Chihuahua, Sinaloa y Michoacán, los estados con más homicidios, responde la PGR
Del total de víctimas, 4,313 eran civiles y 472 pertenecían a alguna corporación de seguridad
Gabriel León Zaragoza
En los primeros 18 meses de gobierno de Felipe Calderón, fueron ejecutadas en el país 4 mil 785 personas a manos de grupos vinculados con el narcotráfico. De esta cifra, 4 mil 313 fueron civiles y 472 eran integrantes de alguna corporación policiaca o militar, informó la Procuraduría General de la República (PGR) en un reporte que hizo público en la sesión de ayer del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
Es decir, han muerto más que en las Torres Gemelas, más que los estadounidenses en Irak en cinco años de guerra con el agravante de que 4,313 eran civiles no militares que hayan ido a invadir otro país. ¿Y todavía hay que aguantarlo cuatro años más?
El número de ejecuciones cometidas en ese periodo del sexenio se dio en respuesta que la PGR otorgó a un peticionario, en la cual detalló que del 1º de diciembre de 2006 a junio de este año fallecieron 178 policías municipales, 106 elementos ministeriales, 86 uniformados estatales, 30 Afis, 27 militares, 24 federales preventivos, ocho policías del Distrito Federal, cinco marinos y cuatro agentes de la procuradurías locales, entre otros.
El informe de la PGR detalla que las entidades del país que ocupan los primeros lugares en número de personas ejecutadas son Chihuahua con 664; Sinaloa tiene el segundo lugar con 647 asesinatos; y en tercera posición se encuentra Michoacán, con 423 homicidios.
En el conteo oficial destaca Guerrero con 409 ejecuciones; Baja California con 331; Distrito Federal con 245; estado de México con 201; Nuevo León con 176; 165 en Durango; 152 en Sonora; 119 en Jalisco; 106 en Tamaulipas; 103 en Oaxaca, y 83 en Veracruz.
Por el mismo motivo, Chiapas contabilizó 80; Guanajuato 70; Hidalgo 60; Aguascalientes 39; Quintana Roo 38; Morelos 37; Tabasco y Coahuila con 34 cada una; Nayarit 21; Zacatecas 18 y San Luis Potosí con 17.
Tlaxcala tiene el menor índice de ejecuciones, con una; Colima registró dos; Querétaro y Campeche marcaron seis muertes por cada entidad; Baja California Sur presentó ocho; en Yucatán y Puebla, 9 para cada una.
En la plenaria, los comisionados “confirmaron la inexistencia” de documento alguno elaborado –entre el 1º de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2006– por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) sobre las actividades de la magistrada federal Rosalía Becerril y del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Genaro Góngora.
La comisionada ponente Jacqueline Peschard asentó que en su respuesta a un peticionario, el Cisen les informó que carece de informe alguno de las labores realizadas, en el periodo señalado, de los dos funcionarios judiciales.
Sin embargo, el IFAI pidió al director del organismo, Guillermo Valdés, “que confirme (por escrito) la inexistencia” de trabajo alguno contra los mencionados.
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