Criminalizar acceso al empleo

Carlos Fernández-Vega

Inmigrantes van a trabajar y no a saquear recursos naturales, reclama Evo Morales a países de la UE

Mutis del gobierno de Calderón

Con una visión eminentemente racista, el Parlamento Europeo consideró pertinente criminalizar selectivamente uno de los derechos humanos más elementales: el del acceso al empleo. Y los “criminales” son, a partir del miércoles pasado, los migrantes extra comunitarios (léase latinoamericanos, africanos y asiáticos) que osen buscar ocupación en las fábricas y campos de los países agrupados en la Unión Europea.

Cuatro días atrás los eurodiputados de los 27 países comunitarios votaron favorablemente la llamada “directiva de retorno” (367 a favor, 206 en contra y 109 abstenciones, por medio de la cual a partir de 2010 se castigará hasta con 18 meses de prisión a los migrantes indocumentados (incluidos menores de edad sin protección de adultos) que cometan el delito de lesa humanidad de buscar empleo (léase mejores condiciones de vida) en naciones de la UE. Tras salir de prisión, deberán abandonar las fronteras comunitarias.

Indignada ha sido la reacción de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos (el mexicano no ha dicho ni pío) por la decisión de los eurodiputados, e incluso el presidente Hugo Chávez lanzó la siguiente advertencia: “país europeo que aplique la directiva de retorno dejará de recibir petróleo venezolano”, y convocó a la unión de América Latina frente a la “directiva del bochorno”.

Es el único mandatario latinoamericano que de inmediato obtuvo respuesta de, cuando menos, el gobierno español. José Luis Rodríguez Zapatero apresuradamente dijo que explicará al venezolano la “directiva de retorno de inmigrantes, porque ha habido muchas interpretaciones. No tenga ninguna duda de que se lo explicaremos”, para que no haya ninguna reacción” y “para que la relación de Europa con todos los países latinoamericanos siga siendo positiva”.

Para los demás presidentes regionales que han protestado por tal “directiva”, sólo el silencio, tal vez porque no han advertido con la cancelación de voluminosos envíos energéticos o jugosos negocios para los grandes consorcios españoles, pero lo cierto es que hasta el momento el único gobierno que no ha dicho absolutamente nada ha sido el de la “continuidad”. Es de suponer que Calderón no quiere “arriesgar” el reciente “acuerdo laboral” firmado con España durante su reciente gira de mantón y castañuelas, pero parece “olvidar que miles de mexicanos forman parte de la “depuración” ordenada por el Parlamento Europeo.

Por el contrario, el presidente boliviano, Evo Morales, anunció que su gobierno encabezará una campaña mundial de protesta contra la “directiva de retorno”, a la que calificó de “vergonzosa, inadmisible y “altamente discriminatoria” que podría despertar enfrentamientos entre Europa y América Latina”, al tiempo que es violatoria de “elementales derechos humanos”. Hizo un llamado a los jefes europeos de Estado a no cometer “otra agresión contra la vida de miles de emigrantes; muchos bolivianos viajaron a Europa a buscar sustento económico, a sobrevivir, y no a saquear recursos naturales”.

El mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, se pronunció en igual sentido; “la directiva del retorno es la directiva de la vergüenza, es una vergüenza lo que ha hecho Europa; uno se siente muy impotente porque es el doble discurso y la doble moral de los países desarrollados, que les exigen muchas cosas (a los migrantes) y que se aprovecharon de nosotros. ¿Que habría pasado si América Latina hubiera adoptado esa directiva con los españoles que tuvieron que salir forzosamente de su país? El derecho de migrar es un derecho del ser humano a estar en cualquier lugar del planeta. ¿Cómo se puede sostener, con qué calidad moral se puede sostener una globalización que cada vez busca la inmediata movilidad de capitales, pero criminaliza la movilidad de seres humanos?”

De forma paralela, en el ámbito del Mercosur los gobiernos de Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina y Perú coincidieron en que la norma aprobada por el Parlamento Europeo “es discriminatoria y violatoria de los derechos humanos y, en particular, el derecho a la libre circulación”. De igual modo, los cancilleres de la Comunidad Andina rechazaron la “directiva de retorno”, y exigen a la Unión Europea decisiones bilaterales en esta materia.

Como recordamos en días pasados, el país “preferido” por los latinoamericanos que emigran es España, y en este sentido las estimaciones más recientes ubican en cerca de 2 millones el número de adultos de esta región que viven en el país europeo, quienes en 2006 enviaron a sus respectivos países poco más de 5 mil millones de dólares, monto que podría incrementarse (cálculo previo a la aparición de la “directiva de retorno”) a 7 mil millones en el 2010, de acuerdo con el Ministerio de Economía de aquel país.

Para los países latinoamericanos la “directiva de retorno” es una bomba de muy corta mecha, puesto que no sólo cancelaría cuantiosos recursos derivados de las remesas, sino el potencial regreso masivo de sus ciudadanos, ahora expulsados por tres. En enero de 2001 la población adulta de inmigrantes latinoamericanos en España se aproximó al medio millón; en enero de 2006, a un millón 600 mil y para 2008 a cerca de 2 millones, quienes, según el acuerdo de los ministros del Interior, deberán hacer maletas.

De los casi 2 millones de adultos latinoamericanos residentes en España (que constituye casi la mitad de los inmigrantes totales), la mayoría es de nacionalidad ecuatoriana (414 mil del total); le siguen colombianos (269 mil), argentinos (262 mil), bolivianos (136 mil), peruanos (126 mil), venezolanos (113 mil), brasileños (85 mil), dominicanos (84 mil), cubanos (79 mil), uruguayos (69 mil), chilenos (55 mil), centroamericanos (53 mil; el estudio no especifica más), mexicanos (40 mil) y paraguayos (35 mil).

Las rebanadas del pastel

¿Y el gobierno mexicano? Guarda silencio sepulcral. Total, no tenemos la misma bronca en la frontera norte. Lo único bueno de todo esto es que la “directiva de retorno” no pone en riesgo los negocios de Zambrano, Slim y demás multimillonarios consentidos del régimen, porque de ser así el michoacano ya habría movilizado la Quinta Flota de Chalupas y ordenado el desembarco de tropas en costas europeas.