política tecnocrática la han resentido la refinación y la petroquímica. A las empresas vinculadas a estas actividades se les privó de recursos para su expansión y modernización. Desde hace 25 años no se construye una nueva refinería y por eso estamos importando 300 mil barriles diarios de gasolina, que podríamos estar produciendo en nuestro país, generando empleos para los mexicanos. Es más, es tan absurdo lo que han hecho que este año vamos a comprar gasolina en el extranjero con un valor de 10 mil millones dólares, exactamente lo que costarían las tres refinerías que necesita el país para ser autosuficientes en este combustible.
En suma, el sector energético no ha tenido prioridad en los planes gubernamentales y México se ha convertido en exportador de crudo e importador de productos con mayor valor agregado. Todo esto nos ha llevado a una gravísima situación de dependencia. Estamos comprando en el exterior la cuarta parte del gas que necesitamos en el país y el 40 por ciento de la gasolina que consumimos.
Por si fuera poco, en México, la electricidad y el gas, le cuestan más al consumidor y al empresario, que en Estados Unidos y que en otros países del mundo.
Ante este panorama y esgrimiendo la falta de recursos económicos para sacar adelante la industria petrolera, y curiosamente ahora, en que el precio del petróleo se acerca a 100 dólares por barril, el gobierno usurpador pretende consumar la fechoría de entregar a extranjeros ésta riqueza de la nación.
Este gran atraco significaría no sólo dejar a México sin la posibilidad de desarrollo futuro, sino perder, tal vez para siempre, nuestra soberanía como país libre e independiente. Para decirlo históricamente: la derecha y sus aliados del PRI nos quieren regresar al porfiriato.
Por ésta razón, informo a ustedes y al pueblo de México, que el día de mañana daremos a conocer un proyecto alternativo para evitar la entrega del petróleo al extranjero y, al mismo tiempo, rescatar y desarrollar esta industria nacional, para convertir a México en una potencia energética.
Estamos en uno de los momentos más críticos para la nación y convoco a todos a reflexionar y a unirnos en el proyecto alternativo para el rescate del sector energético. El gobierno espurio ha emprendido una ofensiva para desacreditar a Pemex, diciendo que pierde dinero y que no tiene ni recursos ni tecnología para las tareas que enfrenta. Esto es rotundamente falso. Pemex, a pesar de la corrupción y del mal manejo, genera cada año un gran superávit, antes de impuestos, de 60 mil millones de dólares, más del 6 por ciento del producto interno bruto. Es la empresa más rentable del país (extraer un barril de petróleo nos cuesta 4 dólares y se vende en 70 dólares, fundamentalmente porque no se le paga renta a la naturaleza). Además, Pemex es la segunda petrolera con mayor flujo de efectivo del mundo.
Los impuestos que pagó el año pasado fueron de 60 mil millones de dólares, equivalentes al 38 por ciento del presupuesto del gobierno federal y a más de tres veces, lo que pagaron de impuestos sobre la renta todas las empresas privadas del país.
Si Pemex no invierte lo suficiente, es porque el gobierno se lo confisca todo. En cuanto a la tecnología, es falso que no se pueda contratar, y lo más importante es que tenemos los técnicos mexicanos para asimilarla y desarrollarla tal como se hizo desde 1938, hasta principios de los años 80. No olvidemos que, contra todos los pronósticos de las compañías extranjeras, Petróleos Mexicanos, en 1938, salió adelante en sus operaciones, como puede lograrlo, con más razón ahora, con casi 70 años de experiencia de nuestros trabajadores y técnicos. Sólo los tecnócratas acomplejados y vende patrias, pueden argumentar que hoy Pemex no puede y que su entrega al sector privado, nacional o extranjero, es la única salvación.
La política de fortalecimiento energético que proponemos, sin apertura al capital privado, ni nacional ni extranjero, implicaría en una primera etapa, invertir con carácter de urgente, 400 mil millones de pesos que se destinarían a la exploración de nuevos campos, al desarrollo de los yacimientos de gas natural, a la perforación de nuevos pozos, a la construcción de tres nuevas refinerías, a la modernización y ampliación de plantas petroquímicas, y al mantenimiento de las instalaciones petroleras.
Como es lógico, la pregunta obligada es ¿de dónde saldría tanto dinero? La propuesta que hacemos es que estos fondos se obtengan de dos maneras: por un lado, proponemos que se reduzca el gasto corriente y de operación del gobierno en 200 mil millones de pesos, en una primera instancia. Esto implica, entre otras cosas, reducir a la mitad el sueldo de los altos funcionarios públicos de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Significaría también suprimir las partidas para el fondo de ahorro especial; gastos médicos mayores; pensiones a expresidentes y bonos discrecionales para los altos funcionarios públicos; así como muchos otros privilegios con que cuenta la alta burocracia que se ha convertido en una de las castas más favorecidas del mundo.
Aclaro que no proponemos reducir el gasto en inversión, en obra pública, en educación y salud, ni en programas de apoyo a los más desprotegidos; sino reducir el gasto burocrático y el destinado a la operación del sector público, donde se ha registrado el incremento más cuantioso en los años recientes.
Conviene decir que el gasto corriente del sector público, del año 2000 hasta la actualidad, subió de 714 mil millones de pesos a un billón 466 mil millones; es decir, se duplicó. Tengamos en cuenta que el presupuesto aprobado para el año próximo será de 2 billones 569 mil millones de pesos. Y nosotros estamos proponiendo un ajuste en el gasto corriente y de operación de 200 mil millones de pesos, que sólo representa el 8 por ciento, monto que se destinaría al fortalecimiento del sector energético.
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