Cavallo: extradición y justicia

Editorial

El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, autorizó ayer la extradición a Argentina de Ricardo Miguel Cavallo, ex militar señalado de haber cometido crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar argentina de 1976 a 1983, periodo durante el cual dirigió uno de los máximos centros de detención, tortura y exterminio de opositores al régimen militar, la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), de Buenos Aires.

A partir de su captura, en México, en el año 2000, cuando se desempeñaba como director del extinto Registro Nacional de Vehículos, el proceso del antiguo operador de la dictadura militar ha revestido importancia histórica, al sentar un precedente en la lucha de la justicia internacional contra los responsables de delitos de lesa humanidad: su extradición a tierras ibéricas, en 2003, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó por mayoría de votos la solicitud de la justicia española para entregarlo, constituyó el primer caso en que dos naciones aplicaron la doctrina de la “justicia universal” en la persecución de crímenes contra la humanidad, en este caso, los cometidos en Argentina en las décadas de los 70 y 80. Ha de recordarse que un intento anterior por llevar a cabo el mismo procedimiento tuvo lugar en 1998, cuando España solicitó a Inglaterra la extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet. En aquel entonces, sin embargo, las autoridades londinenses se negaron a colaborar en esta petición y decidieron devolver a Pinochet a su país, con lo cual se canceló la posibilidad de dar un paso de enorme trascendencia en contra de la impunidad.

Ahora, el proceso de Cavallo vuelve a plantear un referente histórico de suma importancia para la justicia internacional, al haberse acordado su envío a Argentina con base en el tratado de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal, suscrito entre México y España. Ciertamente, el acuerdo bilateral llega en un momento por demás oportuno, sobre todo si se toma en cuenta que el ex militar ha permanecido preso por casi ocho años sin que se haya iniciado juicio en su contra, no obstante que la justicia española ha reunido pruebas que demuestran su responsabilidad en decenas de secuestros, desapariciones y actos de tortura, y a pesar de que esa tardanza llegó a abrir la perspectiva indeseable de que el presunto secuestrador y multihomicida recuperara su libertad.

Por lo demás, la pertinencia y necesidad de la extradición de Cavallo a su país radica en una de las nociones de justicia más elementales: sus acciones criminales durante la dictadura fueron padecidas por el pueblo argentino y, por tanto, es a éste al que en última instancia corresponde enjuiciarlo y condenarlo. Así sea a tres lustros de haber terminado la dictadura y a más de ocho años de su captura en México, Cavallo debe rendir cuentas por el cúmulo de atrocidades cometidas durante un periodo particularmente negro en la historia de esa nación. Su extradición es, por tanto, un paso imprescindible para que se haga justicia en nombre de las víctimas de la dictadura, de sus familiares y del conjunto de la sociedad argentina.