La Suprema Corte de Justicia de la Nación

Joaquín Ortega Arenas

Se ha señalado como el primer antecedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hoy constituye el máximo Tribunal del País, al “Supremo Tribunal de Justicia” creado por el Generalísimo José María Morelos y Pavón en el “Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana”, mediante el cual se estableció efímeramente en el poblado de Ario de Rosales sin que en realidad haya entrado en funciones, debido a la detención y posterior fusilamiento del primer caudillo que tomó las armas para obtener una verdadera independencia de España.
Siguió a ese intento por crear un Poder Judicial en México, el “Acta Constitutiva de la Federación Mexicana” jurada el 31 de enero de 1824, en la que se señaló que debería estar integrado el Gobierno, por un Poder Ejecutivo, un Poder Legislativo y un Poder Judicial, integrado por una Corte Suprema de Justicia, compuesta por los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito. Once ministros distribuidos en tres Salas, y de un fiscal. Se determinó la inmovilidad de los Ministros, y su elección en un mismo día por las legislaturas de los estados a mayoría absoluta de votos, con la que se supuso la absoluta integridad e independencia de la Corte de Justicia.
El arribo al poder por Antonio López de Santa Anna, determinó el cambio del federalismo al centralismo en 1836, y obviamente el cambio total de la Administración de Justicia que sólo fue reparado por la Constitución Jurada el 2 de febrero de 1857, en la que se determinó su composición por once Ministros Propietarios, cuatro Supernumerarios, un Fiscal y un Procurador General. Cuya duración en el cargo sería de seis años, y su elección indirecta en primer grado, en los términos dispuestos por la ley electoral.
La independencia absoluta de la Corte, derivada de la forma de la elección de los individuos que la integraban, garantizó una correcta administración de Justicia. Es menester señalar como simple ejemplo que, muerto Benito Juárez subió al Poder Sebastián Lerdo de Tejada. Por razones personales el Señor Presidente ordenó a la Suprema Corte favorecer a Manuel Romero Rubio en un asunto en el que se ventilaba la propiedad de grandes extensiones de tierra ubicadas al Oriente de la Ciudad de México. De los once ministros, sólo uno obedeció a la consigna y se resolvió el juicio en contra de Romero Rubio. Indignado el Presidente, ordenó la ocupación militar del local en el que, dentro del Palacio Nacional, funcionaba el Supremo Tribunal, hasta que los ministros cambiaran su voto. Un mes pasó sin que eso sucediera y por verdadera necesidad, el Presidente permitió que los Ministros rebeldes a su mandato salieran, sin revocar sus votos, de lo que era su sitio de trabajo convertido en cárcel.
Con altas y bajas, la Suprema Corte siguió impartiendo justicia libremente, a pesar de las presiones que en muchas ocasiones ejerció el presidente Porfirio Díaz, hasta el nefasto mes de marzo de 1914, en que Victoriano Huerta, electo Presidente por el Congreso de la Unión por absoluta mayoría, decretó el fin de la elección libre, de un modo o de otro, de los Ministros de la Suprema Corte, y su nombramiento, imagínese usted, por el “Señor Presidente”.
El cambio resultó tan benéfico para los intereses del gobernante en turno, que Venustiano Carranza no tuvo empacho en plasmarlo en la Constitución de 1917, no obstante lo cual la actuación de la Suprema Corte siguió el mismo derrotero que cuando a los Ministros se les elegía,
La tradición de independencia del Poder Judicial quedó rota por Lázaro Cárdenas, quien modificó la Constitución dentro de los diez primeros días de su gobierno y designó a sus correligionarios y amigos incondicionales como Ministros, con fatales resultados para la administración de justicia. En 1940, volvió a cambiarse la conformación total de la Suprema Corte, designándose a personas de probada honradez, desgraciadamente proclives algunos a los deseos presidenciales que sin embargo actuaron generalmente al margen de toda influencia del Poder Ejecutivo.
