Boletín Informativo ISA núm 466

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Sumario:

I. Llama López Obrador a las bases priistas a oponerse a los acuerdos PRI-PAN que buscan privatizar Pemex

II. La exportación del modelo de vivienda mexicano a Centroamérica generará allá un problema social, declara el gobierno legítimo de México

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LLAMA LÓPEZ OBRADOR A LAS BASES PRIISTAS A OPONERSE A LOS ACUERDOS PRI-PAN QUE BUSCAN PRIVATIZAR PEMEX

Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los priistas que están en desacuerdo con la privatización del petróleo para que exijan a Carlos Salinas de Gortari, Emilio Gamboa Patrón, Manlio Fabio Beltrones y Enrique Peña Nieto que no hagan acuerdos con los panistas de arriba ni con intereses extranjeros para privatizar el petróleo.

El presidente legítimo de México indicó que los citados dirigentes priistas deben explicarle a la base de su partido las razones por las cuales están en negociaciones con los panistas de arriba, como Felipe Calderón y Juan Camilo Mouriño, y recomendó a la militancia priista tener cuidado y estar pendientes, porque las cúpulas del Revolucionario Institucional y de Acción Nacional preparan un nuevo plan para quitarles a los mexicanos la industria petrolera.

Lo anterior fue declarado por López Obrador en el marco de su recorrido del día de hoy por municipios yucatecos. Tanto en Tekit, como en Mama, donde temprano inició sus actividades, el dirigente de la izquierda mexicana explicó que en la madrugada del 29 de junio, Carlos Salinas y Juan Camilo Mouriño se reunieron para acordar cómo van a lograr que los legisladores aprueben en el Congreso de la Unión la llamada reforma energética. “Los priistas de abajo me dicen que no están de acuerdo con la privatización del petróleo, porque viola los estatutos del PRI”, señaló.

López Obrador expresó que los potentados han establecido un modelo económico que sólo permite a los mexicanos sobrevivir. Mencionó que “el gobierno usurpador aplica programas sociales para que la gente la vaya pasando, mientras que los que se creen amos y señores de México se hacen más ricos”.

En el segundo día de gira por 24 municipios de los estados de Campeche y Yucatán, López Obrador comentó que en México existe una monstruosa desigualdad económica y social, con más pobreza y desempleo. Por ello, convocó a los yucatecos a crear un movimiento popular para evitar que el PAN y el PRI sigan hundiendo en la pobreza al pueblo de México.

En otro orden de ideas, el presidente legítimo de México destacó que el próximo 27 de julio se realizará la consulta popular sobre la llamada reforma energética en el Distrito Federal y en el Estado de México, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Baja California Sur, Zacatecas, Morelos, Hidalgo y Tlaxcala.

Asimismo, detalló, el 10 de agosto se hará una acción similar en los estados del sur del país y el 24 de agosto se efectuará la consulta en los estados del norte.

En Chumayel, el López Obrador explicó a los yucatecos que hay que defender el petróleo, porque 40 por ciento del presupuesto nacional proviene de la factura petrolera y, sin ese apoyo, los gobiernos estatales no pueden construir infraestructura y apoyar las actividades productivas.

Para mañana, sábado, Andrés Manuel López Obrador recorrerá los municipios de Tahmek, Hoctún, Xocchel, Cantamayec, Sotuta, y Yaxcabá.

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LA EXPORTACIÓN DEL MODELO DE VIVIENDA MEXICANO A CENTROAMÉRICA, GENERARÁ ALLÁ UN PROBLEMA SOCIAL, DECLARA EL GOBIERNO LEGÍTIMO DE MÉXICO

En vez de solucionar el gravísimo problema de cartera vencida y desalojos que se ha venido acrecentando en nuestro país, Felipe Calderón pretende exportar a Centroamérica “nuestro” modelo habitacional, con lo cual extendería a toda la región el conflicto social creciente que aquí ha significado. Los 33 millones de dólares que México aportará a la construcción de vivienda, según anuncio oficial, es sólo un gancho para que las naciones presuntamente beneficiadas importen este modelo de vivienda que, además de ser un agente de depredación ambiental y agraria, excluye a los sectores más pobres y sólo favorece a los constructores privados mexicanos.

