Migrantes: entre la injusticia y la indolencia

Editorial

Ayer concluyó el pleno del primer Parlamento de Líderes Migrantes Mexicanos en Estados Unidos, realizado en el recinto legislativo de San Lázaro, que contó con la participación de dirigentes de organizaciones de connacionales que radican en el país vecino, y en el que predominaron los reclamos por la “pasividad” y el “silencio” del gobierno mexicano en torno a las políticas “antinmigrantes” y “racistas” de las autoridades estadunidenses. Entre otras cosas, los participantes acordaron la creación de un Parlamento Permanente que, sin depender de ningún gobierno ni ostentar las siglas de partido político alguno, vele en aquel país por los derechos de los millones de mexicanos que enfrentan una “terrible, racista y cruel andanada antinmigrante”. Además, se lanzó una petición al titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, para que exija al gobierno de George W. Bush que “cese la militarización” en el trato a los indocumentados, y se planteó impulsar las reformas necesarias en materia electoral para que los migrantes cuenten con representación política en las dos cámaras del Congreso de la Unión, así como la creación de una secretaría de Estado que se enfoque en atender las demandas de ese sector de la población.

Es de sobra conocida la situación de los mexicanos que viven en Estados Unidos sin contar con los documentos legales correspondientes: millones de connacionales padecen persecución policial, hostigamiento y atropellos sistemáticos, no obstante el invaluable aporte que hacen a la economía y la cultura de ese país. Asimismo, son estigmatizados –al igual que los migrantes de muchas otras nacionalidades– como delincuentes. Muestra de esto último es el reciente decomiso de remesas por alrededor de 14 millones de dólares que el gobierno de Arizona realizó –con el pretexto de que se trata de dinero de polleros–, a través de la empresa Western Union, compañía que ya ha sido acusada por organizaciones de México y Latinoamérica por lucrar, vía la instauración de tarifas excesivas, con los fondos que los trabajadores envían a sus familias.

La reacción de los migrantes ante este tipo de atropellos ha consistido en la presentación de “acciones colectivas” ante los tribunales estadunidenses, que constituyen, como señala el abogado Matthew J. Piers, “un vehículo muy efectivo”, pues sus demandas adquieren mucha mayor fuerza al ser presentadas de manera conjunta. La organización representa acaso uno de los pocos reductos que tienen y latinoamericanos ante las injusticias que se cometen en su contra en la nación vecina.

Al respecto, resultan por lo menos deplorables reacciones como la de la diputada panista María Dolores González Sánchez, quien ayer se refirió al encuentro como “un espectáculo perredista y un insulto para la soberanía nacional”, y anteriormente había increpado a la activista Elvira Arellano por “violentar la soberanía de Estados Unidos” y “exacerbar el ánimo antinmigrante” en la sociedad de ese país. Cabe recordar que, tras el episodio que vivió Arellano –separada de su hijo al ser aprehendida por las autoridades de inmigración–, la cancillería mexicana se limitó a enviar una nota diplomática en la que expresó “su profunda preocupación” por el hecho y pidió “una explicación” sobre la forma en que se llevó a cabo su detención.

A la luz de estos hechos, los reclamos en contra de la inacción gubernamental, que proliferaron durante la reunión del parlamento migrante, adquieren relevancia. Por tanto, es de saludar la celebración del referido encuentro de esos líderes, así como la creación del Parlamento Permanente, dada la innegable necesidad de una instancia que procure, en forma articulada, los derechos de millones de mexicanos que radican en territorio estadunidense.