Agotará el IMSS este año fondos para sus pensiones

*Déficit de 18 mil millones de pesos, señala informe al Ejecutivo y al Congeso

Grave problemática del IMSS afecta su viabilidad financiera

*Se agotan este año los fondos de los que ha obtenido recursos para régimen de jubilaciones y pensiones de sus trabajadores
*Cáncer y diabetes, enfermedades que más inciden en el gasto 

Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que atiende a alrededor de 50 por ciento de los mexicanos, enfrenta una problemática que afecta su viabilidad financiera, advierte el Informe al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión 2012-2013. Tiene un déficit de 18 mil millones de pesos anuales, los fondos de los que ha obtenido recursos para el régimen de jubilaciones y pensiones de sus trabajadores se agotan este año y además se enfrenta a rigideces administrativas y operativas que obstaculizan el uso óptimo de los recursos.

El documento que ayer divulgó el instituto señala que esta situación se debe a factores internos y externos, y entre ellos hace referencia a las transiciones epidemiológica y demográfica. Ahora, apunta, el IMSS atiende a una población derechohabiente cada vez más envejecida, que requiere mayor cantidad de servicios médicos e intervenciones más complejas y de mayor costo; además, el costo de los servicios de salud se incrementa por encima de la inflación.
Entre los factores internos que inhiben desempeño y funcionamiento destaca el régimen administrativo y laboral con rigideces que será necesario superar mediante un esfuerzo conjunto entre administración, trabajadores, sindicato, patrones y población derechohabiente, así como modernizar los procesos administrativos y médicos de acuerdo con las nuevas realidades médicas, con la disponibilidad de nuevas tecnologías y con los requerimientos crecientes de los derechohabientes.
Añade que el régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del instituto ha derivado en un pasivo laboral que se estima en 1.9 billones de pesos; el gasto por este concepto en 2012 fue de casi 49 mil millones de pesos y este año será cercano a 53 mil millones de pesos.
Los recursos que el IMSS ha utilizado de la subcuenta 1 del Fondo para el cumplimiento de obligaciones laborales de carácter legal o contractual para cubrir el déficit, se estima que se agotará este año, y que en previsión de ello en 2011 la Ley de Ingresos de la Federación autorizó la transferencia de excedentes de los saldos de las reservas financieras y actuariales de los seguros de invalidez y vida y de riesgos de trabajo a la reserva del seguro de enfermedades y maternidad por 61 mil 222 millones de pesos, recursos que se agotarán a mediados de 2016.
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Despojo a mansalva

Ahora son los ejidatarios de San Pedro Totoltepec quienes sufren el acoso de voraces trasnacionales y grupos de inversionistas –entre ellos Carlos Slim y Emilio Azcárraga–, que con el respaldo del Grupo Atlacomulco y el gobierno mexiquense pretenden despojarlos de sus tierras para ampliar el aeropuerto de Toluca. Los propietarios de estos predios advierten que no permitirán este acto de rapiña que sólo beneficiaría a los señores del gran capital.

TOLUCA, MÉX.- Desde que llegaron los fuereños a presionarlo para que venda su parcela y su casa, el viejo ejidatario Mateo Escamilla vive con temor: “Ya no estoy en paz por miedo a que algo malo me pueda pasar”, se lamenta.

La oferta del aeropuerto. Casas derruidas.

Rodrigo Vera

MÉXICO, D.F. (Proceso).- A la puerta del jacal que levantó con tablones y lámina, don Mateo se rasca la nuca y agrega: “Ha venido gente de fuera a decirme: ‘Si no nos vendes tu parcela y te sales de aquí, entonces vamos a tumbar tu casa para sacarte a la fuerza’. Yo les pido que no me molesten y me dejen vivir en paz”.
Don Mateo observa su maizal, sus gallinas picoteando el piso lodoso y el huerto con los racimos de fruta que vende en Toluca.
“Es todo lo que tengo –dice–. Mal que bien me alcanza para vivir. Ya estoy viejo y enfermo como mi esposa, que se quedó ciega por la diabetes. No podríamos vivir en otra parte. Yo aquí nací, aquí hice mi vida y aquí pienso morirme.”
–¿Y cuánto le ofrecen por su parcela?
–Dizque me dan 400 pesos por metro cuadrado. Más o menos lo mismo que les ofrecen a los demás ejidatarios de San Pedro Totoltepec. Pero ese dinero no nos alcanzaría para nada. Nos quieren sacar a la brava para ampliar el aeropuerto.
Y señala la larga alambrada que divide al ejido del Aeropuerto Internacional de Toluca. De aquel lado se ven los modernos edificios con su espigada torre de control pintada de azul, las asfaltadas pistas de aterrizaje y las aeronaves metálicas que refulgen al sol. De este lado, el ejido es una verde altiplanicie de sembradíos de maíz, donde habitan los ejidatarios en viviendas comunicadas por caminos de terracería, ya con postes de luz eléctrica y red de agua potable.
Manejado por la trasnacional española OHL y el Grupo Atlacomulco –en el que se inscribe Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México y aspirante del PRI a la Presidencia de la República–, el aeropuerto de Toluca se convirtió en un jugoso negocio porque en los hechos está operando como terminal alterna al saturado Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Para responder a la demanda aérea, las autoridades estatales proyectan ampliar el área del aeropuerto 400 hectáreas, que quieren tomar a la fuerza del único lugar disponible: el ejido de San Pedro Totoltepec, en el costado oriente de la terminal aérea.
Pero los campesinos se niegan a vender sus tierras porque les ofrecen un precio muy bajo y sobre todo porque no quieren salirse del terruño. Rigoberto de la Cruz, líder de los ejidatarios renuentes a vender, aclara:
“Por acuerdo de asamblea, los ejidatarios determinamos no vender nuestras tierras. Eso está muy claro. Aquí hemos vivido con nuestras familias desde hace varias generaciones, manteniéndonos de la siembra de maíz, haba, calabaza, frijol y huauzontle. No queremos irnos a ningún otro lado. Solo pedimos que dejen de presionarnos para obligarnos a salir. Eso es todo.”
–¿Los hostigan?
–Muchísimo. Desde hace tiempo el gobierno nos quitó el servicio de luz eléctrica. Fue cortando los cables de los postes para que nos quedáramos sin luz. Y por más que reportamos las averías, nadie viene a repararlas. Con el servicio de agua potable es igual. Nos cortaron el suministro de agua. Ahora nos surtimos con pipas que llegan dos veces por semana. Así nos fastidian para que nos vayamos.
“Otra presión es la gente que viene contratada por las autoridades del aeropuerto. Son empleados de compañías inmobiliarias, como la inmobiliaria GAP. Llegan directamente a nuestras casas y nos dicen: ‘Es mejor que vendan porque de otro modo vamos a tener que sacarlos a la fuerza con la policía’. Así nos traen atemorizados.
“Aquí vivía un compañero ejidatario, Rafael Padilla Díaz, que se oponía a la venta de la tierra con declaraciones a la prensa local. Para que ya no diera lata le inventaron un delito; lo acusaron de participar en un robo de 10 mil pesos. Le dieron seis años de prisión en la cárcel de Almoloya de Juárez. Ahí sigue preso. Fue para advertirnos que a cualquiera le puede pasar lo mismo. Tenemos a todas las autoridades en nuestra contra.”
–¿A algunos ejidatarios ya los obligaron a vender su parcela?
–Sí. Hay algunos que por temor malbarataron su parcela de manera individual y se fueron a otro lado. No aguantaron las presiones del gobierno de Peña Nieto. Lo peor es que a algunos les pagaron a 150 pesos el metro cuadrado. Tan pronto se van nuestros compañeros, viene gente de fuera a demoler sus casas vacías… ¡Vea!… ¡Ahí están los escombros!
Mientras camina por los encharcados senderos en una tarde a ratos con sol y a ratos con lluvia, De la Cruz va señalando los montículos compuestos de tabique, teja, lámina, cemento y madera hechos añicos. Estas pilas de cascajo se observan de pronto en algún claro entre las tupidas milpas. Son la señal de que ahí hubo una vivienda habitada por una familia de campesinos obligada a vender su parcela, gallinas, vacas y marranos para luego emigrar a un lugar desconocido.
“No se crea, da mucha tristeza ver esas casas derrumbadas y pensar que ahí vivía el compadre, el amigo o algún familiar que ya se fue”, suspira De la Cruz.
A lo lejos, tras la alambrada del aeropuerto, se ven subir y bajar los aviones. Se escucha el ruido de sus motores. Y más allá aparece el alto e imponente Nevado de Toluca difuminado por negros nubarrones que dejan caer relámpagos y lluvia sobre el valle.
De la Cruz recuerda a los campesinos de San Salvador Atenco, a quienes durante el sexenio de Vicente Fox se les intentó arrebatar sus tierras para construir ahí un aeropuerto:
“Ellos supieron organizarse y conseguir apoyo. Conservaron su tierra. Impidieron que se construyera aquel aeropuerto que iba a desahogar al de la Ciudad de México. ¡Quién lo iba a decir! Ahora muchos vuelos de la capital los están mandando para acá… y quieren resolver sus problemas quitándonos la tierra, perjudicándonos a nosotros.”
–¿Ustedes seguirán su lucha?
–Seguiremos defendiendo nuestra tierra a como dé lugar. Nos falta organizarnos mejor y evitar las divisiones, pues algunos compañeros ya cayeron en el desánimo y piensan que lo mejor es vender. Eso nos divide.
–¿Se han defendido con alguna acción legal?
–Sí. Desde 2009 interpusimos una demanda contra Peña Nieto y sus funcionarios que nos quieren despojar, pues es ilegal lo que están haciendo.
El ejidatario se refiere al juicio de amparo interpuesto el 9 de septiembre de ese año (con el número 1097/2009-III) ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo, con sede en Toluca.
Por “desposesión”, el juicio acusa directamente a Peña Nieto, a su secretario general de Gobierno, Luis Miranda Nava; a la secretaria de Desarrollo Urbano, Marcela Velasco; al secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza; al director general del Sistema de Autopistas y Aeropuertos, Manuel Ortiz, y al director del Aeropuerto Internacional de Toluca, Alexandro Argudín, entre otros.
La denuncia incluye a la alcaldesa de Toluca María Elena Barrera Tapia, ya que las autoridades municipales –arguyen los quejosos– están coludidas con las estatales.

