Privatizadores golpeados, pero insisten

Antonio Gershenson

El pasado miércoles, primero en una conferencia de prensa y luego en la presentación de una denuncia, los privatizadores de plantas para generar electricidad recibieron una buena paliza. López Obrador exhibió numerosos datos que mostraban que las plantas hidroeléctricas, entre otras de propiedad pública, ahora generaban muchísimo menos electricidad que en 1999 o 2000, antes de que hubiera plantas privadas cuya energía se vende a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); que eso era un primer elemento para que las presas tuvieran demasiada agua; que además se había pasado poca agua por las turbinas en periodos de más lluvia, con lo que se habían llenado aún más en momentos previos a aguaceros y tormentas; y que a pesar de numerosas advertencias de los servicios meteorológicos, mantuvieron bajo el flujo del agua por las turbinas, e incluso hubo días en que lo bajaron más.

Con las lluvias en sus momentos más críticos, y la presa de Peñitas demasiado llena, abrieron las compuertas, declarando que dejaban ir 2 millones de litros por segundo, los cuales podrían haber sido incluso más. El hecho es que el golpe de agua, esa verdadera marejada, arrasó con diques, aun los del centro de Villahermosa, con casas, con coches y con lo que hubo a su alcance, incluyendo personas. Ante esta situación, se plantea el castigo a los culpables y la reposición de los daños.

Estos hechos, exhibidos por varios medios, representaron, entonces, un golpe para los privatizadores. Pero eso no los hace desistir. El mismo miércoles, un senador priísta, presidente de la Comisión de Energía de su cámara, encabezó una primera reunión para emprender una posible reforma energética, que incluya, según el mismo legislador, sin cambiar la Constitución, la participación de la iniciativa privada en ciertas áreas de Pemex.

El mismo senador, Francisco Labastida Ochoa, anunció que la semana próxima seguirían las reuniones. Pero las empresas privadas ya están en Petróleos Mexicanos (Pemex). Por un lado, están mediante los contratos prohibidos por al artículo 27 de la Constitución. Por otro, se les contrata, como prestación de servicios, para actividades que en realidad son de la petrolera paraestatal. Cuando se habla de meterlos, debe entenderse meterlos todavía más, como ha sucedido en la industria del servicio público de energía eléctrica. Las plantas privadas le venden ya a la CFE 31 por ciento de la energía eléctrica que se distribuye en el país. Ahora van a querer que los particulares vendan a Pemex porcentajes crecientes de petróleo, por ejemplo.

Precisamente hoy se lleva a cabo una asamblea en el Zócalo, uno de cuyos objetivos centrales es frenar la privatización del petróleo. Es parte de una movilización más general para impedir estas nuevas privatizaciones. Es preciso frenar esos cambios legales y defender a las víctimas de las inundaciones. Y hacer que se respete el artículo 27 de la Constitución, especialmente la parte que dice que “tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva”.