Alberto Híjar
En mal momento político emprenden gira por Sudamérica los familiares de los masacrados en Sucumbíos, Ecuador. Llegarán una semana después del discurso de Hugo Chávez contra las guerrillas y cuando marchan los preparativos de la reunión entre él y Alvaro Uribe, el presidente colombiano. En Ecuador y por iniciativa del fiscal de Sucumbíos, un juez ha dictado orden de aprehensión contra Lucía Andrea Morett pese a la reprobación del presidente Rafael Correa. En México, la ampliación de la denuncia de hechos de Mejor Sociedad, Mejor Gobierno, de Guillermo Velasco Arzac y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de José Antonio Ortega, agrega como pruebas de terrorismo y otros delitos semejantes, una declaración de Lucía Andrea mientras sufría dolorosas curaciones de sus heridas. Original tortura e interrogatorio disfrazados de atención médica.
El video editado, según confesión de los videoastas judiciales de Ecuador, es ofrecido como prueba junto con mensajes de la computadora del Comandante Raúl Reyes que en caso de existir luego de sobrevivir al calor intenso del bombardeo del campamento, fue manipulada por el ejército colombiano sin la debida custodia que garantiza su integridad y su valor forense. Pasado el tiempo de la denuncia y la protesta airada, salvo por las actividades académicas de la Cátedra Bolivariana y la marcha de los familiares de las víctimas el lunes 16 de junio, parece ser éste el tiempo de la defensa con los amparos tramitados por la oficina de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, de las pormenorizadas críticas sobre la computadora increíble y también de la escalada del Plan Colombia para extenderlo hacia el Norte con el Plan México corregido y aumentado en cuanto Bush pase a ocupar su lugar en el muladar de la historia. Muchos dólares están de por medio como para que los funcionarios los ignoren. La parte civil de la conspiración ultraderechista cumple apoyada por la Organización Demócrata Cristiana de América con Manuel Espino al frente, el apoyo de Aznar en España y la complicidad de cardenales como el de Jalisco, el gobernador fascista de ese estado y otros monstruos contrainsurgentes que los acompañan. Mal momento político para los familiares de Verónica, Fernando, Juan, Soren y Lucía.
Así tiene que ser cuando los infames dominan y obligan a la dignidad a refugiarse en unos pocos activos y decididos. Los mismos que en la gira del presidente espurio Calderón y su séquito de empresarios por la España monárquica y neoimperial, recibieron al grupo con siluetas de las muertas de Juárez, Atenco, Oaxaca, Chiapas y Guerrero y con gritos con la impunidad de los criminales del Estado mexicano. Minorías igualmente activas atenderán a los familiares de las víctimas de Sucumbíos si es que los gobiernos lo permiten y a la par, el Socorro Rojo difunde ya con organizaciones fraternas, el análisis crítico de las denuncias de hechos presentadas a la Procuraduría General por las filiales de El Yunque.
Socorro Rojo ha decidido no enredarse en proceso jurídico alguno porque carece de recursos para enfrentar a la cerrada red de influencias y apoyos infiltrada en el Poder Judicial. Tampoco procede la denuncia de derechos humanos violados porque aún no procede el Estado contra los indiciados y la calumnia y la difamación han dejado de ser delitos igual que la intervención de teléfonos, ordenadores y domicilios otrora privados y sagrados. Velasco Arzac y Ortega solicitaron al Procurador General revisar viajes recientes, asegurar cuentas bancarias, identificaciones y teléfonos como si no lo estuvieran ya mismo. Así acostumbramos vivir amenazados, hostigados, intimidados los mal vistos por los Estados criminales. Somos millones los exigidos para responder con la denuncia constante de los crímenes de Estado siempre convocante de la solidaridad de los pueblos. Y para nuestra fortuna, contamos con medios de difusión tan soberanos, dignos e independientes como el que publica esta nota.
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