Latrocinio

A fin de impedir el despojo, los ejidatarios cuentan con la asesoría jurídica del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de México, cuyo presidente, Arturo Chavarría, exclama:
“¡Ya basta de que Peña Nieto y el Grupo Atlacomulco les estén dando, a cambio de sus tierras, cuentas de vidrio a los campesinos! Es un vil despojo lo que intentan hacer con el ejido de San Pedro Totoltepec. Esas tierras valen muchísimo más de lo que ofrecen por ellas.”
–¿Tiene usted cifras?
–Por supuesto. El valor del suelo en toda la zona aledaña al aeropuerto se ha disparado muchísimo; fluctúa entre los 14 mil y los 18 mil pesos el metro cuadrado. A ese precio están vendiendo los voraces desarrolladores urbanos que han logrado apropiarse de terrenos en el área… y hacer grandes fortunas con la especulación.
“Es prácticamente un robo darles a los ejidatarios 400 pesos por metro cuadrado. Aunque en los hechos, a los que han logrado quitarles sus parcelas solo les pagan poco más de 100 pesos. Los despojan de su patrimonio familiar con la promesa de que la ampliación del aeropuerto les dará empleos de lavacoches y barrenderos.
“Esto implica lanzarlos a la miseria, a engrosar el numeroso ejército de pobres; de acuerdo con las estadísticas, 55% de los 15 millones de mexiquenses sobreviven en la pobreza y en la miseria extrema. Muchos de ellos fueron comuneros y ejidatarios de Huixquilucan, Santa Fe, Valle de Bravo y otros puntos donde los terrenos ya se tasan en dólares. Hoy intentan hacer lo mismo con los ejidatarios de San Pedro.”
Chavarría extiende un enorme plano, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Urbano estatal, en el que aparece el área actual del aeropuerto pintada de rosa, y el área del ejido coloreada de verde. Muestra el plano y explica:
“Actualmente en el ejido viven aproximadamente 820 ejidatarios con sus familias, en una extensión de 2 mil 379 hectáreas de tierra fértil. De éstas, el Grupo Atlacomulco, que es el que maneja realmente el aeropuerto, intenta apoderarse de 400 hectáreas para ampliar la terminal aérea.
“Este proyecto surgió al fracasar la construcción del aeropuerto internacional que se planeaba levantar en la zona de Texcoco. El gobierno de Vicente Fox y el de Arturo Montiel, entonces gobernador de la entidad, voltearon los ojos hacia el aeropuerto de Toluca porque se dieron cuenta de que, por su cercanía, podía servir como un aeropuerto alterno al de la Ciudad de México, que ya está muy congestionado.
“Y esto es lo que ya está ocurriendo en los hechos. De ser un aeropuerto regional, el de Toluca rápidamente se convirtió en un aeropuerto internacional con bastante demanda, pues recibe mucho tráfico aéreo que antes captaba el aeropuerto de la Ciudad de México.”

Amenazas

Por su parte el actual director del aeropuerto de Toluca, Alexandro Argudín, ha explicado que la ampliación servirá para construir una nueva pista de aterrizaje. Pero ante la negativa de los ejidatarios a vender sus tierras, amaga con recurrir a la expropiación.
“Estaremos en algunos meses iniciando un proceso de expropiación; no tenemos una fecha, no hay un calendario crítico, pero sí habrá que iniciar un proceso de expropiación”, declaró al diario Reforma el pasado 28 de julio. Y les advirtió a los campesinos que, con esta medida, recibirán por sus tierras el valor catastral que en la zona –dijo– es de 98 pesos el metro cuadrado.
Lamentó tener que recurrir a la expropiación y aclaró que no le quedaba otra alternativa porque los ejidatarios rechazan el trato directo, con el que hubieran obtenido un mejor precio por sus tierras.
Pero Arturo Chavarría señala que son puras amenazas sin sustento las de Argudín, encaminadas a intimidar a los campesinos:
“Para empezar –dice–, la expropiación solamente se da por razones de utilidad pública. Nada que ver con el aeropuerto de Toluca, que es un negocio privado dado en concesión, por 99 años a partir de 2005, al grupo español OHL y a los políticos-empresarios del Grupo Atlacomulco.”
Chavarría detalla que formalmente OHL tiene 49% de la concesión. Otro 26% está en manos del gobierno del Estado de México. Y el resto lo detenta el gobierno federal.
Abunda: “A la trasnacional española la trajo al estado el Grupo Atlacomulco, encabezado por las familias Del Mazo y Carlos Hank Rhon, quien actualmente es la bisagra articuladora en esos negocios, a los que se sumaron Carlos Slim, Emilio Azcárraga Jean y la familia Alemán, cuya línea aérea Interjet opera en el aeropuerto. Peña Nieto es solo un títere manejado por esos empresarios sin escrúpulos que han obtenido las concesiones de las principales obras de su gobierno, como el Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense”.
Desde hace varios meses en este semanario se abordó el despojo de tierras ejidales que ocasionó la construcción del Circuito Exterior Mexiquense, lo mismo que sus estragos entre los pobladores de Texcoco, Ciudad Nezahualcóyotl, Tultepec y Chimalhuacán (Proceso 1802).
Aparte de los estrictamente aeronáuticos, Chavarría menciona otros negocios que conlleva el aeropuerto de Toluca: la concesión de estacionamientos, sitios de taxis, líneas de transporte terrestre que recogen a los pasajeros en la Ciudad de México, centros comerciales, hoteles y restaurantes de lujo, etcétera.
“Toda la zona ya es un jugoso negocio para un pequeño grupo de empresarios que, valiéndose de Peña Nieto, abusan del poder para quitarles sus tierras a los campesinos. No nos oponemos al progreso que pueda representar la ampliación del aeropuerto, sino a la injusticia contra los más desposeídos”, dice el urbanista.
Esa injusticia la padece en carne propia Ángel Casimiro Mendoza, un ejidatario de 70 años y cuerpo enjuto al que quieren sacar a la fuerza de su parcela.
“Seguido vienen esos fuereños, gente que ni conozco, a estar muele y muele que ya les venda mi tierra y que me vaya a otro lado. Dicen que vienen de una inmobiliaria que trabaja para el aeropuerto. Llegan con amenazas diciendo que de todos modos nos van a sacar a mi familia y a mí”, dice.
–¿Y usted qué les contesta?
–Pues que no les vendo y que no me voy, que dejen de estarme molestando porque yo no los molesto a ellos. El gobierno siempre nos tiene olvidados. Se acuerda de que existimos sólo cuando quiere jodernos más. Ya ve, aquí nos cortó la luz y el agua potable para obligarnos a salir.
Bajo la llovizna, Ángel Casimiro atraviesa el patio de su casa y llega al corral. Ahí, bajo un largo tejabán, tiene alineadas ocho reses blancas y gordas de fina pelambre.
Con la palma de la mano Ángel Casimiro acaricia la testa greñuda de una de sus reses y exclama orgulloso: “¡Puro ganado fino! ¡Ganado charoláis! Saco 350 kilos de carne por cada una de mis reses. ¿En qué otro lado voy a poder criar cabezas así?… En ninguno… en ninguno”.

