El Justo Reclamo

Las trampas de Fidel Herrera

Opacidad

regina martínez

Jalapa, Ver., 30 de julio (apro).- El pasado miércoles 30, el gobernador Fidel Herrera Beltrán solicitó al Congreso local su aval para poder vender a los Tiburones Rojos del Veracruz que en la temporada anterior descendió a la Primera División “A” del futbol profesional.Sin aportar detalles de la operación ni identificar al comprador, el mandatario priista explicó a los legisladores que los recursos que se obtengan por la venta del club se destinarían a inversiones públicas relacionadas con el deporte en la entidad.Además, puntualizó que el gobierno conservará los derechos de las cartas de jugadores, federativos y económicos, así como instalaciones deportivas, certificados de afiliación, nombres comerciales y marcas de los equipos de las categorías inferiores.Mediante ese trámite, Herrera Beltrán trata de legitimar así la opaca operación de compra venta que, a decir de diputados de la oposición, ya se había concretado desde hace al menos un mes antes.Sin contar con la autorización del Congreso local en efecto, el gobernador veracruzano habría vendido en junio pasado la franquicia de los Tiburones Rojos a un grupo de empresarios encabezados por Eduardo Césarman en 30 millones de pesos –10 en efectivo y el resto en pagaderos en un plazo de año—y obtuvo cerca de seis millones de dólares adicionales por la venta de las cartas de un puñado de jugadores.De hecho, el club es administrado desde finales de mayo por Césarman, quien, por cierto, tiene como socio al promotor Guillermo Lara.Antes de conocerse la suerte del club, el gobernador Herrera Beltrán ya había comenzado a hacer gestiones para deshacerse del equipo porque estaban provocando un boquete en las finanzas estatales. Según cálculos conservadores, el gobierno perdió aproximadamente 300 millones de pesos en la temporada anterior.Con el argumentó de que podría perder la franquicia luego de que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) prohibió que los gobiernos estatales operar equipos de futbol, el mandatario Veracruzano solicitó al Congreso local su autorización para ceder al club en comodato.La solicitud fue aprobada en enero pasado por los legisladores por unanimidad, pero en el convenio de comodato se establecieron varias cláusulas, mediante las cuales tanto el comodante –gobierno del estado--, como el comodatario, se comprometieron a cumplir diversas responsabilidades y obligaciones.Fue así como surgió la asociación civil denominada Sistema de Fútbol para Veracruz AC, que en principio presidió Carlos Reyes Simón. En el Consejo de Administración Herrera Beltrán aparecía como presidente honorario.Conforme los términos del contrato, el gobierno estatal entregó, a título gratuito, al Patronato todos los bienes del club Veracruz que comprendían los equipos Tiburones Rojos de Veracruz, Tiburones Rojos de Coatzacoalcos, Sporting Club de Veracruz, así como el uso y usufructo del estadio Luis “Pirata” Fuente.Bajo ciertas condiciones que nunca se cumplieron también se puso en manos del Patronato el nombre, marca comercial y franquicia de los tres equipos de futbol soccer.Según el contrato de comodato que obtuvo la agencia APRO, el gobierno de Herrara Beltrán incluyó también la cesión de derechos federativos sobre las cartas de los jugadores integrantes de los tres equipos del club deportivo, el activo de las escuadras y los derechos de uso del estadio Luis “Pirata” Fuente.En ese momento, los bienes del contrato tenían un valor total de 233 millones 836 mil 34 pesos, con excepción de los derechos de uso del estadio, “valor derivado del avaluó practicado por el comodante” (gobierno estatal), cuya costo no se especifica en el documento.De acuerdo con la cláusula tercera del contrato de comodato, el Patronato presidido por Carlos Reyes Simón se comprometió a utilizar los bienes propiedad del estado de Veracruz a título gratuito, así como “encargarse de su administración, explotación, mantenimiento y conservación”En la cuarta cláusula del comodato se especifica que, las disposiciones del contrato, “no constituyen autorización de ninguna especie del comodante al comodatario para que realice actividades y obras distintas a las establecidas”, a las que el patronato debería sujetarse y cumplir de acuerdo a las disposiciones legales establecidas.El contrato se firmó por un periodo de tres años y entró en vigor al momento de su firma, con un “plazo que estará sujeto a revisión al final de cada temporada y mantendrá su vigencia de acuerdo a los logros y metas de los equipos”, aunque el gobierno estatal se reservó su derecho a rescindirlo en cualquier momento.Otra cláusula que nunca se cumplió en los hechos obligaba al Patronato a enviar un informe mensual pormenorizado al gobierno estatal sobre la situación de los bienes, los ingresos y egresos derivados de la operación de los equipos, mismo que debería remitir al Congreso local para su conocimiento.