Los tiempos cambian, y en 1994 Ernesto Zedillo repitió la maniobra de Lázaro Cárdenas, y la impartición de justicia volvió a ser objeto de críticas por acatamiento de los deseos presidenciales. Sin embargo su actuación fue casi siempre justa hasta que “vino el cambio”.
A partir del gobierno de Vicente Fox, y la llegada a la Presidencia de la Suprema Corte de Mariano Azuela Güitrón, los fallos “sospechosos” se han multiplicado.
“Para muestra, con un botón basta”, reza el refrán y relataremos algunos de los más escandalosos “yerros” de la Justicia Federal.
Un individuo como tantos más, era propietario de un predio de 355,000 metros cuadrados en lo que fue la antigua Hacienda de Coapa. Como suele suceder, el predio gustó a altos funcionarios gubernamentales que en el año de 1978, con sus influencias lograron encarcelar al pobre propietario de ese predio; con escrituras espurias consiguieron, no faltaba más, permisos para fraccionar y vender el predio. El propietario preso, solicitó el amparo de la Justicia Federal y lo obtuvo para salir en libertad y para que se le devolvieran los terrenos. (Amparo 89/809) Los “influyentes” recurrieron el fallo, usando todos los medios de defensa a su alcance que les resultaron infructuosos. La Justicia Federal sostuvo su punto de vista, sin que se llegara a cumplir jamás la ejecutoria que, vigente y todo, no se cumplía, hasta que llegó el año de 2003 Y VEINTE AÑOS DESPUES DE QUE SE PRONUNCIARA LA EJECUTORIA, la Suprema Corte envió el expediente a un Juzgado de Distrito para que se determinara que el fallo no se podía cumplir por cambio de situación jurídica. Claro, ya estaba totalmente fraccionado, vendido y construido. Todos los esfuerzos del propietario para que se revocara esa determinación fallaron. Los recursos de que se valió, resultaron indefectiblemente “notoriamente improcedentes”.
Una anciana jubilada era propietaria de un predio en el Municipio de Naucalpan que resultó del gusto de Luz y Fuerza del Centro, y sobre él se construyeron tres líneas de trasmisión eléctrica. Demandó la propietaria la devolución del predio ante el Juzgado Segundo de Distrito del Estado de México que obviamente le concedió la razón (Expediente 6/995). La paraestatal demandada agotó todos los recursos legales existentes, infructuosamente. Debía devolver el predio o pagar su importe, pero “llegó el año de 2003 y el Juez que había dictado la sentencia, a petición de Luz y Fuerza del Centro sin fundamentación alguna DECLARO LA SENTENCIA EJECUTORIADA INEJECUTABLE POR CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. YA HABIA EN EL PREDIO TRES LINEAS DE TRANSMISION ELECTRICA. Todos los recursos que la afectada intentó, se declararon NOTORIAMENTE IMPROCEDENTES, sin estudio ni razón legal alguna Y, PARA QUE DEJARA DE MOLESTAR, LA MULTO EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE, Y LA HAN CONDENADO EN COSTAS POR SU NECEDAD”.
El mercado de las aguas envasadas, “refrescos”, antes totalmente nacional, se vio de pronto invadido por una empresa extranjera, y la única factoría mexicana, “Sociedad Cooperativa Refrescos Pascual” ha resistido estoicamente los embates de la Justicia -perdón, quise decir de The Coca Cola Company.
Hoy estamos viendo con azoro, que la ayuda que WALL MART, empresa norteamericana archimillonaria prestó al Partido en el Poder, tenía un precio. El mercado total de tiendas de autoservicio y una a una de las mexicanas, han sido eliminadas ya. Queda Comercial Mexicana, más bien dicho quedaba Comercial Mexicana porque, con graves problemas económicos derivados de los que nos aquejan a todos, solicitó, con apoyo pleno en nuestras leyes, se le declarara en Suspensión de Pagos, y según relata la gran prensa diaria, la “justicia federal” le ha negado el beneficio por tres veces seguidas. Ni modo, en breve será un brazo más de Wall Mart.y CUARENTA MIL FAMILIAS MEXICANAS QUEDARAN SIN TRABAJO, VAYA.