La Secretaría de Asentamientos Humanos del Gobierno Legítimo de México deplora que Felipe Calderón actúe como representante de los intereses económicos que lo llevaron al poder de manera fraudulenta, y alerta a las naciones hermanas de los riesgos que implicaría adoptar el modelo inmobiliario que en nuestro país se ha convertido en un problema social.

En realidad, el “modelo” habitacional mexicano no es propio. Corresponde a un conjunto de políticas impuestas desde el exterior. México lleva 25 años siendo el laboratorio de las medidas económicas propagadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). A pesar de que se ha insistido hasta el hastío de su bondad y éxito, nuestro país prácticamente no ha experimentado crecimiento económico en las últimas tres décadas. El desempeño de nuestro país en 2007 y los pronósticos para 2008 no son distintos. Según datos del propio FMI, la economía nacional se ha colocado a la zaga de América Latina y el Caribe. En estos dos años registrará un crecimiento promedio del 3%, mientras que las economías de los países de esta región crecerán a una tasa de 5%.

Entre las recomendaciones de estos órganos neoliberales que México ha seguido ciegamente están la liberación del mercado de bienes mediante la desregulación de la economía; la privatización de empresas públicas; los controles de precio, eliminación de subsidios y la liberación de las tasas de interés. Uno de los propósitos fundamentales de estas medidas fue reducir la intervención del Estado en la producción y actividades financieras.

Estos lineamientos se tradujeron en reformas estructurales que han impactado a distintos ámbitos. En el sector de la vivienda, produjeron profundos cambios en los preceptos sociales y de regulación financiera de las leyes y normatividades que rigen a los organismos encargados de promover esta prerrogativa constitucional de los mexicanos. Las dependencias federales del ramo perdieron su carácter social que les dio origen y se transformaron en entidades bancarias. Así, el Estado mexicano pasó de ser un promotor de habitaciones a un simple facilitador, bajo un esquema de intermediarismo financiero que favorece a entidades privadas, monopolios inmobiliarios y a trasnacionales que lucran con la cartera vencida hipotecaria.

Bajo esta misma lógica de sumisión incondicional, México ha implantado el esquema de créditos hipotecarios que ha sumido a Estados Unidos y a buena parte de las entidades financieras del mundo en una crisis inmobiliaria mayúscula. Se trata de préstamos que otorgan tanto dependencias públicas como entidades privadas a personas cuya capacidad de endeudamiento es nula o baja, los llamados subprime o créditos de riesgo. Estos préstamos neutrones —como los llama el destacado economista estadounidense James Galbraith, pues destruyen a las familias— han generado una crisis de tal magnitud en esa nación que apenas la semana pasada el Senado tuvo que autorizar una garantía de Estado por cerca de 300 mil millones de dólares para créditos inmobiliarios a menores costo para los contribuyentes y así evitar que más de 500 mil personas pierdan sus viviendas y frenar la ola de juicios contra los deudores. Según The Wall Street Journal, 80 por ciento de la deuda de los consumidores estadounidenses —más de 12 billones de dólares— corresponde a créditos hipotecarios. Por si fuera poco, el volumen de las pérdidas en el sistema bancario global a partir del colapso de las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos asciende a 500 mil millones de dólares, según Francisco González propietario en México de Bancomer, el mayor banco comercial del país.

Como es de advertirse, este modelo bancario que el presidente de facto pretende implantar en Centroamérica con 50 mil acciones de vivienda en una primera etapa y 500 mil en el largo plazo, ha sido un fracaso total y se ha convertido en un problema social que crece día con día en nuestro país. Se citan tres ejemplos. Primero, de acuerdo con el INEGI, en octubre de 2007, el 14 por ciento de las viviendas del país —30.4 millones—, es decir, 4.3 millones, estaban deshabitadas. Las entidades con mayor número de estos casos son el Estado de México y Jalisco, con 318 mil y 259 mil, respectivamente.