Las carreteras torcidas de Peña Nieto

Una vía que arrasa ejidos

Enrique Peña Nieto la promueve como la autopista más importante de México. Y lo es... para la constructora española OHL y para los empresarios nacionales que se beneficiarán con la tierra aledaña al Circuito Exterior Mexiquense. Y lo es también para el gobernador del Estado de México, que pretende usarla como vía rápida a sus objetivos político-electorales, toda vez que las campañas en la entidad comienzan este lunes 16. Sin embargo, para los campesinos de la entidad el proyecto condena a la desaparición a muchos ejidos y mutila municipios cuyos habitantes no recibirán ningún beneficio.

Rodrigo Vera

TOLUCA, MÉX.- Julio Sánchez Durán, presidente del comisariado ejidal de Tultepec, observa desde una loma la planicie de las más de 500 hectáreas del ejido ubicado en el municipio del mismo nombre.

“¡Mire la autopista! Echó a perder todas las tierras de nuestro ejido, arruinó nuestras cosechas. Fue como una maldición que nos cayó”, se lamenta don Julio y señala la brillante franja de asfalto de tres kilómetros que cruza raquíticos maizales y alfalfares.

Este es sólo un pequeño tramo del Circuito Exterior Mexiquense (CEM), la autopista de cuota que circunda el norte de la Ciudad de México del poniente al suroriente, hasta los límites con Morelos. La construye el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, quien la publicita como la obra más importante del país.

Don Julio prosigue: “Al principio vino gente del gobierno del estado y de la constructora. Nos avisaron que iban a tender una autopista por nuestro ejido, que nos iban a indemnizar y a pagar todos los daños, pero pasó el tiempo… y nada. Sólo nos decían: ‘Ya mero les pagamos, ya mero’. Construyeron su tramo de autopista, después vino el gobernador Peña Nieto a inaugurarlo y a pararse el cuello. Pero a los ejidatarios nunca nos pagaron por tanto perjuicio que nos trajo”.

–¿Qué daños les ocasionó?

–Vino a cambiar la vida de la comunidad porque cortó nuestros caminos internos. Es una barrera que no podemos cruzar. Además los desechos de la obra los tiraron a nuestro ejido, lo convirtieron en basurero.

Acompañado por otros ejidatarios, don Julio desciende la loma y muestra al reportero las tierras ejidales. Hay montones de cascajo, arena, piedra y varilla que dejó la obra. Los desechos obstruyeron varios canales que llevaban agua a los sembradíos.

La cinta de asfalto quedó más elevada que las tierras ejidales y está flanqueada por empinados taludes de cuatro metros de altura. Hay que escalarlos para ver los cuatro carriles de la vía, protegida con malla ciclónica y retenes de concreto.

Los automóviles pasan a toda velocidad. Se escucha el ruido de los motores y la fricción de las llantas sobre el pavimento.

“¿Usted cree que los ejidatarios podemos cruzar al otro lado o que podemos llevar a pastar allá nuestras vacas y borregos? ¡Pues claro que no!”, se lamenta don Julio.

–Pero esa autopista dejó bien comunicado al ejido.

–No. Para nosotros es como una barda, un muro muy alto al que uno no puede treparse. A quienes dejó bien comunicados es a los automovilistas que pueden pagar las carísimas casetas de cobro. A ellos les fue bien; esta carretera entronca con las de Querétaro, Pachuca y Puebla sin pasar por la Ciudad de México.

Don Julio relata que por tradición Tultepec es un municipio de coheteros; familias enteras se sostienen de trabajar la pólvora y elaborar juegos pirotécnicos. Sus talleres los tenían diseminados en áreas que hoy ocupa la autopista, pero los constructores de la obra, afirma, concentraron arbitrariamente esos talleres en más de 100 hectáreas que también pertenecen al ejido.

“Nos metieron a los coheteros. Ahora tenemos en el ejido 350 talleres de cohetes que arrojan a nuestras milpas sus desechos químicos: azufre, aluminio y tanta porquería. La tierra se contaminó y echó a perder nuestras cosechas”, explica el ejidatario y señala hacia unas construcciones de tabique diseminadas en un amplio y árido terreno.

Algunos son almacenes de pólvora en cuyas fachadas hay carteles de advertencia: “¡Cuidado!” “¡Polvorín!” “¡No fumar!” Otras son bodegas de “productos terminados” que guardan luces de bengala, cohetes de vara, chinampinas, palomas de todos los tamaños…

Don Julio comenta: “Esta es un área muy peligrosa. Los polvorines estallan de pronto matando a quien se le pone enfrente. Estallan con el puro calor del sol. Es una lástima, convirtieron el ejido en una zona minada. Esa autopista fue nuestra desgracia... la construyeron a la brava”.

–¿No hubo una asamblea ejidal que permitiera su construcción?

–¡Nada! ¡Nada! Se aprovecharon de la buena fe de los ejidatarios que creímos en promesas que nunca se cumplieron. Ahora nosotros salimos estorbando, ya no le importamos a nadie.

–¿Qué van a hacer?

–Pedimos que nos regresen nuestras tierras invadidas, que dejen el ejido tal como estaba.

El ejido Tultepec –que aglutina a 214 ejidatarios– ya demandó al gobierno de Peña Nieto y a la constructora de la autopista, la española OHL, mediante un juicio de restitución de tierras radicado en el Tribunal Unitario Agrario del Décimo Distrito, con el número de expediente 152/2010.

Todo en la ilegalidad

El abogado Manuel Andrade, asesor de los ejidatarios, asegura a Proceso: “Estamos ante el delito de despojo, debido a que la empresa OHL literalmente despojó a los ejidatarios de una parte de sus tierras”.

Indica que empresa y ejidatarios únicamente firmaron “convenios de indemnización”, pero ni siquiera se inició un proceso expropiatorio en forma.

–¿Hay necesidad de decreto expropiatorio?

–Por supuesto. Los ejidos están protegidos por el artículo 27 constitucional, el proceso expropiatorio debe realizarlo la Presidencia de la República y toda expropiación debe quedar asentada en el Diario Oficial de la Federación. Aquí no se hizo nada de eso. Hubo un atropello, una ilegalidad total.

–¿Puede argumentarse que la autopista es de utilidad pública?

–No, porque es de cuota. Y muy costosa, por cierto. Es un negocio privado que, en concesión, le entregó el gobierno mexiquense a la empresa OHL. Sería de utilidad pública sólo si fuera gratuita.

Andrade agrega que el de Tultepec es sólo uno de los ejidos afectados por el CEM. Hasta donde tiene entendido, dice, tampoco se han llevado procesos expropiatorios con otros ejidos que la autopista cruza, como Huehuetoca, Coyotepec, Zumpango, Melchor Ocampo, Jaltenco y Nextlalpan, entre otros.

Además, dice, muchas propiedades privadas sufrieron los mismos atropellos.

También municipios enteros fueron cercenados e incomunicados por el CEM, como Texcoco, Ciudad Nezahualcóyotl, Tultepec y Chimalhuacán. En este último, la población ha estado en resistencia civil encabezada por su alcalde, el priista Jesús Tolentino Román, al grado de que ya bloquearon la autopista en una ocasión.

Arturo Chavarría, presidente del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de México, comenta a este semanario: “El Circuito Exterior Mexiquense es un claro ejemplo de abuso del poder. Es el negocio de unos cuantos empresarios y políticos a costa de los ejidatarios, pequeños propietarios y de millones de pobladores de la zona”.

Indica que los 113 kilómetros que tendrá el CEM –al que sólo le falta un pequeño tramo en el suroriente para terminar de construirse– fueron concesionados a OHL por un periodo de 25 años que podría ampliarse a 40 o más. En este momento, OHL cobra dos pesos por kilómetro recorrido a cada automovilista. “Es un negocio redondo puesto en bandeja”, dice.

Y recalca: “Es un megafraude, viola toda la normatividad, genera una alta especulación de la tierra y provocará una brutal expansión de espacios urbano-habitacionales, con lo que se destruirán reservas naturales y mantos acuíferos del valle de México.

“Pero eso sí, representa ganancias multimillonarias para el gobernador en turno y para un pequeño grupo de empresarios mexicanos ligados en sociedad con OHL. Todos ellos ya le pusieron el ojo a los terrenos aledaños a la autopista, cuyo valor aumentó muchísimo.”

