Enrique Cisneros Luján
Cuando hay que juzgar a un trabajador los juzgadores deciden ágilmente: muchas veces dan su veredicto sin evidencias, sin pruebas ¿Cuántos inocentes están en los penales sin haber cometido un delito? Su único error fue ser pobres.
Sin embargo, cuando juzgan a un poderoso, le dan vueltas y vueltas para exonerarlo y en las situaciones extremas en que no pueden hacerlo, entra a la cárcel por delante pero los sacan por detrás.
¿Alguien duda que Luis Echeverría es un asesino? Los únicos que todavía sostienen lo contrario son los jueces. Lo mismo sucedió con asesinos y torturadores de la calaña de Nazar Haro, Pinochet o Franco.
Por debido a las presiones internacionales y por la evidencia de los delitos cometidos por los funcionarios que participaron de la represión en San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006, los jueces mexicanos tuvieron que revisar el caso. Esto lo hacen casi tres años después y cuando dirigentes campesinos atenquenses como Nacho del Valle fueron condenados a penas absurdas de 112 años de prisión, en cárceles de verdadero exterminio.
El lunes pasado los jueces iniciaron el teatrito de revisar el caso Atenco, haciendo todo para que, si se llega a castigar a alguien, sea del menor rango político posible. Esa es la justicia burguesa.
Pero las cosas son claras y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra las pone como son, sin necesidad de ser de esos jueces que cobran hasta 600 mil pesos mensuales, dizque por hacer justicia.
Esto dicen los campesinos agredidos:
“Las violaciones a los derechos humanos en Atenco y Texcoco fueron producto de una estrategia de Estado y no de la omisión de los policías. Al declarar que la investigación es suficiente y limitar la temporalidad sólo ratifica los limites que la Corte se puso a sí misma, por lo que el inicio del debate permite la reconsideración de estas reglas. Se debe de señalar a las autoridades involucradas en dichas violaciones y determinar los órganos y autoridades competentes para actuar en consecuencia, por lo que sólo apegarse a definir los protocolos del uso de la fuerza estarían minimizando las responsabilidades de Enrique Peña Nieto, Eduardo Medina Mora y Miguel Ángel Yunes.
El Frente de Pueblos manifiesta que éstos hechos representaron graves violaciones a las garantías individuales y a los derechos humanos, y que éstas - contrario a lo expresado en el dictamen de referencia- son el resultado de una acción concertada entre los tres niveles de gobierno, encabezadas por Enrique Peña Nieto, Eduardo Medina Mora y Miguel Ángel Yunes, integrantes del gabinete de Seguridad Nacional de Vicente Fox, mediante la reunión realizada la noche del 3 de mayo -como se precisa en la investigación, por lo tanto éstas violaciones no son producto de la incapacidad de los elementos de las corporaciones policiacas ni muchos menos corresponde a una omisión de los altos funcionarios, sino más bien de una estrategia premeditada y dolosa del Estado.
Ante la determinación del pleno de la Suprema Corte sobre la suficiencia de la investigación y los límites de la temporalidad que recoge el dictamen del ministro ponente, el FPDT considera que si bien los datos recabados por la Comisión de Investigación son abundantes, consideramos al igual que el Ministro Genaro Góngora Pimentel hacen falta otros elementos de prueba que permitirían acercarnos a la verdad histórica de los hechos y determinar la magnitud de las violaciones de las garantías individuales; esto porque en el dictamen se le dan el valor de prueba a algunos datos recabados por la citada Comisión y se determina como en el caso de los homicidios de Alexis Benhumea y Javier Cortés que éstos no fueron asesinados por elementos de las fuerzas de seguridad, sino por otros participantes en los hechos…..
Y así siguen las argumentaciones lógicas de los campesinos que finalmente no serán escuchados pues ya lo declaró el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, desde que mandó reprimir a los campesinos: “yo ordené el operativo para restablecer el orden y la paz en Atenco, de eso me siento orgulloso, asumo la responsabilidad política y lo volvería a hacer”.
Pero nada de eso cuenta para los magistrados de la suprema corte, ellos cobran cantidades millonarias por exonerar a los ricos y no van a morder la mano de los que les dan de comer, aunque sea con dinero ajeno.
Y luego se espantan porque los campesinos empuñan sus machetes y hacen justicia por propia mano.
