Jalisco: El miedo

¿Un jotazo Emilio González Márquez?
ALBERTO OSORIO MéNDEZ

Desde hace varias semanas colaboradores del gobernador Emilio González Márquez viven en la zozobra, traen el miedo a flor de piel. Incluso la familia del propio mandatario está en alerta, pues a decir de un agente de la Procuraduría General de Justicia del estado, su hermana María del Pilar González Márquez está en la mira de los delincuentes. Y a este clima de zozobra deben sumarse los 16 asesinatos de policías estatales.En septiembre pasado el gobernador Emilio González Márquez lo advirtió: hombres ligados al crimen organizado pretenden apropiarse del territorio jalisciense. Desde entonces comenzaron los ataques de presuntos sicarios del grupo de Los Zetas a los cuerpos policiacos del estado.Y en sólo dos meses cayeron 16 uniformados, lo que obligó a las autoridades municipales, estatales y federales a redoblar la vigilancia en Lagos de Moreno, Puerto Vallarta y en la zona metropolitana de Guadalajara, por considerarlas áreas de "alto riesgo".Así mismo, personas ligadas a los funcionarios del primer círculo del mandatario y algunos empresarios de la entidad solicitaron los servicios de escoltas ante el temor de ser atacados o secuestrados por los delincuentes.La zozobra alcanzó incluso a la familia de González Márquez, pues la regidora de Lagos, María del Pilar González Márquez, hermana del mandatario, recibió amenazas por teléfono. Esta situación lo obligó a sacarla del municipio y solicitar protección para ella a la Procuraduría General de Justicia de la entidad (PGJ).Y en ese mismo municipio, el alcalde Rafael Torres Marmolejo, del PAN, ha recibido hostigamiento y amenazas de muerte por parte de presuntos sicarios en las últimas semanas; incluso se vio obligado a suspender varias sesiones de cabildo.Testimonios recabados por Proceso Jalisco en la PGJ revelan que la noche del 8 de octubre un comando de presuntos zetas intentó liberar del Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure) a uno de los suyos. Como las instalaciones tenían una vigilancia especial, los sicarios decidieron atacar a dos patrullas y a sus ocupantes cuando éstos cargaban combustible en la gasolinera San Pedro en el municipio laguense.Los agresores usaron armas de grueso calibre y dieron muerte a cinco policías; además, detonaron por lo menos nueve granadas de fragmentación contra una de las patrullas, que quedó totalmente calcinada. Todo sucedió a menos de 500 metros del edificio del Ceinjure.Tres días después de la ejecución de los cinco policías en Lagos de Moreno, el mandatario recibió en sus oficinas de Casa Jalisco a un agente de la Policía Investigadora, quien le informó que los presuntos sicarios intentaban levantar a su hermana María del Pilar:Según declara un testigo a este reportero, en ese encuentro González Márquez "se puso blanco"; indignado llamó al procurador Tomás Coronado Olmos y le reclamó: "Oye cabrón, ¿qué está pasando en Lagos con mi familia? ¿Por qué no me informas de lo que está sucediendo? Me dicen que tienen amenazada a mi hermana y no me han enterado de nada".Prosigue el entrevistado, quien pidió omitir su nombre por seguridad: "Emilio mandó sacar a toda prisa a su hermana María del Pilar de ese municipio. Le dijo que se tenía que pasar unas vacaciones fuera de esa zona y prometió ayudar a policías investigadores para evitar ser sancionados luego de que la procuraduría los acusara de presunto abandono de empleo".A raíz del asesinato de tres elementos de la Policía Investigadora en la región de Los Altos, las autoridades policiacas informaron al gobernador González Márquez sobre las presiones de los presuntos zetas a los uniformados para que desertaran y se pasaran a las filas del narco; así mismo en una reunión que tuvo en Casa Jalisco el 10 de septiembre con líderes sociales y con agentes investigadores, éstos le advirtieron sobre el arsenal que manejan los sicarios.El mismo testigo explica a Proceso Jalisco que tuvo la oportunidad de platicar con un policía investigador, quien le comentó que en el ataque del 28 de agosto a las instalaciones de la PGJ en Lagos "él (el uniformado) traía su pistola de 9 mm con 16 tiros y el cargador con otros 16; traía en total 32 tiros. Las personas que llegaron, seis en esa ocasión (a la delegación de la Procuraduría en Lagos), traían chaleco antibalas, traían una especie de peto, por encima del chaleco, traían casco y protectores en otras partes del cuerpo. Traían pistolas 5.7 que atraviesan blindaje (también llamadas mata-policías)".Además, según el entrevistado, su confidente le aseguró que los delincuentes portaban cuernos de chivo, con un cargador circular de cien tiros y llevan "colgados (al pecho) otros