Gobierno insensible

Editorial

El gobierno de Colombia, encabezado por el presidente Álvaro Uribe, se negó ayer a indemnizar a los familiares de los estudiantes mexicanos Juan González del Castillo, Fernando Franco Delgado, Verónica Natalia Velázquez Ramírez, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Soren Ulises Avilés Ángeles, del Instituto Politécnico Nacional, asesinados durante el ataque a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que perpetró el ejército colombiano el pasado primero de marzo en Ecuador, durante el cual, además, resultó herida Lucía Morett Álvarez, también integrante de la máxima casa de estudios. Según manifestó el mandatario colombiano, en declaraciones divulgadas mediante un escueto comunicado, el gobierno de ese país no está obligado a pagar indemnizaciones por lo que llamó “acciones legítimas” contra “grupos terroristas”. Tal determinación se dio tan sólo unas horas después de que el canciller de esa nación sudamericana, Fernando Araújo, afirmó que analizarían la posibilidad de indemnizar a los deudos de las víctimas.

Era de preverse la respuesta de un gobierno colombiano cuyo signo ha sido desestimar sistemáticamente la gravedad de lo que hizo: asesinar a mansalva a una veintena de personas, entre ellas el principal negociador de la guerrilla colombiana, Raúl Reyes, algo que debe ser considerado como un crimen de guerra; violentar la soberanía de un país vecino, como Ecuador y, por si fuera poco, justificar como una “acción legítima” el aniquilamiento de cuatro ciudadanos mexicanos que, a decir de la propia Morett Álvarez, se encontraban en el lugar como parte de una actividad académica.

De manera significativa, la primera sesión del año del Consejo Universitario de la UNAM, encabezada por el rector José Narro Robles, sirvió como marco para la condena al ataque del ejército de Colombia contra el campamento de las FARC, así como de exigencia para que las autoridades mexicanas asuman la defensa de los cuatro estudiantes muertos, sus familias, y de la sobreviviente mexicana.

Acaso lo más grave de todo sea precisamente el amplio margen que el gobierno mexicano, con su actitud tibia e indolente, ha otorgado al Palacio de Nariño para justificar el atropello. Ayer mismo, la cancillería mexicana afirmó que el gobierno de Felipe Calderón seguirá gestionando la entrega de una indemnización a las familias de las víctimas, cuando la principal demanda de éstas ha sido una protesta enérgica ante Colombia por el asesinato de connacionales en Ecuador, sin que hasta el momento haya habido ni la más mínima queja por parte del gobierno federal.

Por el contrario, la administración calderonista ha abandonado a su suerte a los deudos de los mexicanos caídos y ha tolerado el conjunto de voces insidiosas que, desde varios medios de comunicación, pretenden justificar la muerte de esos estudiantes a manos del ejército colombiano e incluso describen a la UNAM, en el colmo del dolo y la descalificación, como un semillero de adeptos a las FARC.

En suma, el gobierno federal ha exhibido, además de una profunda insensibilidad, una lamentable actitud de desentendimiento con respecto a su responsabilidad de procurar el bienestar de los mexicanos dentro y fuera del territorio nacional, y de hacer valer el derecho más fundamental de todos: la vida.