Cuando hay que juzgar a un trabajador los juzgadores deciden ágilmente: muchas veces dan su veredicto sin evidencias, sin pruebas ¿Cuántos inocentes están en los penales sin haber cometido un delito? Su único error fue ser pobres.
Sin embargo, cuando juzgan a un poderoso, le dan vueltas y vueltas para exonerarlo y en las situaciones extremas en que no pueden hacerlo, entra a la cárcel por delante pero los sacan por detrás.
¿Alguien duda que Luis Echeverría es un asesino? Los únicos que todavía sostienen lo contrario son los jueces. Lo mismo sucedió con asesinos y torturadores de la calaña de Nazar Haro, Pinochet o Franco.
Por debido a las presiones internacionales y por la evidencia de los delitos cometidos por los funcionarios que participaron de la represión en San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006, los jueces mexicanos tuvieron que revisar el caso. Esto lo hacen casi tres años después y cuando dirigentes campesinos atenquenses como Nacho del Valle fueron condenados a penas absurdas de 112 años de prisión, en cárceles de verdadero exterminio.
El lunes pasado los jueces iniciaron el teatrito de revisar el caso Atenco, haciendo todo para que, si se llega a castigar a alguien, sea del menor rango político posible. Esa es la justicia burguesa.
Pero las cosas son claras y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra las pone como son, sin necesidad de ser de esos jueces que cobran hasta 600 mil pesos mensuales, dizque por hacer justicia.
Esto dicen los campesinos agredidos:
“Las violaciones a los derechos humanos en Atenco y Texcoco fueron producto de una estrategia de Estado y no de la omisión de los policías. Al declarar que la investigación es suficiente y limitar la temporalidad sólo ratifica los limites que la Corte se puso a sí misma, por lo que el inicio del debate permite la reconsideración de estas reglas. Se debe de señalar a las autoridades involucradas en dichas violaciones y determinar los órganos y autoridades competentes para actuar en consecuencia, por lo que sólo apegarse a definir los protocolos del uso de la fuerza estarían minimizando las responsabilidades de Enrique Peña Nieto, Eduardo Medina Mora y Miguel Ángel Yunes.
El Frente de Pueblos manifiesta que éstos hechos representaron graves violaciones a las garantías individuales y a los derechos humanos, y que éstas - contrario a lo expresado en el dictamen de referencia- son el resultado de una acción concertada entre los tres niveles de gobierno, encabezadas por Enrique Peña Nieto, Eduardo Medina Mora y Miguel Ángel Yunes, integrantes del gabinete de Seguridad Nacional de Vicente Fox, mediante la reunión realizada la noche del 3 de mayo -como se precisa en la investigación, por lo tanto éstas violaciones no son producto de la incapacidad de los elementos de las corporaciones policiacas ni muchos menos corresponde a una omisión de los altos funcionarios, sino más bien de una estrategia premeditada y dolosa del Estado.
Ante la determinación del pleno de la Suprema Corte sobre la suficiencia de la investigación y los límites de la temporalidad que recoge el dictamen del ministro ponente, el FPDT considera que si bien los datos recabados por la Comisión de Investigación son abundantes, consideramos al igual que el Ministro Genaro Góngora Pimentel hacen falta otros elementos de prueba que permitirían acercarnos a la verdad histórica de los hechos y determinar la magnitud de las violaciones de las garantías individuales; esto porque en el dictamen se le dan el valor de prueba a algunos datos recabados por la citada Comisión y se determina como en el caso de los homicidios de Alexis Benhumea y Javier Cortés que éstos no fueron asesinados por elementos de las fuerzas de seguridad, sino por otros participantes en los hechos…..
Y así siguen las argumentaciones lógicas de los campesinos que finalmente no serán escuchados pues ya lo declaró el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, desde que mandó reprimir a los campesinos: “yo ordené el operativo para restablecer el orden y la paz en Atenco, de eso me siento orgulloso, asumo la responsabilidad política y lo volvería a hacer”.
Pero nada de eso cuenta para los magistrados de la suprema corte, ellos cobran cantidades millonarias por exonerar a los ricos y no van a morder la mano de los que les dan de comer, aunque sea con dinero ajeno.
Y luego se espantan porque los campesinos empuñan sus machetes y hacen justicia por propia mano.
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