El sistema de cuentas individuales de retiro, administradas por empresas financieras privadas, ha fracasado. Al final del camino, la mayoría de los ahorradores no tendrá un fondo suficiente para sostener su propia jubilación, por lo que el Estado tendrá que erogar un subsidio para garantizar el pago mínimo.
El sistema de las afores fue planteado como la forma de evitar que el Estado tuviera que sostener las pensiones, es decir, subsidiar el retiro. Pero ya sabemos –ya sabíamos– que las tales afores no son el mecanismo idóneo para garantizar un derecho fundamental que es el retiro remunerado sino un instrumento del mejor negocio financiero posible.
Las empresas que administran los fondos –las afores— no invierten ni corren riesgos. Los ahorradores son los inversores y quienes asumen los riesgos, pero las tales afores ganan dinero. Se trata, sí, del negocio perfecto, no inviertes y no corres riesgos pero tienes ganancias.
Los dueños de las afores deberían ser procesados por robo en despoblado.
Todo se los ha dado el Estado, sistemático engordador de fortunas privadas y de toda clase de concesiones a favor del grupo de privilegiados. Los trabajadores, en su mayoría, tendrán que conformarse con una jubilación de miseria para pasar su vejez en condiciones económicas mucho peores que las vividas durante el tiempo en que estuvieron trabajando, lo que ya es decir bastante en México.
Para evitar que el problema nos estalle dentro de 20 años, es necesario proceder ahora mismo a nacionalizar los fondos de pensión y crear un nuevo sistema solidario, garantizando a todos que tendrán una jubilación igual o mejor que la programada para ellos bajo el sistema de cuentas individuales y administración privada de las mismas.
Lo de menos es lo que han perdido los trabajadores aportantes en la ruleta de las bolsas –casi 60 mil millones de pesos–, lo cual, se dice, podrá recuperarse cuando pase la turbulencia financiera. Pero después de ésta vendrán otras y será el cuento de nunca acabar.
Lo justo es que los trabajadores en activo cubran la jubilación de los trabajadores en retiro. Mas habrá que garantizar que el gobierno no pueda apropiarse de los fondos de ahorro, sino que éstos sean administrados bajo rigurosa vigilancia por parte de un organismo responsable que rinda cuentas al Congreso y a los trabajadores, con el propósito de que no vuelva a ocurrir la no reposición de tales fondos.
No sería muy difícil hacer esta operación nacionalizadora pues las jubilaciones en curso están siendo pagadas ahora con fondos públicos y el servicio médico de los jubilados es cubierto por los trabajadores afiliados al IMSS, ya que el gobierno no ha querido pagar esta cuenta, no obstante que se encuentra obligado a ello.
Así, tendríamos un sistema de retiro malo pero con posibilidades de mejorar y, al menos, sin que una parte del ahorro de los aportantes fuera a parar a los bolsillos de unos financieros parásitos.
El sistema de las afores fue planteado como la forma de evitar que el Estado tuviera que sostener las pensiones, es decir, subsidiar el retiro. Pero ya sabemos –ya sabíamos– que las tales afores no son el mecanismo idóneo para garantizar un derecho fundamental que es el retiro remunerado sino un instrumento del mejor negocio financiero posible.
Las empresas que administran los fondos –las afores— no invierten ni corren riesgos. Los ahorradores son los inversores y quienes asumen los riesgos, pero las tales afores ganan dinero. Se trata, sí, del negocio perfecto, no inviertes y no corres riesgos pero tienes ganancias.
Los dueños de las afores deberían ser procesados por robo en despoblado.
Todo se los ha dado el Estado, sistemático engordador de fortunas privadas y de toda clase de concesiones a favor del grupo de privilegiados. Los trabajadores, en su mayoría, tendrán que conformarse con una jubilación de miseria para pasar su vejez en condiciones económicas mucho peores que las vividas durante el tiempo en que estuvieron trabajando, lo que ya es decir bastante en México.
Para evitar que el problema nos estalle dentro de 20 años, es necesario proceder ahora mismo a nacionalizar los fondos de pensión y crear un nuevo sistema solidario, garantizando a todos que tendrán una jubilación igual o mejor que la programada para ellos bajo el sistema de cuentas individuales y administración privada de las mismas.
Lo de menos es lo que han perdido los trabajadores aportantes en la ruleta de las bolsas –casi 60 mil millones de pesos–, lo cual, se dice, podrá recuperarse cuando pase la turbulencia financiera. Pero después de ésta vendrán otras y será el cuento de nunca acabar.
Lo justo es que los trabajadores en activo cubran la jubilación de los trabajadores en retiro. Mas habrá que garantizar que el gobierno no pueda apropiarse de los fondos de ahorro, sino que éstos sean administrados bajo rigurosa vigilancia por parte de un organismo responsable que rinda cuentas al Congreso y a los trabajadores, con el propósito de que no vuelva a ocurrir la no reposición de tales fondos.
No sería muy difícil hacer esta operación nacionalizadora pues las jubilaciones en curso están siendo pagadas ahora con fondos públicos y el servicio médico de los jubilados es cubierto por los trabajadores afiliados al IMSS, ya que el gobierno no ha querido pagar esta cuenta, no obstante que se encuentra obligado a ello.
Así, tendríamos un sistema de retiro malo pero con posibilidades de mejorar y, al menos, sin que una parte del ahorro de los aportantes fuera a parar a los bolsillos de unos financieros parásitos.
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