Segundo, en junio de 2007 la cartera del Infonavit – dependencia que a partir de la década de los setenta ha construido más del 70 por ciento de las habitaciones en el territorio nacional – era de 110 mil créditos. Para mayo de este año, el número de créditos quebrados ascendió a 130 mil. Es decir, en menos de 12 meses la cartera vencida de ese Instituto aumentó en 18%. Esto se debe a dos factores básicos: al diseño mercantil de los créditos que los vuelve impagables y al creciente desempleo, porque cabe precisar que el crédito del Infonavit es una presentación cuya principal garantía es el empleo. Pero esta problemática no es privativa del Infonavit sino que se trata de una crisis general. De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cartera vencida del sistema financiero mexicano aumentó 2 mil millones de pesos en tres meses, colocándose en 27 mil 200 millones de pesos en marzo de este año. Asimismo, la cartera vencida de los créditos hipotecarios de la banca suma ya 9 mil millones de pesos, es decir casi el 10% del total de los créditos bancarios vencidos.

Finalmente, otro indicador contundente del fracaso social de la “política” de vivienda que ha intensificado los gobiernos de derecha es el creciente número de asentamientos irregulares en todo el país debido a la ausencia de una visión integral de desarrollo urbano que, entre otras cosas, garantice reserva territorial y la dotación de suelo a la población. De acuerdo con datos de Corett hay 53 millones de personas que no cuentan con vivienda escriturada y cada año se integran a zonas urbanas 300 mil hogares, de los cuales 125 mil ocupan el suelo de manera irregular. Esto se debe en buena medida a que las 9 desarrolladoras inmobiliarias que controlan el mercado en México —como Homex, Sare, Geo, Ara, Urbi— acaparan prácticamente la mayoría del suelo de las principales ciudades del país. De acuerdo con Jaime del Río, ex funcionario del Infonavit y actual director de Relación con Inversionistas de Ara, la reserva territorial de estas empresas se incrementó 36.4% para la construcción de un poco más de un millón de viviendas. “En México, 60% de la vocación de tierra para vivienda es ejidal, por lo que nosotros nos hemos vuelto expertos en este tipo de adquisiciones” declaró dicho empresario en el diario El Porvenir.

Como se ve este modelo favorece a estas desarrolladoras inmobiliarias en todos los sentidos, cuyos directivos, por cierto, a ratos son funcionarios de gobierno y a ratos sus gerentes; como es el caso que denunció el Consejo de Defensa de la Vivienda, CDV, acerca del español David Sánchez Tembleque, que como subdirector de Finanzas del Infonavit vendió 55 mil créditos quebrados a dos empresas de capital extranjero y después fue gerente de Homex, empresa que casualmente creció 900% durante su gestión. Si a esto le sumamos los recursos públicos que reciben estas 9 compañías a través de la Sociedad Hipotecaria Federal con los que aseguran la rentabilidad de sus proyectos, entre otros tantos privilegios, entonces nos explicamos su crecimiento de mil 118 por ciento, de acuerdo con el Índice Habita (IH) de la Bolsa Mexicana de Valores ¿Será por eso que los directivos de estas corporaciones estuvieron presentes en este acto en el que fue rebautizado el abortado Plan Puebla Panamá como Proyecto Mesoamérica?

A estos efectos hay que sumarle la depredación del medio ambiente y el despojo de ejidos y tierras comunales que se dan en todo el territorio nacional para beneficiar a macroproyectos turísticos, comerciales y habitacionales. La edificación de nuevos fraccionamientos obedece a un brutal proceso de urbanización que avanza aceleradamente sobre importantes extensiones de tierra de cultivo, áreas de reserva natural y zonas de recarga y de abastecimiento acuífero, lo que pone en riesgo la actividad productiva agropecuaria de buena parte del país, su equilibrio ambiental y la viabilidad de las comunidades afectadas.

El derecho constitucional a una vivienda digna implica el respeto al hábitat y ello obliga al estado a desarrollar políticas públicas que garanticen esta armonía social y ambiental. Lejos de ello, las autoridades no sólo se han convertido en avaladoras de este tipo de proyectos, sino en furiosas promotoras con claros intereses financieros para saldar facturas políticas y seguirse enriqueciendo al amparo del poder público.

Laura Itzel Castillo Juárez

Secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda del Gobierno Legítimo de México