“El comodatario es responsable de los daños y perjuicios que pudieran causarse a los bienes materia del presente contrato derivados de la realización del uso y actividades previstas en el contrato, así como de su reparación al término del mismo, aún cuando se haya originado por caso fortuito o fuerza mayor”, decía la cláusula décima. El presidente de la comisión de Juventud y Deporte del Congreso local, el panista Cirilo Vázquez Parissi, asegura, en entrevista, que dicho convenio “no ha sido respetado por las partes involucradas”.Por más que el legislador ha intentado obtener información que pruebe sus sospechas hasta ahora sólo ha obtenido puras evasivas: la Secretaría de Fianzas y Planeación del gobierno estatal le ha negado en reiteradas ocasiones información requerida.El pasado 25 de junio solicitó, por ejemplo, copias de los informes financieros reportados a la FMF, el estado financiero de los Tiburones Rojos posterior a su descenso a la Primera “A”, la relación de rendimientos generados por venta de boletos, y los contratos de concesión de patrocinios, publicidad, venta de cerveza, playeras, gorras, banderines y demás.Un mes antes, había solicitado a la misma dependencia copias de los contratos de los jugadores, costos, arriendos y nombres de los contratistas, así como de los gastos de explotación del estadio de fútbol y la relación de propiedad entre el gobierno estatal y el Patronato.También requirió la proyección de cualquier detalle “que pueda servir para conocer a fondo el estado financiero del club Tiburones Rojos de Veracruz, expectativas o políticas económicas relacionadas con el equipo posterior a su descenso a la Primera A”.Hasta ahora, sin embargo, la única respuesta que ha recibido el diputado Vázquez Parissi es el silencio oficial.Otro aspecto que impidió transparentar la cesión de derechos del club fue la sistemática negativa de la mayoría priísta para llamar a comparecer a las partes involucradas en dicho convenio.Vázquez Parissi sólo tiene una explicación: que ninguna de las partes cumplió con las obligaciones legales establecidas en el convenio de comodato”.En la entrevista, el legislador del PAN dice que la Comisión que preside desconoce sí hay una notificación de rescisión del contrato, la cual tuvo que haber llegado a Carlos Reyes Simón, presidente del patronato. “No sabemos si se vendió en paguitos ni que paso con las cartas de los jugadores”.El coordinador de los diputados del PRD, Fredy Ayala González, sostiene, a su vez, que el fracaso del club deportivo Veracruz, “es un reflejo de la corrupción” que impera en el gobierno estatal. “Lo importante es el negocio, la promoción de amigos y parientes,; los aficionados no importan”.En un pronunciamiento que hizo a principios de año en la tribuna del Congreso, Ayala González pidió la comparecencia del titular de la Sefiplan y mencionó que desde que el Veracruz retorno a la Primera División “se ha visto envuelto en una serie de escándalos que rebelan su pésimo manejo y el mal uso de los recursos del que han dispuesto los empresarios que lo han administrado, sin importantes que sean recursos públicos”.De paso, recordó las tropelías cometidas por el empresario taurino Rafael Herrerías cuando estuvo al frente del equipo durante el sexenio de Miguel Alemán Velasco y en cuyo escándalo estuvieron involucrados funcionarios públicos, como el extitular de la Sefiplan, Juan Amieva Huerta y el exdirector del Instituto Veracruzano del Deporte, Carlos Sosa Lagunes.Aunque el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) determinó en 2005 una sanción o crédito fiscal contra los responsables del desfalco a través del pago de una indemnización de 686 millones 77 mil pesos y una multa por la misma cantidad “nunca se supo si la actual administración hizo efectivo dicho cobro”, recuerda el diputado perredista.Sostiene, así mismo, que cuando el club deportivo fue entregado en comodato el nombre, la marca comercial y la franquicia de los Tiburones Rojos tenía un valor de 113 millones 441 mil pesos; la de los Tiburones Rojos de Coatzacoalcos de 10 millones 970 mil pesos, y la del Sporting Club de 737 mil 900 pesos. Y dice que de acuerdo con la información complementaria entregada en la solicitud de autorización para la firma del convenio de comodato, las cartas de los derechos de los jugadores de los equipos de futbol local tenían un valor aproximado de 90 millones 438 mil 134 pesos.A esas cantidades, precisa el legislador perredista, deben agregarse los bienes muebles que conforman el activo de los tres equipos, cuyo monto ascendía a 850 mil 677 pesos, así como los derechos de uso del estadio Luis “Pirata” Fuente.Fredy Ayala menciona que con el descenso del equipo a la Primera “A”, “el valor de la franquicia cayó de 13 a dos millones de dólares”, según estimaciones de expertos consultados por él mismo.Estos datos, dice, ilustran que el gobierno del Estado, además de cargar con la frustración deportiva de muchos ciudadanos, “deberá absorber una significativa pérdida económica, producto de una pésima administración, que ha dilapidado los recursos públicos”.Por tal motivo, subraya la necesidad de que el Congreso local haga valer la cláusula décima del contrato de comodato, que obliga a los comodatarios a mantener en depósito una fianza que debía ser equivalente al valor de los bienes recibidos, es decir, de más de 233 millones de pesos.