Pérdida de derechos

Iniciativa de nueva Ley de Salud del DF

Asa Cristina Laurell
salud@gobiernolegitimo.org.mx

En la política sanitaria el derecho a la salud es un tema básico y hay esencialmente dos concepciones. Una que lo reconoce como un derecho social universal que debe ser garantizado por la sociedad a través del Estado. La otra lo condiciona a una contribución monetaria, sea ésta en forma de un seguro prepagado o un desembolso directo pagado por el servicio en el sector público o privado. En México están presentes las dos concepciones; una rige el Programa de Servicios Médicos y Medicamentos Gratuitos (PSMMG) del DF y la segunda el Seguro Popular.

La primera está en la Constitución y en la Ley de acceso gratuito a los servicios médicos y medicamentos para los residentes del DF sin seguridad social laboral y la segunda en el apartado sobre el Seguro Popular (77 bis) en la Ley General de Salud.

El asambleísta priísta Marco Antonio García Ayala acaba de presentar una iniciativa de Nueva Ley de Salud del DF. Esta iniciativa incluye todo un capítulo sobre el Seguro Popular, pero hace mutis sobre el derecho de los capitalinos a los servicios médicos y medicamentos gratuitos y la obligación del Gobierno del DF de ofrecerlos en todas sus unidades médicas. Es un caballo de Troya que introduce sigilosamente reglas que quitan derechos a los capitalinos.

En este contexto es urgente volver a discutir el Seguro Popular y sus implicaciones para los afiliados y no afiliados; discusión que se ha dado sobre bases falsas por la difusión masiva de propaganda poco veraz. El argumento más usado a favor del Seguro Popular es que ha incrementado sustancialmente los recursos públicos para la salud. Es cierto pero podría haber crecido igual o más con otra política de salud como lo demuestra el caso del DF en el periodo 2001 a 2008. El monto presupuestal es una decisión política que no depende de uno u otro modelo de organización y prestación de los servicios. Obviamente puede usarse para frenar o imponer un modelo como en este caso. Es además necesario indagar sobre el uso y el impacto del presupuesto. Respecto al Seguro Popular he demostrado en este espacio y otros textos un subejercicio sistemático y la falta de infraestructura para prestar los servicios que lo convierte en el modelo que menos atenciones de salud presta a sus afiliados.

Si se sustituyera el PSMMG por el Seguro Popular los capitalinos perderían muchos derechos. El derecho a la protección de la salud pasaría de ser un derecho universal y exigible por todos a ser un “derecho” condicionado y restringido. El 80 por ciento pagaría una prima anual de entre 715 a 11 mil 380 pesos y, además, una cuota “reguladora” al atender ciertos padecimientos. Además sólo da acceso a los servicios de un paquete de intervenciones como cualquier seguro privado. Estas intervenciones excluyen servicios a los cuales los capitalinos ahora tienen acceso sin costo alguno en el marco del PSMMG.

Otra restricción importante es que la inscripción al Seguro Popular está fijada en un máximo anual de 14.3 por ciento de la población elegible, por lo es necesario afiliarse por anticipado y no al momento de requerir del servicio como se puede hacer en el PSMMG.

Por otro lado el reglamento del Seguro Popular promueve un trato privilegiado para sus afiliados lo que ocasiona discriminación en las unidades médicas entre éstos y el resto de los usuarios. Es más, prescribe la presencia de “gestores” en los centros de atención para proteger a sus asegurados; crea explícitamente mexicanos de primera y de segunda en los servicios. Esto sería muy degradante para los no afiliados porque tanto ellos como los afiliados se atienden en los mismos centros de salud y hospitales del GDF. En contraste, el PSMMG no promueve ninguna diferencia en el trato entre sus derechohabientes y otros usuarios que, siendo residentes del DF, pueden afiliarse con efecto inmediato en menos de una hora.

También hay que advertir sobre el hecho de que la iniciativa del PRI plantea la creación de dos nuevas estructuras burocráticas desconcentradas y costosas: una para administrar el dinero proveniente del Seguro Popular y otra para el control de los riesgos sanitarios. Entre ambas dejarían a la Secretaría de Salud con poderes muy restringidos para organizar los servicios con calidad y equidad. No es casual porque se requiere debilitar la institución pública para abrir la puerta a los privados.

El PSMMG es una alternativa al Seguro Popular y ha demostrado su viabilidad y eficiencia durante siete años. Preservar los derechos sociales es fundamental para una sociedad equitativa.