La protesta es un derecho, la represión un delito

Adital

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 07 de febrero de 2008

En menos de un mes distintos hechos en Chiapas dan cuenta de la tendencia que existe para castigar con la criminalización de la protesta En el marco de la campaña nacional en contra de la criminalización de la protesta social que impulsa la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, "Todos los derechos para todas y todos", los grupos en Chiapas confirmamos nuestra adhesión a la campaña y el inicio de su promoción en nuestra entidad.

En México, desde hace varios años, venimos viviendo un proceso en el cual se equipara y trata como delincuentes a las personas y organizaciones que realizan protestas sociales.

Esta política se acompaña de un discurso que apela a la legalidad y al Estado de derecho. En la actualidad el Estado mexicano frente a las acciones organizadas de protesta social responde de forma represiva, bajo algunas de las siguientes modalidades: cierre de los espacios de diálogo, represión policial, descalificación de quienes se manifiestan y protestan, militarización de la vida civil y propiamente la criminalización de la protesta social.

La criminalización de la protesta social consiste en llevar los conflictos sociales a la arena judicial, encarcelar a los integrantes de los movimientos y obligarlos a enfrentar largos y adversos procesos. Esta política de criminalización es en realidad una política de control del descontento social, empleando cada vez más la legislación penal para enfrentar dicha inconformidad.

En Chiapas como en México la criminalización de la protesta social se manifiesta en: detenciones arbitrarias, acoso y persecución de defensores, equiparar a luchadores sociales con delincuentes, agravar las acusaciones imputándoles delitos políticos o contra la seguridad nacional, ilegalizar la protesta social, reformas al código penal tipificando nuevos delitos, faltas al debido proceso legal.

Frente a esta política imperante la Red TDT insiste en que la protesta social es la expresión del descontento ciudadano frente a decisiones en las que no han sido consultados, no han estado involucrados o que les desfavorecen y perjudican.

En Chiapas, en menos de un mes, la tendencia hacia la criminalización de la protesta tiene signos visibles en distintas acciones:

1.- El pasado el 17 de enero de este año el congreso local aprobó la iniciativa del gobierno estatal para crear el delito de "incitación a la violencia" que establece adicionar un capítulo VI, artículo 378 Bis al Titulo Décimo Cuarto del Libro Segundo del Código penal de Chiapas que a la letra dice: "Artículo 378 Bis.-Al que por cualquier medio de manera pública o privada incite a cometer un delito, o haga la apología de éste o de algún vicio se le impondrá prisión de seis meses a tres años y multa de diez a cincuenta días de salario (…)"

Es en la exposición de motivos en donde se revelan los destinatarios de la creación de este nuevo delito, textualmente refiere: "el sujeto activo que exteriorice o materialice una conducta al manifestar por cualquier medio, pudiendo ser de manera escrita, verbal, electrónica, signos, gráficos o cualquier otro medio posible, realice de manera pública o privada, provocar el ejercicio de la violencia, de un delito o apología de estos o de algún vicio, con el propósito de causar daño físico, psicológico, emocional, para impedir el ejercicio de un derecho o del servicio público u otros análogos, en contra de cualquier persona física o moral privada u oficial (…)". Con esta nueva reforma al código penal se crea un mecanismo más de inhibición social para la denuncia y movilización ciudadana, bajo el supuesto de que al reclamar derechos afectados están "incitando" a la violencia.

2.- El pasado 30 de Enero, elementos de la Policía Estatal Preventiva desalojaron a un grupo de indígenas que realizaban un plantón afuera de las oficinas de la Secretaría de Pueblos Indios (SEPI), la protesta de los indígenas, pertenecientes a la Alianza de Organizaciones y Partidos Políticos para el Desarrollo y Defensa de los Derechos de las doce Lenguas Indígenas, reclamaba pacíficamente la destitución del titular de la dependencia estatal.

3.- El pasado 31 de Enero, fue detenida la caravana de vehículos de la Organización de Maiceros de la región Centro de Chiapas que participó en la concentración de Tuxtla Gutiérrez en el marco de las movilizaciones de protesta contra la apertura del paquete agropecuario del Tratado de Libre Comercio (TLC). En el operativo, policías estatales en coordinación con elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y de Agencia Federal de Investigaciones detuvieron a Pedro Matusalén Vázquez, originario de la comunidad de Nicolás Ruiz. Al anochecer el campesino fue liberado bajo la advertencia de no volverse a "meter en nada" y decirle a sus compañeros que no volvieran a venir porque a la próxima serían más.

4.-El pasado 5 de febrero, uno de los principales oradores en la movilización campesina que se celebró en Tuxtla Gutiérrez el pasado 31 de enero, Felipe Hernández Yoena, fue detenido por policías estatales, quienes lo acusaron de los delitos de motín y rebelión. La detención se dio en la cabecera municipal de Venustiano Carranza, donde Hernández Yoena labora como maestro de matemáticas. Con acciones coordinadas por sus compañeros, familiares y la intervención de este Centro la noche del día 6 fue liberado bajo reservas de ley. Sus compañeros campesinos recibieron otra advertencia al decirles que el problema del TLC era federal, que no tenían porqué manifestarse en Chiapas, que el gobernador no quería manifestaciones ni problemas en el estado.

5.- El mismo 5 de Febrero, policías estatales y municipales desalojaron a habitantes de las colonias Pomarosa, Miravalle, Villareal, y Canteras de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez mientras se manifestaban frente al palacio de gobierno para exigir seguridad en su zona. Actualmente hay cuatro detenidos acusados del delito de ataques a las vías de comunicación. Por su parte el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Jaime Valls Esponda, advirtió que va a "hacer prevalecer la ley por encima de intereses personales o de grupo".

Los hechos que se han registrado en menos de un mes en Chiapas dan cuenta de la tendencia hacia criminalizar las protestas sociales y ciudadanas en la exigencia de sus derechos.

Debemos insistir en que la protesta social es la garantía social de los derechos humanos frente a gobiernos que incumplen con garantizar los mismos; por lo cual a la protesta social se le reconoce como autotutela de derechos, que son formas de acción en las que los propios titulares emplean vías directas para reclamar o defender un derecho.

* Grupos en Chiapas de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los derechos para todas y todos"
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C (San Cristóbal de Las Casas)
Centro de Derechos Humanos "Fray Matías de Córdova", A.C (Tapachula)
Centro de Derechos Indígenas A. C. (CEDIAC) (Bachajon)
Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal L. C)
Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (CDLI) (Palenque)
Comité de Derechos Humanos "Fray Pedro Lorenzo de la Nada", A.C. (Ocosingo)

* Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C.