Al término de la revisión de la cuenta pública 2007, la ASF interpuso una denuncia penal ante la PGR contra el jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Norte del ISSSTE por omitir responder una demanda laboral que costó al instituto más de 8 millones de pesos. Además, la Auditoría Superior encontró “baja eficiencia” en los litigios laborales; presentación de información no confiable, así como desfalcos por 600 mil pesos en el nosocomio Ignacio Zaragoza.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República en contra del jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Zona Norte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). En la revisión de la cuenta pública 2007, se observó que el funcionario omitió dar respuesta al juicio laboral 292/2007, interpuesto por el exsubdirector general de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales.
El jefe de la Unidad Jurídica no compareció en la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; ofrecimiento y admisión de pruebas, lo que ocasionó un supuesto daño al patrimonio del instituto por 8 millones 577 mil 500 pesos.
El 30 de diciembre de 1959, durante la administración de Adolfo López Mateos, se publicó el decreto por el que se creó el ISSSTE. El objetivo: “Contribuir a satisfacer niveles de bienestar integral de los trabajadores al servicio del Estado, pensionados, jubilados y familiares derechohabientes, con el otorgamiento eficaz y eficiente de los seguros, prestaciones y servicios, con atención esmerada, respeto, calidad y cumpliendo siempre con los valores institucionales de honestidad, legalidad y transparencia”, se lee en el portal electrónico de la dependencia.En la revisión de 261 expedientes, la auditoría detectó deficiencias en tres juicios en la defensa de los intereses jurídicos del ISSSTE en materia laboral. En el expediente 292/2007 –tramitado ante la Junta Especial número 10 de la Federal de Conciliación y Arbitraje y turnado para su atención al jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Regional Zona Norte, mediante el oficio 600.602.3/968/07 del 30 de abril de 2007– no se compareció a la audiencia celebrada el 6 de junio de 2007, por lo que la demanda del trabajador se dio por contestada en sentido afirmativo.
La Subdirección de lo Contencioso de la Subdirección General Jurídica del ISSSTE atrajo la atención de dicho juicio.
El 3 de julio de 2007 la dependencia promovió un incidente de nulidad de actuaciones, el cual fue desechado por extemporáneo. El 18 de octubre de 2007, la junta dictó laudo desfavorable al instituto en el que se le condenó a la reinstalación del trabajador y al pago de los salarios caídos y demás prestaciones reclamadas.
El 20 de noviembre de 2007, el instituto interpuso amparo contra el laudo y solicitó la suspensión de su ejecución, en cuanto que la dependencia se niega a la reinstalación; pero se concede respecto de la liquidación.
El recurso fue resuelto en sentido desfavorable a los intereses del ISSSTE.
El 26 de septiembre de 2008 se pagaron al extrabajador 6 millones 124 mil 800 pesos y se le expidieron y entregaron constancias de retención por la cantidad de 2 millones 452 mil 700 pesos, en cumplimiento del convenio celebrado el 2 de septiembre de 2008.
Contralínea solicitó conocer la posición del ISSSTE a través de la Jefatura del Departamento de Publicidad Institucional, adscrita a la Dirección General de Comunicación Social, cuyo titular es Ramón García, sin que al cierre de esta edición se tuviera respuesta.
Robo hormiga
En la revisión de los Inventarios de Productos Farmacéuticos y de Laboratorio, la Auditoría Superior de la Federación observó que al menos en 95 claves de medicamentos hubo una sobreinversión de 1 mil 358 millones 659 mil pesos. Las subdirecciones de Almacenes y de Infraestructura informaron que el 15 de octubre de 2007 se recibió una ampliación a su presupuesto en el capítulo 2000 “Materiales y suministros” por 3 mil 499 millones 100 mil pesos, que fueron utilizados para cumplir con los compromisos presidenciales emanados de la reforma a la Ley del ISSSTE y asegurar el suministro.
La auditoría presume un probable daño patrimonial por 156 mil 324 pesos, al observar que el 10 de noviembre de 2007 se registró la salida de siete piezas de la clave 5423, por 132 mil 512 pesos, y dos piezas de la clave 4415, por 23 mil 812 pesos, sin que la farmacia del hospital Ignacio Zaragoza proporcionara la documentación que acredite la entrega del medicamento a los derechohabientes o la utilización para la operación del propio nosocomio.
Asimismo, con la revisión de 208 recetas y 95 solicitudes de medicamentos para pacientes hospitalizados y servicios auxiliares del citado hospital, la ASF observó un probable desfalco a las arcas públicas por 267 mil 515 pesos, ya que no se comprobó, con las recetas médicas correspondientes, la entrega de los medicamentos a los derechohabientes ni su utilización interna.
Con la revisión del inventario físico anual de medicamentos de la farmacia del nosocomio Ignacio Zaragoza, la Auditoría Superior detectó un probable daño patrimonial por 260 mil 443 pesos, debido a que la primera no aclaró las diferencias de 4 mil 351 piezas menos.
Laudos desfavorables
Con objeto de verificar las acciones realizadas por las áreas contenciosas responsables de la defensa de los intereses del ISSSTE en materia laboral, la ASF revisó una muestra de 261 expedientes (3.2 por ciento) de un universo de 8 mil 51 juicios activos en el año de análisis. En éste se encontró que la dependencia sólo obtuvo resultados favorables en el 32.9 por ciento de los litigios concluidos con laudos, es decir, en 27 de los 82 juicios concluidos con laudos, por lo que representan una eficiencia baja.
De los 148 juicios concluidos, en 2007 se efectuaron pagos de 74 juicios por 38 millones 151 mil pesos, de los cuales 55 (74.3 por ciento) fueron con laudo desfavorable al ISSSTE y significaron una erogación de 22 millones 886 mil pesos; en 16 se concluyó por convenio, por 7 millones 744 mil pesos; y tres más por incidente de insumisión al arbitraje, por 7 millones 520 mil pesos.
La ASF observó que, de nueve juicios con laudo desfavorable al instituto, en cinco (55.6 por ciento) el laudo fue contrario porque los peritos terceros en discordia dictaminaron a favor del actor; en dos (22.2 por ciento), por la falta de documentación en tiempo para preparar la defensa adecuada; en uno (11.1 por ciento) no se acreditó que el actor era trabajador de confianza; en otro más (11.1 por ciento), la entidad no probó haber cumplido el procedimiento establecido para cesarlo.
Con la revisión de los 261 expedientes en materia laboral se encontraron 11 tipos de deficiencias en la integración de los expedientes, falta de constancias de las actuaciones en los recursos, en los laudos dictados no se permite conocer el estado procesal de los juicios; no hay control en el manejo de los expedientes y dificultan dar un adecuado seguimiento al desarrollo de los litigios.
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