Semana internacional del detenido desaparecido

Julio Pimentel Ramírez

I
Esta última semana de mayo se conmemora la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, jornada de lucha en la que se exige la presentación de las más de cien mil personas que en nuestro Continente -incluido nuestro país- han sido víctimas de ese delito de lesa humanidad, al tiempo que se exige verdad y justicia así como castigo a los responsables intelectuales y materiales de la cruenta represión que han vivido y aún padecen nuestros pueblos.
Con frecuencia escuchamos desde los ámbitos del poder e incluso voces de personas de buena fe, exhortar a que el pasado quede atrás, clamando que son tiempos de reconciliación y que debemos ver para adelante olvidando rencores añejos. Esta posición del perdón y el olvido deja de lado el hecho de que para que una sociedad sane de los agravios y los daños padecidos, se requiere conocer la verdad, deslindar responsabilidades y sancionar a los culpables de delitos de lesa humanidad, al tiempo que se crean condiciones para que no se repitan hechos tan graves.
En el México actual que vive un acelerado proceso de descomposición social, propiciado por las políticas neoliberales instrumentadas por el Estado mexicano al servicio del capital transnacional y de los voraces grupos de la oligarquía “nacional”, en el que el narcotráfico y el crimen organizado pasan a ser parte de la cotidianidad y a los que se pretende enfrentar con una estrategia basada en el poder de las armas, relegar la memoria histórica que nos enseña los riesgos de que la política deje su lugar a las armas es peligroso, por decir lo menos.
De la declarada “guerra” calderonista al narcotráfico, que implica la militarización de la seguridad pública y el profundo trastorno de la vida cotidiana, como puede verse en varias ciudades del Norte del País -pero no sólo en esa región de la República, pues ese flagelo hace metástasis en todo el cuerpo de la nación-, a la criminalización de los movimientos sociales y su subsecuente represión hay una tenue frontera que puede ser rebasada en cualquier momento, de hecho esto ya ha acontecido.
Por esto, precisamente por esto, desde las páginas del Diario de la Dignidad, Identidad y Soberanía hemos insistido en recordar los crímenes que en el pasado cometió el Estado utilizando a diversos cuerpos policíacos y al Ejército mexicano no para salvaguardar la integridad de nuestro territorio sino para reprimir el descontento social y la oposición política. El saldo fue el de cientos de torturados y encarcelados injustamente, decenas de ejecutados extrajudicialmente y más de mil 200 detenidos desaparecidos.
Este 25 de mayo, en víspera de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, jornada de lucha que se lleva a cabo en México y Latinoamérica desde hace varias décadas, se cumple un año de la detención desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, personas que reclama como sus militantes el Ejército Popular Revolucionario (EPR), organización político militar que ha planteado la posibilidad de una especie de diálogo con el gobierno federal a través de un grupo de intermediación conformado por intelectuales y luchadores sociales distinguidos, cuyo único punto -al menos por parte del EPR- es el de la presentación con vida de sus compañeros.
Por otro lado el 26 de este mismo mes se cumplen ocho meses de la desaparición de Francisco Paredes Ruiz, defensor de los derechos humanos y luchador social michoacano, día en el que coincidentemente cumple años ahora apartado de sus seres queridos por esas fuerzas represivas del Estado que se resisten a dejar atrás viejas prácticas autoritarias, antidemocráticas y violatorias tanto de los derechos humanos como de las leyes establecidas.
En un país medianamente democrático no se requeriría de presiones e instancias especiales para resolver problemas graves de violaciones a los derechos humanos. El Estado debe de responder a las demandas de los familiares de las víctimas y no persistir en prácticas que han dejado en el país miles de personas afectadas, que durante muchos años han peregrinado incansablemente exigiendo justicia en medio de indiferencia, hostigamiento y persecución de los encargados de procurarla e impartirla.
Los familiares (víctimas también de este delito de lesa humanidad) de los cientos de detenidos desaparecidos, tanto los de la llamada “guerra sucia” como los ocurridos en tiempos recientes, incluida la actual administración federal, esperan verdad y justicia, fin a la impunidad y presentación con vida de sus seres queridos.