–¿Quiénes son esos empresarios?

–Entre ellos están Carlos Slim, Emilio Azcárraga Jean, Miguel Alemán Magnani y Carlos Hank Rhon. Éste último, por representar al grupo Atlacomulco, es la bisagra articuladora para que todos hagan negocios y un gran saqueo en el Estado de México.

–¿Qué papel juega Peña Nieto?

–Por su juventud e inexperiencia Peña Nieto es sólo un títere que manejan a su antojo todos estos empresarios sin escrúpulos. Sin embargo, en su afán por llegar a la Presidencia, él se adjudica todas las obras bajo el slogan “compromisos cumplidos”. Deberían investigarlo para saber con exactitud a qué grupos monopólicos les está entregando las concesiones y la obra pública.

“Al servicio del capital”

Fermín Carreño Meléndez, profesor-investigador de la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la Universidad Autónoma del Estado de México, dice a Proceso: “Peña Nieto está al servicio del gran capital. El pueblo no le interesa. Imagíneselo como presidente de la República; es capaz de entregarlo todo… hay que andarnos con mucho cuidado”.

Carreño pone como ejemplo la venta de 35 hectáreas que el gobierno mexiquense le hizo a Carlos Slim en Ciudad Nezahualcóyotl, precisamente en un área por donde pasa el CEM.

“Es mucha casualidad, ¿no cree? Hemos pedido información para saber en cuánto compró Slim ese terreno que anteriormente era un tiradero, cómo le hicieron para venderle a un particular, pero no hemos tenido respuesta. Slim dijo que ahí construirá un parque tecnológico… pero el gobierno asegura que será un área ecológica.”

–¿Nada queda claro?

–¡Nada! Hay negocios muy turbios detrás de cada tramo del Circuito Exterior Mexiquense. Debería investigarse tramo por tramo, ya que las tierras por donde pasa fueron propiedad de alguien. ¿Se vendieron o expropiaron legalmente? No lo sabemos. Sólo conocemos una mínima parte del problema.

“Lo cierto es que el gobierno mexiquense proporcionó información privilegiada a los empresarios y desarrolladores inmobiliarios sobre este proyecto de construcción para que éstos hagan sus negocios y especulen con el suelo, comprándolo a muy bajo precio.

“El circuito también está pensado para disminuir los tiempos en el traslado de las mercancías, pues conecta con las autopistas de Querétaro, Pachuca y Puebla, donde hay puntos industriales y comerciales. En economía es clásica la visión de disminuir los tiempos de rotación de capital para maximizar ganancias.”

–¿Qué problemas ocasionó esta visión empresarial?

–En primer lugar no se tomó en cuenta a los millones de habitantes de la zona. Les bloqueó la movilidad a sus hogares, centros de trabajo, educativos o de recreo. El circuito lo que provocó fue tenderles grandes barreras, no ejes articuladores que integraran a la comunidad. Perjudicó a las clases más desprotegidas que no pueden usar esa autopista.

“En segundo lugar tampoco creó lo que los urbanistas llamamos áreas de amortiguamiento, espacios destinados a la protección del medio ambiente. Toda obra genera daños ecológicos, la clave está en cómo resarcirlos mediante estas áreas que no deben tocarse.

“El circuito se construye sin planeación urbana ni ambiental. En pocos años provocará que la mancha urbana crezca en forma desmedida y anárquica. El valle de México padecerá una catástrofe ecológica. Pero eso no le importa a los políticos mexiquenses ni a los empresarios, cuyo único interés es urbanizar y urbanizar para obtener jugosas ganancias.”

Arturo Chavarría y Fermín Carreño aclaran que no están “contra el desarrollo sino contra su falta de planeación”, como hoy ocurre con el CEM, obra que depende del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México dirigido por el ingeniero Manuel Ortiz García.

Proceso solicitó una entrevista al ingeniero Ortiz, pero no se la concedió.

“Ortiz García no tiene ningún poder de decisión. Está totalmente a las órdenes de los empresarios. Su función es darle atole con el dedo a los afectados”, aseguran los urbanistas.

Señalan que el gobierno mexiquense ni siquiera presentó el estudio de impacto ambiental y regional del CEM, como lo exige la legislación estatal, concretamente el llamado Libro quinto del Código Administrativo del Estado de México. “Se violentó toda la normatividad en la materia”, dicen.

–¿Y es realmente la obra vial más importante del país, como lo pregona Peña Nieto?

–Sí. Es la obra más importante que en este momento se realiza en una entidad federativa. La dividieron en tres etapas de construcción que juntas costarán unos 24 mil millones de pesos. Pero no calcularon el enorme costo social que acarrea.

Hasta ahora son los habitantes y el alcalde de Chimalhuacán quienes encabezan la protesta social más numerosa contra el CEM, pues partió en dos su municipio.

El alcalde Tolentino Román comenta indignado: “Nos mutilaron el municipio y ni siquiera nos dejaron un acceso para la autopista”.

A lo largo de más de siete kilómetros el CEM cruza las resecas tierras de Chimalhuacán, poblado de precarias casas construidas con lámina, cartón y bloques desnudos de concreto. Se alinean en calles sin pavimento, opacas por el polvo de las constantes ventiscas.

Chimalhuacán se asienta en el lecho seco del lago de Texcoco. A la escasa población nativa, de origen nahua, se le sumaron oleadas de migrantes pobres que llegaron de provincia buscando trabajo en la capital del país. Hoy es una “ciudad dormitorio” de 1 millón de habitantes. Su fuerza laboral, sus brazos jóvenes, salen de madrugada y regresan al anochecer.

Ellos se sintieron agredidos al ver que la moderna autopista los había incomunicado y aprisionado. Hoy tienen que ir hasta Texcoco o Neza –lo que implica dar un enorme rodeo– para pasar de un lado al otro de su municipio.

Por eso, enardecidos, durante más de un mes –del 25 de marzo al 27 de abril pasado– bloquearon un tramo del CEM exigiendo que les construyan puentes vehiculares y peatonales que comuniquen ambos lados del municipio, saltando la autopista y entroncando con ella. Una de las organizaciones más aguerridas fue la de Los Tlateles de Chimalhuacán, de raigambre nahua y cuyo líder, Felipe Castillo, advierte:

“No nos gusta el ninguneo con que nos tratan los empresarios. Primero llegaron y convencieron a nuestros pequeños propietarios, dueños del espacio por donde hoy pasa la autopista, de malvender sus tierras. Les pagaron a 50 o 60 pesos el metro cuadrado. Hoy en una caseta cobran más por el peaje de un solo automóvil. Eso es una injusticia. Y para colmo nos partieron el municipio. Nosotros seguiremos luchando.”

A Tolentino Román, correligionario de Peña Nieto, se le presentó la disyuntiva de apoyar a los empresarios o la lucha de su pueblo.

“No tuve ninguna duda ni vacilación. Tomé partido por la parte débil, por los menesterosos que no tienen poder económico ni político”, dice a este semanario en sus oficinas del Palacio Municipal.

–¿Qué consiguieron?

–Después de quitar nuestro plantón y realizar varias negociaciones, OHL se comprometió, en un lapso de tres meses, a construirnos dos puentes vehiculares. La mula no era arisca, la hicieron los palos, por eso estaremos vigilantes de que cumpla su compromiso.

–Puede ser que no lo haga.

–Entonces volveremos a sacar el hacha de guerra y a taparle su autopista

Admite Pemex fallas en Atlas de Riesgos

Juan José Suárez Coppel

Juan Carlos Cruz Vargas

MÉXICO, DF, 13 de enero (apro).- El director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan José Suárez Coppel, admitió que falló el Atlas de Riesgos con que cuenta la paraestatal para evitar tragedias por la explosión de ductos, como ocurrió en San Martín Texmelucan, Puebla, a mediados de diciembre, donde perdieron la vida 30 personas.

Durante su comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, presidida por Francisco Javier Orduño, el director de Pemex señaló:

“A raíz de este terrible acontecimiento, surgieron muchas dudas acerca del Atlas de Riesgos; el Atlas existe, pero hay algo que nos indica que no estemos siendo suficientemente efectivos o que no le estemos dando el uso efectivo a este Atlas.”

Suárez Coppel dijo que Pemex, junto con las autoridades estatales y municipales, deberán revisar el funcionamiento del Atlas de Riesgos para aprovechar esa información que contiene y para que Petróleos Mexicanos asuma su responsabilidad ante ese tipo de percances.

