Desfiladero

Jaime Avilés

Un coyote llamado Mouriño

En YouTube, letrero de “se vende Pemex”

Asociación delictuosa de funcionarios de alto nivel

En evidencia, la alianza Calderón-chuchos

Felipe Calderón ha iniciado de la peor manera posible su campaña hacia la privatización de la industria petrolera. La semana pasada, militantes de la resistencia civil pacífica obtuvieron, y colgaron en el portal de YouTube, un video de cinco minutos, hecho en Los Pinos, que pretende convencer al respetable público de que Pemex debe “asociarse” con empresas privadas extranjeras para explotar los ricos yacimientos de crudo que hay en el Golfo de México a 3 mil metros de profundidad.

En su entrega del sábado anterior, Desfiladero invitó a sus lectores a gozar de ese interesante material propagandístico. Hasta anoche unas 5 mil personas lo habían visto, después de teclear las palabras “spot Pemex”, en el buscador de YouTube. Y casi todos los comentarios que los espectadores han dejado en el foro adyacente rechazan la tesis oficial de que México no puede obtener la tecnología indispensable para extraer ese petróleo sin compartir las ganancias con intereses privados, como repite hasta el cansancio la voz del locutor.

Al día siguiente, domingo, en un mitin frente a la torre de Pemex, Andrés Manuel López Obrador puso en manos del diputado Javier González Garza un paquete de expedientes que documentan irrefutablemente las actividades ilícitas que el ahora secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, efectuó entre los años 2000 y 2003, primero como diputado federal panista y presidente de la Comisión de Energía –cuando Calderón coordinaba la fracción parlamentaria de AN– y luego como subsecretario de Energía, cuando el michoacano era titular de la dependencia.

Aprovechando sus cargos públicos, Mouriño firmó contratos con Pemex por más de 26 millones de pesos, para que su empresa, Transportes Especializados Ivancar, trasladara productos derivados del petróleo sobre las rutas Irapuato-Guadalajara, Rosarito-Mexicali, Ciudad Madero-San Luis Potosí y Gómez Palacio-Parral.

“Mouriño pudo firmar los tres contratos con Pemex gracias a que su hermana María de los Ángeles Mouriño Terrazo le cedió ‘poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio’ (…) ante el notario público 2 de Champotón”, Campeche, de acuerdo con la nota de Enrique Méndez y Ciro Pérez Silva publicada ayer por La Jornada.

En una de las copias de ese contrato, se lee con toda claridad que lo firmaron “por una parte Pemex Refinación, representado por el ingeniero Jesús Villarreal Gallegos en su carácter de gerente de transporte terrestre, a quien en lo sucesivo se le dominará Pemex Refinación, y por la otra la empresa Transportes Especializados Ivancar SA de CV, representada por el sr. Juan Camilo Mouriño Terrazo en su carácter de apoderado general, a quien en lo sucesivo se le denominará el transportista”.

Frente a la elocuencia de esos documentos, Mouriño olvidó lo que había prometido semanas atrás, cuando al llegar a Gobernación afirmó que “no dialogaría” con López Obrador sino con el Congreso en torno a la privatización de Pemex. Sin embargo, anteayer, de visita en Los Cabos, Baja California Sur, donde atendía a representantes de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, en el contexto de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), se tragó sus palabras.

Pálido, frío, con ojos de piedra y sin escrúpulos de ninguna clase, el favorito de Los Pinos negó que hubiese cometido tráfico de influencias al amparo de sus cargos públicos, y ofreció entregar a las autoridades competentes (?) toda la información que tiene al respecto para que ésta emita “una opinión legal”. Eso, hay que repetirlo, sucedía el jueves. Pero Mouriño no contaba con que ayer, viernes, un segundo expediente lo señalaría como culpable de haberle entregado a la petrolera española Repsol, sin licitación pública de por medio, un contrato por 16 mil millones de dólares, para que ésta le venda gas natural, importado de Perú, a la Comisión Federal de Electricidad.

A la luz de tamañas denuncias, que pintan a Mouriño como un verdadero agente de los intereses ibéricos en México, y como un coyote de alcances ilimitados, empieza a entenderse con más claridad a qué obedeció la saña del linchamiento que los medios de comunicación, orquestados como de costumbre por la batuta de Bucareli, lanzaron desde el mismo domingo, y sostuvieron a lo largo de toda la semana, en contra de los seguidores de López Obrador, tras lo que ahora resulta ser un nuevo montaje, en esta ocasión protagonizado por Carlos Navarrete y un puñado de provocadores, para tender la enésima cortina de ruido sobre los asuntos que la derecha golpista no desea que la gente conozca.

Pero si las revelaciones de López Obrador confirman que detrás de la llamada “reforma energética” hay una escandalosa corrupción, en que sobresalen tanto el tráfico de influencias como la asociación delictuosa de funcionarios de alto nivel para privatizar Pemex, la pataleta, pésimamente escenificada por Navarrete y por el propio González Garza, y secundada por los diputados Juan N. Guerra y Francisco Sánchez Arreola, debilita otro segmento fundamental de la estrategia calderonista para la venta de la industria petrolera: la alianza del gobierno de facto con los chuchos.

Una cosa es una rechifla –expresión civilizada de repudio colectivo–, y otra muy distinta es la agresión física de unos montoneros a una persona indefensa. Sin embargo, pese que a González Garza se llevó tan sólo una sonora y prolongada rechifla en recompensa a su “patriótica” labor legistaliva, y Navarrete sufrió en cambio un reprobable acoso con violencia física, ambos dijeron en todos los medios que habían sido víctimas de un “ataque”.

A continuación, Juan Guerra –a quien mucho le ha complacido la designación del nuevo Luis Carlos Ugalde en el IFE– señaló al autor de esta columna y a otros escritores y dibujantes de La Jornada como instigadores de la rebelión de las masas antichuchistas, pero Sánchez Arreola fue aun más lejos al adelantar que presentaría ante la Procuraduría General de la República una denuncia penal contra un blog de la resistencia.

Entre tanto, González Garza y Ruth Zavaleta se dejaron agarrar los brazos y la espalda, insistentemente, al retratarse con Emilio Gamboa y César Camacho, la mañana del martes, entre sonrisas de júbilo, cuando aprobaron la ley Gestapo con leves modificaciones, poniéndose una vez más al servicio de los intereses de Calderón y traicionando a sus votantes, que no los eligieron para que respaldaran políticas de la derecha golpista.

Allá ellos, que optaron por separarse del movimiento de masas que los elevó al poder... Legislativo. A sólo 15 días de las elecciones en el PRD, que los chuchos ganarán mediante un fraude cocinado meses atrás, los caballos de Troya que Calderón incrustó en las filas de López Obrador, se reducirán a meros caballitos de feria, para entretenimiento y diversión de los curiosos.