OIT: nombramiento incomprensible

Editorial

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) designó a México para integrar, junto con Australia, Francia, Japón, Kenia y Perú, el Comité de Libertad Sindical, un órgano cuya responsabilidad principal es examinar las quejas presentadas por presuntas violaciones a la autonomía de los sindicatos.

Dada la situación que guarda el sindicalismo en México, la designación de la OIT resulta incomprensible. En efecto, en nuestro país persiste un injerencismo ostensible, por parte del gobierno, en la vida interna de las organizaciones laborales, fundado en un añejo sistema corporativista que, por desgracia, no fue destruido con la alternancia de logotipos en la Presidencia de la República. Esa ausencia de libertad puede percibirse en el control de los registros sindicales por parte de las autoridades, y en la condescendencia y hasta complicidad que éstas mantienen con las cúpulas sindicales charras al tiempo que excluyen, cuando no hostigan y persiguen políticamente, a las organizaciones independientes y opositoras.

En la actualidad destaca el acoso oficial que ha enfrentado el Sindicato de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana desde el sexenio de Vicente Fox, quien emprendió una campaña de descalificaciones y persecución en contra de su dirigente, Napoleón Gómez Urrutia, por presunto desvío de fondos –acusaciones de larga data que, sin embargo, no cobraron relevancia para las autoridades hasta que el líder minero comenzó a criticar al gobierno por la tragedia de Pasta de Conchos–. Como parte de esa embestida oficial, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), entonces a cargo de Francisco Salazar Sáenz, intentó imponer una dirigencia gremial espuria, encabezada por Elías Morales. En el presente sexenio la administración federal ha continuado esa ofensiva a la organización laboral minera, con los intentos por fragmentar y debilitar al gremio y el empleo de meros trámites administrativos, como la toma de nota del dirigente minero, recientemente relegido, como instrumentos de golpeteo político por parte de la STPS.

Por otra parte, la opinión pública asiste cotidianamiente al refrendamiento de las alianzas que la actual administración mantiene con las cúpulas sindicales más descompuestas y caciquiles, como las que controlan al magisterio y a los petroleros: así lo demuestra la participación sistemática de Elba Esther Gordillo, ya sea personalmente o por medio de sus operadores, en las decisiones del gobierno calderonista, y el margen de impunidad que la administración en turno ha otorgado a la dirigencia petrolera, cuya corrupción, por cierto, constituye una fuga importante de la riqueza que genera la industria nacional de los hidrocarburos.

Adicionalmente, en concordancia con el modelo económico vigente que demanda hacer de México un país “atractivo para las inversiones”, las recientes administraciones han implementado medidas como la injusta contención salarial y la derogación de conquistas laborales y sociales, que perjudican a la clase trabajadora y contribuyen a la destrucción del sindicalismo, último de los reductos para la defensa de los salarios y del bienestar laboral que, sin embargo, es visto por la lógica neoliberal como un “lastre para la competitividad”.

Por lo demás, y de forma significativa, la incorporación de México al Comité de Libertad Sindical implica un contrasentido adicional al darse en un momento en que se vislumbra una reforma en materia laboral –la llamada ley Alarcón– que, a decir de especialistas en el tema, privilegia la visión de los empresarios en perjuicio de la clase trabajadora.

En suma, y ante estos elementos de juicio, queda de manifiesto que el gobierno mexicano carece de la autoridad moral para ejercer el nombramiento de la OIT y que bien valdría la pena, en cambio, que este u otros organismos emprendieran una revisión a fondo del estado que guarda la vida sindical en nuestro país.