Para hacerlo cesar en sus funciones, quizá dentro de poco, tal vez sea más eficaz una intriga palaciega que la extendida convicción de que el procurador general de la República falla en su desempeño
Aunque una evaluación rigurosa de su desempeño debería conducir a ese desenlace, no por esa razón sino por intereses de un grupo donde se hacen negocios con influencias políticas, quizá los días de Eduardo Medina Mora como procurador de la República están contados. Hostigado en varios frentes, sus propias deficiencias lo han hecho vulnerable a la intriga palaciega. Su más reciente error (dentro del marco de la desastrada Operación Limpieza) fue virtualmente exonerar a un delincuente confeso, Enrique Bayardo del Villar, y convertirlo en testigo protegido. El yerro fue aprovechado para hacer que se recordara que el beneficiario de esa mutación procesal trabajó en la Secretaría de Seguridad Pública a las órdenes del ahora procurador. Por si algo faltara, el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo se dispone a presentar el dictamen de la investigación constitucional que la Suprema Corte realizó en torno al atentado que autoridades locales y federales cometieron en Atenco en mayo de 2006. Se le mencione o no por su nombre, es claro que Medina Mora no resultará bien librado por el papel de la Policía Federal Preventiva en ese lance, que el ahora procurador avaló para rechazar la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.El despacho del ex senador Diego Fernández de Cevallos mostró ya al presidente Felipe Calderón su decisión de incorporar personal político de alto nivel a las funciones gubernamentales. Luego del nombramiento de Fernando Gómez Mont en la Secretaría de Gobernación, ese grupo parece resuelto a ampliar sus horizontes administrativos. Cuadra cabalmente a sus intereses el buscar que la PGR quede vacante, aprovechando la experiencia que en esa oficina tuvo Antonio Lozano Gracia, que acaso deseara volver al cargo en un entorno menos adverso que el que rodeó su gestión durante el gobierno del presidente Zedillo. Pero como los integrantes de ese equipo son realistas y calculan que ese retorno generaría oposición política, se disponen a impulsar a un socio de Lozano Gracia, Arturo Chávez Chávez.No ganaría la procuración de justicia con ese reemplazo. Chávez Chávez fue en los dos años finales del gobierno de Francisco Barrio en Chihuahua el procurador de Justicia de esa entidad. No sólo no comprendió la gravedad de los asesinatos en serie, obedientes a un patrón, que ya comenzaba a constituir el fenómeno llamado Las muertas de Juárez. Se le ha señalado por haber favorecido acciones destinadas a fabricar culpables cuando empezó a surgir el clamor en demanda de justicia por los feminicidios en aquella ciudad fronteriza. Los señalamientos en su contra se actualizaron cuando en noviembre de 2004 fue nombrado subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, cuyo titular era en aquel entonces Santiago Creel.Sea o no Chávez el candidato de ese grupo, lo que parece indudable es la precariedad del puesto de Medina Mora. Han sido magros, o francamente nulos, los resultados de la Operación Limpieza. No se ha podido afianzar casi ninguna acusación contra funcionarios a los que se imputan complicidades con la delincuencia organizada, motivo por el cual casi todos permanecen bajo arraigo. Y algunos de quienes estuvieron en esa circunstancia han optado por ser testigos protegidos, con lo cual eluden su responsabilidad sin entregar a cambio información suficiente, pues la disponible hasta ahora no ha servido para demandar órdenes de aprehensión que sustituyan a las de arraigo. Ése fue el caso de Édgar Enrique Bayardo del Villar, detenido hace exactamente tres meses, tras la captura de Jesús Zambada, El Rey, a quien Bayardo servía, según revelación del propio jefe de narcotraficantes.Ese antiguo agente había estado al servicio de alguien de tiempo atrás. Por lo menos esa conjetura explica sus prodigiosas finanzas: aunque a la hora de su detención contaba con un ingreso mensual de 28 mil pesos, en su declaración patrimonial de mayo pasado había enlistado bienes por 28 millones de pesos, monto de sus residencias (como la de Jardines del Pedregal, en la que vivía), vehículos caros (BMW y Mercedes, entre otros), joyas y obras de arte.Tras un primer periodo de arraigo de 40 días, la PGR solicitó otro por un lapso igual. Antes de que venciera, en vez de consignarlo ante otro juez para que se le iniciara proceso, Bayardo lo eludió a cambio de ofrecer información. Éste es un trueque no necesariamente productivo para el Ministerio Público, porque, por un lado, se queda sin nadie a quien consignar y con demasiados testigos protegidos que se incriminan unos a otros, sin que de sus testimonios resulte la posibilidad de recabar otras pruebas que fortalezcan la consignación ante los jueces.Bayardo del Villar era consultor externo de la Secretaría de Seguridad Pública durante 2006, año en que Medina Mora fue titular de esa dependencia. Ante la insinuación de que por ese conocimiento previo se otorgó trato privilegiado al opulento ex agente de la policía judicial federal, la oficina de Comunicación Social de la PGR (a cargo desde esta semana de Ricardo Nájera, con experiencia en tareas ministeriales pero no informativas) puntualizó que el trabajo de Bayardo del Villar no era del nivel que atendía directamente el entonces secretario. Con esa sugerencia, sin embargo, se desviaba la atención del hecho de que el ahora testigo protegido trabajaba de nuevo en esa Secretaría, encabezada por Genaro García Luna.Aguardemos a ver qué pasa.
Cajón de Sastre
Grupo Zeta, el consorcio gasero cuyo propietario, Jesús Zaragoza, ha demandado civilmente a Miguel Badillo, director de las revistas Contralínea y Fortuna, donde la reportera Ana Lilia Pérez ha publicado sus relevantes trabajos de investigación, hizo publicar en inserciones pagadas su punto de vista sobre esa situación (a la que me referí anteayer). Lo hizo de un modo tal que, si Badillo se colocara en la misma posición que el grupo empresarial, podría demandarlo por dañar su reputación. Claro que el periodista (a quien se insulta atribuyéndole "la mala fe de comunicadores sin escrúpulos que hacen del chantaje una forma de vida y propalan todo tipo de mentiras") sólo podría obtener un resultado judicial como el que ahora lo afecta si tuviera recursos bastantes para contar con abogados caros y para ganar la voluntad de los juzgadores.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
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