cinco cargadores, es decir 500 tiros... La primera señalEl 20 de agosto anterior, un comando fuertemente armado ejecutó a José Manuel Orozco y Juan Manuel Orozco Gómez, integrantes de la Policía Investigadora en San Julián. Los cuerpos de los agentes quedaron en el interior de la camioneta en que viajaban. Según los primeros informes, ambos recibieron decenas de balas provenientes de rifles AK-47 y de pistolas de diversos calibres. Tan sólo en el costado derecho el vehículo, una pick up de la PGJ, presentaba 120 impactos.El crimen ocurrió justo a la entrada de bulevar Hidalgo Oriente, en las orillas de ese poblado. Ese día, poco antes de las 10 de la mañana los vecinos escucharon varias detonaciones a la altura del kilómetro 1 de la carretera San Julián-San Diego de Alejandría. Víctor Muro, director de la policía de San Julián, dijo que después del atentado los sicarios pasaron por la calle "detonando sus armas". Sus declaraciones aparecieron al día siguiente en el diario AM de León, Guanajuato.Horas después de la ejecución, la Policía Federal Preventiva detuvo a un hombre que viajaba a bordo de un taxi y que llevaba escrito el número de las placas de la unidad de los policías asesinados en la palma de su mano. Así mismo, la PGJ informó sobre el arresto de tres sujetos presuntamente ligados con los hechos: Carlos Gildardo Quevedo Medina El Charly, Pedro Ramos Sánchez El Prieto y Jesús Arriaga Salcido La Víbora, quienes fueron puestos a disposición de un juez del municipio de Jalostotitlán en la región de Los Altos.La procuraduría también informó del aseguramiento de tres fincas: una en el municipio de Ayotlán, que funcionaba como laboratorio para la elaboración de drogas sintéticas; una granja en la colonia El Tecolote, en Arandas, donde los agentes encontraron un altar a la Santa Muerte y varias granadas de fragmentación, y otro inmueble en el municipio de Tepatitlán, que era utilizado como casa de seguridad por los asesinos. En este tercer domicilio la PGJ encontró armas de grueso calibre como AK-47, un rifle 30-06 y una carabina 7 mm, entre otras.Entrevistado en torno a los problemas de seguridad pública en Jalisco, el coordinador de los diputados del PAN en la LVIII legislatura, Jorge Salinas Osornio, dijo desconocer ese asunto.-¿Sabe usted si funcionarios de primer nivel o familiares del propio gobernador están amenazados por el narco?-No, no tengo conocimiento, pero me imagino que tanto el gobernador como el secretario de Seguridad o el procurador viven permanentemente con ese tipo de amenazas, por la propia responsabilidad que tienen. Algunos policías no descartan que en Jalisco suceda una acción similar a la registrada en Morelia, Michoacán, la noche del 15 de septiembre durante la ceremonia del Grito de Independencia, cuando varios sujetos lanzaron granadas y provocaron la muerte de nueve personas que acudieron al festejo.Para el investigador de la Universidad de Guadalajara Francisco Jiménez Reynoso, la situación que priva en Jalisco y en otras entidades es comparable a la Colombia de la década de los setenta, cuando los cárteles de la droga de ese país declararon la guerra a su gobierno.Dice: "En pleno siglo XXI, México es la nueva Colombia; tan es así que muchos de los inversionistas extranjeros se la piensan dos veces antes de invertir en el país. Hoy, ellos ven más bien hacía el sur del continente, en donde la tormenta y el azote del narco al parecer ya pasó".Especialista en temas jurídicos, Jiménez Reynoso insiste en que "hay indicios claros de que el hampa está dispuesta a atacar a un funcionario de primer nivel en la entidad o a demostrar que tiene la capacidad para actuar en contra de quien sea, sin importar su jerarquía".Pese a la cautela con la que se manejan, las autoridades estatales preparan un dispositivo de seguridad para el desfile del jueves 20; así mismo, redoblan sus medidas de seguridad en los edificios públicos, entre éstos el Congreso local y el palacio de Gobierno. Incluso en la visita del presidente Felipe Calderón Hinojosa el martes 4, personal de Comunicación Social que le acompañó en su gira fichó a los reporteros locales que cubrieron las actividades del mandatario.Ese día, a los comunicadores jaliscienses se les exigió presentar copia de la identificación expedida por sus medios, así como una copia de la credencial del Instituto Federal Electoral para otorgarles su acreditación para la cobertura informativa. Las suspicacias no eran para menos. Al final de la gira el presidente Calderón recibió el mensaje de que su secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, había muerto luego de que la aeronave Learjet en que viajaba de San Luis Potosí a la Ciudad de México se derrumbó súbitamente. l