El llamado Atlas de Riesgos es la representación geográfica de las instalaciones y activos de ductos y tiene como objetivo servir de base para desarrollar planes de prevención, mitigación y contingencia.

El 28 de diciembre anterior, el director de Pemex Refinación, Miguel Tame, aseguró que desde el 2007 la paraestatal entregó al gobierno de Puebla un Atlas de Riesgos en los que se identifican los municipios por donde atraviesan los ductos y el combustible que pasa por ellos.

Sin embargo, Suárez Coppel aceptó hoy en el recinto legislativo de San Lázaro que es muy difícil lograr un plan de contingencia que reduzca “a cero” los accidentes en las instalaciones.

El exdirector corporativo de finanzas de Petróleos Mexicanos acotó:

“Riesgos siempre existen en nuestros suelos, la industria es una industria de riesgo, y eso lleva a que nunca podemos disminuir a cero todo ese tipo de percances, lo que sí podemos hacer es invertir recursos suficientes, no nada más materiales, sino en tecnología, para controlar estos riesgos”.

Por otra parte, Suárez Coppel informó que el año pasado las autoridades federales desarticularon tres bandas criminales dedicadas al robo de combustibles, a quienes se les aseguraron 2 mil 500 millones de pesos, además de que se encuentran en investigación 75 empleados de Pemex.

El titular de la paraestatal reconoció ante los diputados que han aumentado las tomas clandestinas, al pasar de 462 en 2009 a 712 en el 2010 --aproximadamente 61%--, concentradas principalmente en los estados de Veracruz, Sinaloa, México, Tamaulipas, Nuevo León y Puebla.

Suárez Coppel, quien también fue tesorero corporativo de Televisa, precisó que el robo de combustibles representa 0.4% del total de la producción de Pemex y 0.8% del total de ventas de la paraestatal, es decir, un total de 1.7 millones de barriles.

Fuente: Proceso

Delincuencia organizada saquea plataformas de Pemex

En las plataformas petroleras, las áreas más protegidas de Pemex, se registra desde hace dos años el robo de costosos equipos. Burlando el resguardo militar y los sofisticados sistemas de vigilancia de la Armada de México, la Plataforma México de la SSP y el trabajo de inteligencia del Cisen, hasta un helipuerto fue robado. El saqueo pone en entredicho la seguridad nacional y es parte del ocultamiento de información de Juan José Suárez Coppel al Legislativo, pese a las evidencias de la infiltración de la delincuencia organizada en la paraestatal.

Ana Lilia Pérez

Paraíso, Tabasco. Pasaban de las 10 de la mañana cuando el Bell 412 de Heliservicios de Campeche aterrizó sobre el helipuerto de la Yaxche-Bravo, la nueva plataforma de perforación tipo horse ubicada a 20 tirantes de agua en el Activo Integral Litoral de Tabasco (AILT), uno de los activos de Petróleos Mexicanos (Pemex). Aún los motores no terminaban de apagarse, cuando los supervisores de Pemex Exploración y Producción (PEP) abrían las puertas y bajaban con la cabeza gacha, esquivando el último rehileteo de las aspas, acelerados por iniciar su trabajo. Evaluarían los últimos detalles antes de autorizar la conexión de la Yaxche con los pozos para extraer crudo ligero.

Con la respiración cortada, pasaron de la sorpresa a la incredulidad. La novísima plataforma de 126 millones de pesos había sido saqueada: gabinetes, puertas, tableros e instrumentos de control. Los ladrones se llevaron también todo el cableado, la tubería de asbesto y aluminio; la red de tierras físicas y electrónicas; las alarmas, los sistemas de detección de gas y fuego; todo el alumbrado y hasta las luces de emergencia.

Su asombro no tenía tregua. A medida que recorrían la instalación, tropezaban con tornillos y pedazos de cable. Donde antes estaban los equipos, sólo había huecos. Hacía seis meses que la moderna plataforma –comprada a Industria del Hierro, subsidiaria de ICA– era instalada. Ahora parecía un vehículo recién desvalijado. La premura con la que una hora antes habían descendido del helicóptero les había impedido percatarse que en el helipuerto ya no había luces, señalizaciones ni cableado. Hasta el pararrayos se habían llevado.

El robo implicaba no sólo el valor de los equipos sustraídos, los graves daños a la instalación o la merma de la Yaxche a la producción petrolera contabilizada para ese año; significaba que, la víspera de aquel 15 de septiembre de 2008, alguien había burlado el cerco militar, los patrullajes náuticos y sobrevuelos de la Armada de México, esquivado la mira de Control de Tráfico Marino de Pemex (que revisa la maniobra de las embarcaciones) y la vigía de la Capitanía de Puerto; también, que los equipos fueron desmantelados por expertos –instaladores, maniobristas e instrumentistas– y sacados del área en una embarcación que no fue detectada por las Fuerzas Armadas.

Seguridad nacional, vulnerada

La Yaxche-Bravo es una de las plataformas que comprenden los activos integrales Abkatún-Pol-Chuc y Litoral de Tabasco, los campos con mayor producción de crudo ligero y superligero de la industria mexicana (con 212 mil barriles de petróleo crudo por día y un volumen promedio diario de 531 millones de pies cúbicos de gas), administrados por la Región Marina Suroeste de PEP.

A diferencia de la mayoría de las plataformas que operan en la Sonda de Campeche, las de esta zona sí son propiedad de Pemex. En los últimos tres años, se formalizaron las últimas adquisiciones, en una multimillonaria inversión, para aumentar la producción de los llamados campos maduros. Se trata de sofisticados equipos de primer nivel con tecnología de punta, construidos en patios portuarios de Tampico, Pueblo Viejo y Tuxpan, o adquiridos en el extranjero. De manera que el robo o daño a cualquiera de sus equipos representa un fuerte descalabro a las arcas públicas.

Al área de plataformas, que comienza 20 kilómetros mar adentro del Puerto Marítimo de Dos Bocas, sólo puede acceder el personal adscrito a su operación, y los elementos de las corporaciones encargadas de su vigilancia: Gerencia de Servicios de Seguridad Física (GSSF) de Pemex –integrada básicamente por militares–, Armada de México y Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Ingresan vía helicóptero o barco, en traslados estrictamente controlados por Pemex y la Capitanía de Puerto.

Pérdidas cuantiosas

Aun cuando las plataformas están aseguradas, este tipo de robos implicará para Pemex millonarios gastos adicionales por rehabilitación, de acuerdo con información proporcionada por fuentes de la petrolera que participan en la coordinación de estos trabajos. Hasta el momento, refieren, aún no termina de evaluarse el costo total de rehabilitación y puesta en operación de las plataformas.

Otra pérdida, quizá la más costosa, es “por el petróleo que no produce una plataforma que está fuera de operación”, lo que impacta en la producción estimada, explica Joaquín Dorantes, petrolero que durante 33 años laboró como directivo del área marítima de Pemex. Además de que “este tipo de robos implica una disminución acelerada del valor de los activos de la paraestatal”, añade.

Saqueos y complicidades

Hasta hoy, no hay pronunciamiento alguno sobre estos hechos por parte de las autoridades involucradas en la seguridad de la zona. La Semar aún “evalúa” responder a la solicitud de entrevista solicitada por Contralínea sobre los hechos aquí planteados. Por parte de Pemex, los directivos se negaron a responder.

La tesis de algunos mandos medios de PEP, tal y como se lo plantearon al director general Juan José Suárez Coppel, es que los equipos podrían estarse revendiendo a Pemex o enviándose al extranjero para usarse en plataformas en otros países, como ocurre con el crudo y condensados que en un mercado negro paralelo se les distribuyen también a petroleras estadunidenses.

Laura Itzel Castillo, secretaria de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, dice que el ocultamiento de información por parte de Suárez Coppel impide que el Legislativo tenga evidencia de si este caso es parte de la infiltración de la delincuencia organizada en Pemex y el nivel de operación que el crimen organizado alcanza en la petrolera.

La legisladora acusa que hay negligencia en la ligereza con la que los directivos de Pemex manejan la situación. Explica: “Sorprende la ligereza con la que los funcionarios de Pemex están tomando el asunto, como ocurre con el mercado negro de combustible. Por ejemplo, en una reunión que tuvimos algunos legisladores con Carlos Morales Gil, llamó ‘competencia’ a los delincuentes que se apoderan de los hidrocarburos en la zona para venderlos en Estados Unidos. Si se tiene tanta información al respecto, ¿cómo es posible que no se actúe contra la delincuencia? No se promueve ninguna investigación ni acción diplomática”.

