Los laberintos de Calderón

Víctor Flores Olea

Para el genérico observador político los enredos acumulados de Calderón serían el resultado normal de la torpeza: la reforma legislativa y eventualmente constitucional para privatizar las ganancias de PEMEX, la modificación del procedimiento penal (ya aprobada por la Cámara de Diputados con la feliz eliminación de un dispositivo que hubiera permitido el allanamiento del domicilio sin orden judicial) y, por supuesto, el haber sacado al Ejército de los cuarteles en tareas policíacas, lo cual palmariamente es inconstitucional (aunque mucho se discuta la mayor eficacia del Ejército en la guerra contra el narcotráfico y el contrabando de armas).
Pero además no puede olvidarse el tremendo retraso que tiene ya la revisión de la Ley de Medios ordenada por la Suprema Corte de Justicia, que duerme el sueño de los justos en el Senado de la República, y acerca de la cual una gran cantidad de organizaciones civiles presionan para que cuanto antes se haga realidad, en los términos fijados por el más alto tribunal que corrige las principales aberraciones de la Ley Televisa, aprobada previamente por la Cámaras de Diputados y Senadores. La reciente reunión de la AMEDI que encabeza Javier Corral y de otras organizaciones sociales subrayaron no solamente los lineamientos democráticos de una genuina ley de información, sino también el freno que se le ha puesto a su concreción, seguramente por la intervención de intereses contrarios.
Pero para el no tan genérico observador, el enredo no es tan ingenuo sino en el fondo motivado por intereses cuyas puntas se asoman de manera clara. No es casual que ahora, en el momento de su mayor auge, se pretendan privatizar los ingresos de PEMEX, o que el Ejército esté en las calles cuando se pretende sacar una ley judicial que vulnera a los derechos humanos y sociales. Y que el Senado de la República se resista a concretar una ley que tendería a garantizar el derecho ciudadano a la información y a la comunicación, la rectoría del Estado sobre el espectro radioeléctrico, a crear un órgano regulador autónomo de los medios, a promover la diversidad de contenidos y también la pluralidad de los emisores (según la exposición última de Javier Corral). Una ley, conforme al art. 27 constitucional y la sentencia de la Suprema Corte, que debería terminar con el duopolio de la Televisión, que es una de las vergüenzas de México hoy.
Las razones profundas de este laberinto brincan por todos lados, y no son simplemente el efecto de la incompetencia. Al contrario, serían el resultado de una cuidadosa orquestación de intereses, no por cierto en beneficio de la sociedad mexicana. Una causa es sobre todo evidente: la voracidad de las empresas extranjeras (y nacionales) que, sobre todo ahora que están por las nubes los precios del petróleo, presionan para que se privatice la riqueza generada, sin que necesariamente ambicionen la titularidad de las empresas. Ellos prefieren sobre todo el cobro (y la acumulación) contante y sonante, no forzosamente los trastos de la compañía. Como hoy funciona el neoliberalismo: el valor de cambio se ha convertido sobre todo en financiero, en bolsas que se abren para verse repletas de fortunas y no de títulos de propiedad.
Es cierto: si se despojara a los mexicanos de su patrimonio de energéticos encabezados por el petróleo, su futuro se verá cada vez más ensombrecido, clausurado definitivamente. No es que se incite a la violencia sino que simplemente se observan los hechos, hasta pudiera decirse que los verdaderos incitadores a la violencia son los privatizadores, porque le rompen las alas al posible beneficio del pueblo, a su futuro más promisorio. No nos extrañemos que esta nueva operación, después de muchas otras que han dejado en los huesos a la economía nacional, sea la causa de la violencia que puede desencadenarse, inclusive de levantamientos desesperados del pueblo.
Todo se combina: el Ejército en las calles que hasta ahora parece batallar sobre todo en contra del “crimen organizado” (no sin represiones y violaciones a los derechos humanos y sociales), serviría en ese momento de extensa red de contención y represión generalizada. El saqueo del pueblo, que tarde o temprano provoca la reacción social, estaría apoyado por la mano dura del Ejército dispuesto en línea. La historia del país cambiaría otra vez, y nos enfilaríamos a otra etapa de crueles enfrentamientos.
¿Verdad que no es tan difícil encontrar los cabos sueltos de las iniciativas políticas del Estado panista, y más allá de ese partido? ¿No es verdad que las puntas del embrollo se asoman con meridiana claridad? ¿Y no es verdad que están dirigidas a garantizar la impunidad en el saqueo del pueblo y el usufructo de la riqueza nacional por unos cuantos, echando mano de la represión si fuera el caso? ¿Y no es verdad que los llamados dirigentes se comportan como cortesanos de sus amos de dentro y fuera? ¿Y no es alarmante que ya se toman las providencias del caso con el Ejército mexicano fuera de los cuarteles, con una ley judicial para el mayor control de la sociedad y su eventual represión, y con una ley de medios que obedece más a la voluntad de controlar que de informar?