El Justo Reclamo

Pide el Frayba al gobierno esclarecer la verdad sobre la masacre de Acteal

En un corto comunicado el organismo fijó su postura

isaín mandujano

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis., 4 de julio (apro).- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) consideró que, independientemente de la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de atraer los amparos de los presos acusados por la matanza de Acteal, "es innegable e ineludible la obligación del Estado mexicano de esclarecer la verdad de lo sucedido".En un corto comunicado el organismo no gubernamental que defiende a las víctimas de las masacre --45 muertos y 18 sobrevivientes-- fijó hoy su postura tras conocer que la Primera Sala de la SCJN determinó ejercer su facultad de atracción de tres amparos relacionados con los hechos ocurridos el 22 de diciembre de 1997, en Acteal, municipio de Chenalhó.La solicitud del ejercicio de la facultad de atracción fue hecha por los tribunales colegiados Primero y Segundo, ambos del Vigésimo Circuito.En los amparos, 24 quejosos privados de su libertad, impugnaron la sentencia definitiva, mediante la cual se les consideró penalmente responsables de distintos delitos, entre ellos, homicidio calificado, lesiones calificadas y portación de arma de fuego exclusivo del Ejército.Hoy, el Frayba dijo que como representante legal de las víctimas sobrevivientes de la masacre de Acteal, “considera importante precisar que con esta decisión la SCJN única y exclusivamente se avocará al análisis de la legalidad y constitucionalidad de las sentencias condenatorias emitidas en primera instancia por los delitos citados”.Sin embargo, aclaró que "en ningún momento la SCJN analizará la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la masacre de Acteal como un crimen planeado y perpetrado, dentro del marco de la estrategia contrainsurgente del gobierno federal y estatal contra los pueblos indígenas organizados".El Frayba expuso que continúa sosteniendo ante las instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el Estado mexicano tiene una responsabilidad internacional directa por el “crimen de lesa humanidad” cometido en el poblado de Acteal en 1997. "Independientemente del sentido en que se resuelvan los amparos atraídos por la Primera Sala de la SCJN, es innegable e ineludible la obligación del Estado mexicano de esclarecer la verdad de lo sucedido, reparar el daño a las víctimas sobrevivientes de la masacre, implementar medidas de no repetición de este tipo de actos, así como el castigo para todos los autores intelectuales y materiales involucrados", apuntó el organismo.