Aunque lo que ocurre en plataformas, explica Castillo, “evidencia que México pasó ya de ser un Estado fallido a un Estado criminal. Ahora ya no sólo es el robo de hidrocarburos, sino de las instalaciones que están custodiadas por la Marina y el Ejército. Sobre esto deben dar una explicación Felipe Calderón y Suárez Coppel, porque éste es un asunto de seguridad nacional y los dos tienen una responsabilidad directa”.

Legisladores integrantes de la Comisión de Marina alertan que los robos en plataformas son un tema de primer orden, ya que dejan al descubierto la vulnerabilidad de la seguridad nacional, por lo que pedirán a las dependencias respectivas información sobre cada caso.

“Éste es un asunto absolutamente delicado porque significa que ya los actos de la delincuencia organizada llegaron también a nuestra plataformas marinas, lo que pone en riesgo uno de los bienes fundamentales para la nación”, dice la diputada Ifigenia Martínez Hernández, integrante de dicha Comisión y experta en seguridad energética.

La obligación del Ejecutivo, agrega la diputada Martínez, “es garantizar que la explotación de Pemex se haga en condiciones de protección a los bienes de la nación, por el beneficio de todo el país, de manera que Calderón debe responder respecto del daño que estos actos están provocando”.

Legisladores consultados por Contralínea alertan que en tanto Suárez Coppel no clarifique lo que ocurre en las plataformas de Pemex, la escalada de delitos irá en aumento, colocando a la petrolera en una situación de alto riesgo; por ello, el tema es ya una de las prioridades para la Comisión de Energía del Legislativo.

“Hay una gran preocupación porque todos nos preguntamos en manos de quién estamos y si hay un descontrol absoluto. Finalmente, quienes se acaban apoderando de las riqueza son quienes están al frente de esta delincuencia organizada, pero con la complacencia de las autoridades federales”, explica la diputada Castillo.

Las fallas de García Luna

La inacción en los robos a las plataformas petroleras no compete únicamente a las Fuerzas Armadas. En el gobierno de Felipe Calderón, a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública (SSP), se le dieron atribuciones para establecer estrategias de prevención y combate del delito y la delincuencia organizada en las zonas petroleras –incluidas las plataformas– a través de Plataforma México.

El “cerebro informático que facilita el análisis de inteligencia para combatir la criminalidad”, como definió Calderón la Plataforma México (al clausurar la V Cumbre de la Comunidad Latinoamericana y del Caribe de Inteligencia, en julio pasado), no ha logrado prevenir este tipo de delitos.

Según las funciones de Plataforma México, en este sistema debía registrarse cada caso, establecer el perfil de los responsables y el modus operandi. La información de este sistema debía cruzarse además con la de la Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Hasta ahora, no hay evidencia de que la SSP tenga conocimiento de los casos. A la solicitud de entrevista de Contralínea para hablar sobre esos hechos, la SSP rehusó dar respuesta.

Irónicamente, en el sexenio de Felipe Calderón, cuando mayor tecnología y elementos de inteligencia militar se han desplegado en las zonas petroleras, la delincuencia alcanzó las plataformas.

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Peña Nieto, candidato de la corrupción

Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México.

Álvaro Delgado

MÉXICO, D.F., 6 de septiembre (apro).- A los miles de conductores que a diario llegan o salen de la Ciudad de México les consta: El tramo del periférico que va del Toreo de Cuatro Caminos, donde termina el Distrito Federal y comienza el estado de México, hasta la caseta de peaje de Tepotzotlán está poblado de criminales que trabajan para el gobernador Enrique Peña Nieto.

No se les puede llamar de otro modo que delincuentes a los policías que asechan a los aproximadamente 300 mil automovilistas que a diario circulan a lo largo de esos 30 kilómetros, particularmente a los que conducen vehículos con placas de los estados del centro y norte del país, víctimas cotidianas de extorsión y robo.

El pretexto para la rapacería policiaca es lo de menos. El conductor que ve aproximarse a un motociclista o patrullero que husmea en las ventanillas del vehículo sabe que, al recibir la orden de orillarse, no hay manera de eludir el abuso de poder que se convierte en despojo patrimonial.

Aun cuando el ciudadano requerido cumpla con todo lo que dispone el reglamento de tránsito y la ley, incluyendo disposiciones absurdas como la calcomanía de verificación anticontaminante de estados donde no existe, la labia de criminal uniformado impone la disyuntiva fatal: Multa y corralón o “lo dejo a su criterio”.

Estas celadas policiacas a los automovilistas se tienden en todas las carreteras que cruzan el vasto territorio del estado de México, como las procedentes de Michoacán, Hidalgo, Puebla, Guerrero y Morelos, y a menudo, hasta para no perder tiempo, el ciudadano termina por caer en el viscoso océano de la corrupción.

Desde los tiempos de Carlos Hank González, cuando en los setenta creó el tenebroso Batallón de Radiopatrullas del Estado de México (Barapem) --del que surgieron delincuentes como Alfredo Ríos Galeana--, hasta lo que hoy se denomina Agencia de Seguridad Estatal, los policías son adiestrados en el robo y son la base de una pirámide de corrupción, en cuya cúspide se encuentra el gobernador en turno y que ahora se llama Enrique Peña Nieto.

Todo el que ingresa a la policía estatal, desde la propia academia, lo sabe, y la mayoría por eso se alista: Ser policía es ser ladrón impune, aunque debe comprarse el puesto y pagar cuotas permanentes al superior, que a su vez da tajada a su jefe y así hasta la cumbre, donde habita la opulenta élite mexiquense.

Por eso el gobernador en turno --ahora Peña Nieto y antes su tío Arturo Montiel Rojas y ahora lo pretende su primo Alfredo del Mazo Maza-- no se hace de la vista gorda ni solapa la extorsión a los ciudadanos, sino que es pieza clave en el mecanismo de la corrupción.

Por supuesto que la extorsión policiaca es sólo una parte de la extendida corrupción en el estado de México, porque el lucro desde el poder abarca todos los ámbitos: Desde los constructores que edifican miles de viviendas populares sin servicios, vías de comunicación, escuelas y zonas verdes hasta la autorización de prostíbulos y toda suerte de giros negros.

Los negocios desde el poder, que se traducen en comisiones a trasmano, involucran también las concesiones al sector privado de obras de mantenimiento a la red carretera del estado y del segundo piso del periférico denominado Viaducto Bicentenario, cuya cuota por recorrer los 22 kilómetros costará 29 pesos y luego de que el usuario adquiera una tarjeta con un transmisor de frecuencia, que cuesta 300 pesos.

Como la corrupción en el estado de México todo lo abarca --y por eso no es casual que desde aquí resurja la figura de Carlos Salinas--, también en la política se hacen también grandes negocios, gracias a que todos los partidos de oposición toman parte en las componendas y muchos de sus integrantes están cooptados por Peña Nieto.

Un ejemplo lo representa el senador panista Ulises Ramírez: Su esposa, Luz María Angélica Alatorre Carbajal, es magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), gracias a una negociación con Peña Nieto, en 2008, mediante la cual se integró por cuotas de partidos el Instituto Electoral del Estado de México.

El presidente de ese organismo que organizará las elecciones para gobernador en 2011, Norberto Hernández Bautista, es panista y amigo de Ulises Ramírez --a quien Felipe Calderón debe su triunfo en la interna panista de 2005--, mientras que el PRD le entró a la componenda luego del nombramiento como consejera electoral a Sayonara Flores Palacios, esposa del diputado perredista Domitilo Posadas, miembros de la corriente de Jesús Ortega.

Por eso el multimillonario despilfarro de Peña Nieto en la difusión de su imagen y sus complicidades con Televisa --y en general con el grueso de los medios de comunicación audiovisual y escrita-- para ser impuesto en la Presidencia de la República, en 2012, no extrañan.

