Octavio Rodríguez Araujo
Las autoridades son muy extrañas: avientan la piedra en el agua y luego se sorprenden de que se formen ondulaciones o pequeñas olas concéntricas.
Lo que hicieron Felipe Calderón y Elba Esther Gordillo fue tirar la piedra denominada Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), y además han querido imponerla a como dé lugar y sin consulta previa ni aceptación de quienes se verían afectados por ese acuerdo absolutamente cupular y antidemocrático. Ambos, Calderón y Gordillo (y los panistas en general), han tenido la costumbre de querer obligar, a quienes supuestamente representan, a admitir sin chistar lo que deciden desde arriba y las cosas no son tan sencillas. La misma Gordillo, en entrevista grabada (audio y video www.reforma.com/galeria_de_audios/15/029731/), reconoció olímpicamente que no hubo consulta. Y en algunos estados, Morelos entre éstos, ni siquiera se informó a la base (informar no es lo mismo que consultar). En esa entrevista ella reconoció que la nueva dirigencia de la sección del magisterio en Morelos (la 19) debió informar a la base y no lo hizo: “se nos pasmó… y no fue a informar a la base”, enfatizó.
Confesión de parte, relevo de pruebas. La ACE se ha querido imponer y el gobierno del estado, en la mesa de diálogo con los representantes magisteriales de base, ha dicho ya que la tal Alianza no está a negociación, no se tocará. ¿Para qué, entonces, el diálogo, si este punto es central en el paro de los profesores y en sus movilizaciones?
En este movimiento, como en muchos otros, ha faltado información o, dicho de otra manera, no se han explicado las razones por las cuales se ha dado. El gobierno y algunos dirigentes magisteriales han presentado la ACE como si fuera un asunto abstracto y neutro, y como el común de la gente no lo conoce se le juzga en positivo o en negativo, sin entender bien a bien qué significa. Una síntesis del contenido de la ACE no sale sobrando. Su objetivo es, así de general: “impulsar una transformación por la calidad educativa”. Su objetivo central, se lee en texto oficial de la ACE (www.sep.gob.mx/wb/sep1/alianzaporlacalidaddelaeducacion), “es propiciar e inducir una amplia movilización en torno a la educación, a efecto de que la sociedad vigile y haga suyos los compromisos que reclama la profunda transformación del sistema educativo nacional”. Así dicho parece algo inobjetable, pero no lo es. Decir que la sociedad haga suyos los compromisos que reclama la profunda transformación del sistema educativo nacional es, además de una mala sintaxis, una trampa, pues quienes establecen los parámetros para transformar el mal llamado sistema educativo nacional (que no es sistema) son exclusivamente las autoridades gubernamentales del ramo y la cuestionada presidenta del sindicato magisterial.
Las acciones que se proponen en la ACE son las siguientes: a) Modernización de los centros escolares; b) Profesionalización de los maestros y de las autoridades educativas; c) Bienestar y desarrollo integral de los alumnos; d) Formación integral de los alumnos para la vida y el trabajo; y e) Evaluar para mejorar. Los incisos b y e son los que están a discusión, los demás no. ¿Por qué? Porque todos los que estamos más o menos en el medio educativo sabemos qué quiere decir profesionalización y evaluación de los profesores e incluso de los estudiantes mediante ENLACE o Ceneval. Quieren profesionalizar a los maestros al margen de las normales y de la Universidad Pedagógica Nacional; ¿y entonces para qué las crearon? Quieren evaluar a los profesores con criterios de productividad sin tomar en cuenta el nivel general del país y de vastas zonas de pobreza y marginación. Y aún es más sorprendente, para no decir diabólico, el inciso d: formación integral de los alumnos para la vida y el trabajo (cursivas mías). Esto es una burla: millones de mexicanos no tienen trabajo, no hay empleo y, por si no fuera suficiente, más de 60 por ciento de la población económicamente activa (es decir, en edad de trabajar) está ocupada en la economía informal, precisamente porque no encuentra empleo estable, con salario y con seguridad social.
Hay, sin embargo, algunos aspectos de la lucha de algunas secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que, a juicio de muchos, no deberían de ser demandados, como es el caso de la herencia y/o venta de las plazas, fenómeno que no sólo se dan entre las cúpulas sindicales. Una plaza en un empleo no es un ejido, que se hereda o se vende según deseen sus titulares de acuerdo con las leyes. Tampoco vivimos en una monarquía donde se heredan los títulos o los cargos. Que así se haga entre los profesores afiliados al SNTE no quiere decir que esté bien, es un uso patrimonialista de una plaza y poco ético, como también lo es, para el caso de Morelos, que los enemigos de los profesores en movimiento, precisamente los que están con la ACE, el gobierno y la reaccionaria Asociación de Padres de Familia, exhorten a la población a sustituir en las escuelas a los maestros para impartir las clases suspendidas hasta ahora. ¿Cómo defender la profesionalización del magisterio y al mismo tiempo convocar a la gente común a dar clases sin tener las calificaciones ni la formación profesional para esa función? Un contrasentido, para decirlo suavemente.
En síntesis, cuando se impone una política que afecta a la gente, en este caso a más de un millón de profesores y a millones de alumnos, lo lógico es esperar que haya protestas y que los afectados le pierdan el respeto a las instituciones y terminen por enfrentarse a éstas. ¿De quién es la culpa: de quienes reaccionan a las imposiciones o de quienes llevan éstas a la práctica sin tomar en cuenta a los afectados directos?
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