La lógica es la corrupción, la corrupción sin límites, que explica por qué la mitad de los 15 millones de habitantes del estado de México padecen pobreza; por qué se duplicó el desempleo en los cinco años de gobierno de Peña Nieto; por qué esta entidad ocupa el primer lugar en robo de automóviles, y por qué es líder también en feminicidios que están impunes…

Por eso, aun si Peña Nieto no es candidato presidencial y, sobre todo si lo es, la corrupción es el gran tema de debate en la disputa por la nación que está en curso…

Apuntes

Las ansias de mostrar autoridad suelen llevar a los gobernantes fantoches, precisamente por carecer de ella, a la brutalidad contra los ciudadanos que, legítimamente, hacen uso de su derecho de manifestarse contra decisiones arbitrarias o erróneas. Y esto fue lo que ocurrió, el sábado, en León, Guanajuato, cuyo alcalde panista, Ricardo Scheffield, ordenó a la policía municipal reprimir una marcha de más de 100 leoneses que protestaban por el desgarriate en las rutas de autobuses en la ciudad derivadas de la ampliación del Sistema Integrado de Transporte (SIT). Schefield, un expayaso de la televisión local, quiere ser gobernador y por eso emplea los métodos de la organización ultraderechista El Yunque. Tienen razón los manifestantes, cuatro de ellos apresados por los mastines de El Yunque: “¡Protestar es un derecho, reprimir es un delito!”… La guerra demencial de Felipe Calderón sigue cobrando vidas inocentes con balas del Ejército y él atosigando a la población con la sonrisita cínica…

delgado@proceso.com.mx

http://www.youtube.com/watch?v=3y7Jf2eLt7w

México: Los yanquis los explotaron como braceros, el gobierno robó sus ahorros y ahora los tratan como limosneros

México: Los yanquis los explotaron como braceros, el gobierno robó sus ahorros y ahora los tratan como limosneros.

Pedro Echeverría V.

1. Eran más de cinco mil trabajadores mexicanos miserables que en 1942 (hace ya 68 años), en medio de la Segunda Guerra, decidieron enlistarse para trabajar como peones en los campos de los EEUU. Este país los necesitaba porque varias decenas de miles de sus trabajadores fueron convertidos en soldados para trasladarse a Europa y Asia a defender los grandes intereses de los negociantes yanquis. Pero allí en los campos de California y Texas estuvieron los obreros mexicanos trabajando más de 16 horas diarias por salarios sumamente bajos para que ese país del Norte pudiera tener algodón, verduras, frutas, comida y servicios. Con un plan de ahorro, año tras año hasta 1964, entregaron el 10 por ciento de sus salarios a la caja que les garantizaría una especie de seguro de vida familiar; pero los administradores gringos se lo entregaron al gobierno mexicano y éste lo empleó, se lo robó y ahora no quiere devolverlos.

2. Estos trabajadores llevan 12 años reclamando la devolución de esos ahorros, que si les aplicaran intereses sobre intereses serían muchos millones de pesos. Desde el gobierno priísta de Ernesto Zedillo (cuando lograron organizarse) han venido realizando plantones, marchas, mítines y ninguna autoridad los ha querido escuchar. El pasado abril declararon: “Ante la insensibilidad del Gobierno Federal para atender con justicia a los ex braceros, el Frente Nacional de Organizaciones Braceroproa y el Centro Jalisciense del Adulto Mayor y el Migrante convocan a la marcha que demanda el pago en una sola emisión, y a la brevedad, del apoyo social de 38 mil pesos a cada ex bracero, viuda o sus hijos, otorgado mediante el Fideicomiso de Apoyo Social 2016 a Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. Los contingentes saldrán de Tamaulipas, Jalisco, Guerrero y Chiapas para coincidir en Tepeji del Río, Hidalgo, el sábado, aniversario del asesinato del líder campesino Emiliano Zapata”.

3. No debe olvidarse que cuando los “braceros” llegaron a los EEUU a vender sus brazos, que al parecer era lo único que tenían, México estaba también entrando a la guerra mundial aquel inolvidable 23 de mayo de 1942. Se usó como pretexto el ataque a los buques petroleros Faja de Oro y Potrero del Llano en el Golfo de México, pero la realidad es que México con este gesto iba a la cola de EEUU que, después de jugar hábilmente entre aliados y alemanes y pertrecharlos de armas, se decidió por los aliados. En aquellos años de 1939 a 1946, escribe Leopoldo Solís, se aprecia en México una constante disminución de la participación de los sueldos y los salarios en el producto social, pero, por otro lado, las utilidades de los propietarios fueron en constante aumento. Es decir, como siempre ha sucedido en la economía capitalista mexicana, los trabajadores producen y un puñado de ricos disfruta.

4. Según documento que me han enviado, la Alianza de Ex braceros del Norte 1942-1964, está conformada por alrededor de cinco mil ex braceros mexicanos que viven en estados como Washington, Arizona, California, Chicago y Nevada, que “están igual de pobres” que las personas de aquí y que por lo tanto, “si el gobierno de México se robó su fondo de ahorro, es una deuda histórica nacional, es un fraude nacional, no es un dinerito allí nomás, son miles de dólares que se le tienen que devolver… A pesar de estar viejos y cansados, a pesar de los años, los ex braceros seguimos en lucha en contra de la injusticia, insensibilidad, discriminación, mentiras, atropellos, segregación, burla y menosprecio que han hecho el Gobierno Federal y el H. Congreso de la Unión hacia nuestra legítima y justa demanda”.

5. ¿Estará el gobierno panista, después de 10 años en la Presidencia, esperando que todos la exBraceros mueran por vejez y miseria? ¿Lo mismo esperan los senadores y diputados que se dicen representantes del pueblo? De todas maneras esta batalla también corresponde a los hijos y los nietos; no puede terminarse porque no están pidiendo una ayuda o una limosna sino reclamando por un robo o un fraude del que fueron objeto. Lo malo es que también el pueblo mexicano, explotado miserable, que también está luchando para defenderse y por su vida, no ha podido unificar sus batallas en una sola: unificarse para la paralización del país hasta que se den solución a todos los problemas de los trabajadores. Porque la lucha de los exbraceros es absolutamente justa y humana, pero también las otras miles de batallas defensivas de los trabajadores y sus pueblos. Nos seguirán destruyendo mientras estemos aislados y nada de lo que hagamos será importante.

6. ¿Alguien tonto podrá negar que la lucha de los exbraceros es justa y humana? ¿O las batallas de los electricistas por su trabajo, la de los mineros, la de los oaxaqueños contra su gobierno, las del EZLN a favor de los indígenas, la de AMLO contra el despojo de que fue objeto o las de la CNTE contra el charrismo sindical y la mala educación? Todas ellas son batallas absolutamente justas pero ineficaces porque sólo han salido a la calle a desahogarse, a hacer calistenia, la mayoría de las veces a confrontarse, pero sin lograr nada. Espero que esas batallas que llevan ya más de 50 años hayan servido de experiencia para entender que mientras no arrodillen al gobierno y que este soluciones los problemas, sirven de poco y hoy de nada. En vez de 10 marchitas organicemos una pero que paralice las ciudades bloqueándola en todas sus partes. Pero eso sólo se logra con acuerdos unitarios.

7. Mientras los exbraceros entran a sus 13 años de lucha por una pequeña demanda: 38 mil pesos devaluados que se les niega, el gobierno de Calderón autoriza miles de millones de pesos “copeteados” a los festejos ridículos y tontos del bicentenario. Yo sólo espero que así como aquel pasaje en el que los ricos, hacendados e intelectuales vitoreaban al dictador Díaz en las fiestas del 100 aniversario de la independencia mientras la revolución estallaba en los campos de todo el país; se repita el mismo pasaje el próximo septiembre –días antes o días después- con una nueva revolución que por ahora no se asoma a la vista pero que es muy posible porque el gobierno está desesperado y no encuentra otro camino para gobernar que no sea lanzar a todo el ejército y la policía a las calles para evitar cualquier protesta o levantamiento del pueblo.

pedroe@cablered.net.mx

“Mi abuelo zapatista me dio tierras, pero con Salinas las perdí”

Con Salinas perdí mis tierras y ahora peligran mis chinampas

Ángel Bolaños Sánchez

Amalia Salas, mujer nahua del Barrio de San Cristóbal, en la delegación Xochimilco, cuestiona: “mucha fiesta con eso del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución. ¿Yo qué voy a celebrar?, si mi abuelo, que fue zapatista, me heredó mis tierras y luego vino (Carlos) Salinas y las perdí todas”.

Sin dejar de sollozar, la mujer de 73 años advierte ahora que sus chinampas también están en riesgo por los proyectos de hacer en Xochimilco un gran acuario, construir una pirámide y una carretera desde Canal de Chalco hasta Cuernavaca.

“Puro centro turístico, como han hecho en Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas, pero nada de mejorar nuestras tierras, nuestras chinampas para sembrar maíz, frijol, calabaza, verduras. Para qué una pirámide, porque no salvan mejor la zona arqueológica de Cuahilama, que está abandonada”, reclama al participar en la mesa Reconocimiento y derechos de las mujeres de los pueblos indígenas, originarios y afrodescendientes de América Latina y el Caribe, en el encuentro organizado por el Gobierno del Distrito Federal.
Como el de Sonia, otros reclamos se hicieron escuchar en el patio del Club de Periodistas en el Centro Histórico, como el de Felisa Segundo Mondragón, quien llegó a la ciudad de México a los 9 años de San Antonio Pueblo Nuevo, municipio de San José del Rincón, en el estado de México, por un programa del gobierno para apoyar a mujeres mazahuas, pero debió sobrevivir vendiendo montoncitos de limón y aguacate en las banquetas, “porque nos decían que si no nos quitábamos nuestra ropa mazahua y no aprendíamos a hablar español no nos daban trabajo”.

Natalia Toledo Paz –hija del pintor Francisco Toledo–, presentó un texto sobre el derecho de hablar sus lenguas maternas con algunos ejemplos del zapoteco para mostrar la musicalidad, el humor, el doble sentido y la metáfora que revela la estética y poética de esta lengua, como decir “el fuego del cielo” para referirse a las estrellas, o “el día es una flor que está abriendo” para hablar de la mañana. “Mi lengua materna es el zapoteco, y fue lo primero que escuché cuando fui arrojada al mundo”, señaló.

The Great American Bank Robbery

How did the big banks nearly take down the entire economy and still continue to profit? Nobel Prize-winning economist Joseph Stiglitz explains.

The following is Part I of a two-part excerpt from Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy by Joseph Stiglitz ( W.W. Norton & Co., 2010). Read AlterNet's recent interview with Stiglitz by Zach Carter.

Bankruptcy is a key feature of capitalism. Firms sometimes are unable to repay what they owe creditors. Financial reorganization has become a fact of life in many industries. The United States is lucky in having a particularly effective way of giving firms a fresh start—Chapter 11 of the bankruptcy code, which has been used repeatedly, for example, by the airlines. Airplanes keep flying; jobs and assets are preserved. Shareholders typically lose everything, and bondholders become the new shareholders. Under new management, and without the burden of debt, the airline can go on. The government plays a limited role in these restructurings: bankruptcy courts make sure that all creditors are treated fairly and that management doesn't steal the assets of the firm for its own benefits.

Banks differ in one respect: the government has a stake because it insures deposits....The reason the government insures deposits is to preserve the stability of the financial system, which is important to preserving the stability of the economy. But if a bank gets into trouble, the basic procedure should be the same: shareholders lose everything; bondholders become the new shareholders. Often, the value of the bonds is sufficiently great that that is all that needs to be done. For instance, at the time of the bailout, Citibank, the largest American bank, with assets of $2 trillion, had some $350 billion of long-term bonds. Because there are no obligatory payments with equity, if there had been a debt-to-equity conversion, the bank wouldn’t have had to pay the billions and billions of dollars of interest on these bonds. Not having to pay out the billions of dollars of interest puts the bank in much better stead. In such an instance, the role of the government is little different from the oversight role the government plays in the bankruptcy of an ordinary firm.

Sometimes, though, the bank has been so badly managed that what is owed to depositors is greater than the assets of the bank. (This was the case for many of the banks in the savings and loan debacle in the late 1980s and in the current crisis.) Then the government has to come in to honor its commitments to depositors. The government becomes, in effect, the (possibly partial) owner, though typically it tries to sell the bank as soon as it can or find someone to take it over. Because the bankrupt bank has liabilities greater than its assets, the government typically has to pay the acquiring bank to do this, in effect filling the hole in the balance sheet. This process is called conservatorship. Usually the switch in ownership is so seamless that depositors and other customers wouldn't even know that something had happened unless they read about it in the press. Occasionally, when an appropriate suitor can’t be found quickly, the government runs the bank for a while. (The opponents of conservatorship tried to tarnish this traditional approach by calling it nationalization. Obama suggested that this wasn’t the American way. But he was wrong: conservatorship, including the possibility of temporary government ownership when all else failed, was the traditional approach; the massive government gifts to banks were what was unprecedented. Since even the banks that were taken over by the government were always eventually sold, some suggested that the process be called preprivatization.)

Long experience has taught that when banks are at risk of failure, their managers engage in behaviors that risk taxpayers losing even more money. The banks may, for instance, undertake big bets: if they win, they keep the proceeds; if they lose, so what? They would have died anyway. That's why there are laws saying that when a bank’s capital is low, it should be shut down or put under conservatorship. Bank regulators don't wait until all of the money is gone. They want to be sure that when a depositor puts his debit card into the ATM and it says, "insufficient funds," it's because there are insufficient funds in the account, not insufficient funds in the bank. When the regulators see that a bank has too little money, they put the bank on notice to get more capital, and if it can't, they take further action of the kind just described.

In order to read the complete article HERE.

¿A donde ha ido a parar la reserva monetaria? Otro despojo más al pueblo de México

El anarcocapitalista, Felipe Calderón, se empeña en mantener un sistema decadente, el neoliberalismo a la mexicana (capitalismo de cuates), esto le ha costado al pueblo de México una cuantiosa fortuna, mas sin embargo, de manera silenciosa, el FOBAPROA RELOADED lo empieza a vivir el pueblo de México.No hay mal que dure 100 años, ni pueblo que lo resista.

http://www.youtube.com/watch?v=cCbZAd5oC2Y

Filosofía cancelada o lo que es lo mismo: Chafeando a modo de tango

“Roma se hizo en un día”. Considero que 20 años (“no es nada”) de Tecnologías de Información y Comunicación-digitales, son apenas el despertar a un sueño soñado por todos en momentos de comunión con la otredad, que usualmente ocurren en los procesos creativos (artísticos o científicos o filosóficos), en la contemplación de expresiones estéticas, en la compasión, que es otra forma de la pasión amorosa: placer y goce en el dar-nos y no existir sino en el otro, por instantes que duran la única eternidad que nos es dada. Puedo se pesimista u optimista al respecto, pero el entorno global me inclina al pesimismo en el corto plazo. La globalización llegó antes de nuestra madurez, no hemos conseguido construir sujetos colectivos conscientes de las limitaciones a las que el universo -que tiende al caos- nos tiene sujetos. Somos sujetos sujetados, persistimos antientrópicos, egoístas, individualistas, consumistas: somos el ombligo del universo. Tener mejor que ser, entre rudos y cursis terminamos invariablemente despojados. Deseamos creer que estar conectados e informados sobre temas que son significativos y relevantes, nos aporta beneficios colectivos que siempre están por llegar: ya mero somos una democracia. ¡Ya se fue Bush: el cretino! Algún día los genocidios, la miseria, el hambre y el sufrimiento de millones de otros yos… desaparecerán. La mercadotecnia mediática es ahora la democracia y no hay lugar para la verdad, porque ¡ya no existen!, La verdad, ni La realidad. Las perdimos antes de darnos cuenta de su monstruosidad. Para que exista el bienestar de unos cuantos, se necesita control, censura, no saber (decrecer la sabiduría) y mantenernos servidumbre de las elites. Los discursos a favor de la tolerancia a las diferencias son irrelevantes cuando en el “hacer” la narrativa es contraria. No ha concluido la Revolución Francesa, seguimos en el terror desatado por la consciencia de la responsabilidad que impone ser liberes porque “Dios ha muerto”.

ISSSTE: desfalcos, “baja eficiencia” y denuncia penal

Yenise Tinoco

Al término de la revisión de la cuenta pública 2007, la ASF interpuso una denuncia penal ante la PGR contra el jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Norte del ISSSTE por omitir responder una demanda laboral que costó al instituto más de 8 millones de pesos. Además, la Auditoría Superior encontró “baja eficiencia” en los litigios laborales; presentación de información no confiable, así como desfalcos por 600 mil pesos en el nosocomio Ignacio Zaragoza.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República en contra del jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Zona Norte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). En la revisión de la cuenta pública 2007, se observó que el funcionario omitió dar respuesta al juicio laboral 292/2007, interpuesto por el exsubdirector general de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales.
El jefe de la Unidad Jurídica no compareció en la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; ofrecimiento y admisión de pruebas, lo que ocasionó un supuesto daño al patrimonio del instituto por 8 millones 577 mil 500 pesos.

El 30 de diciembre de 1959, durante la administración de Adolfo López Mateos, se publicó el decreto por el que se creó el ISSSTE. El objetivo: “Contribuir a satisfacer niveles de bienestar integral de los trabajadores al servicio del Estado, pensionados, jubilados y familiares derechohabientes, con el otorgamiento eficaz y eficiente de los seguros, prestaciones y servicios, con atención esmerada, respeto, calidad y cumpliendo siempre con los valores institucionales de honestidad, legalidad y transparencia”, se lee en el portal electrónico de la dependencia.
En la revisión de 261 expedientes, la auditoría detectó deficiencias en tres juicios en la defensa de los intereses jurídicos del ISSSTE en materia laboral. En el expediente 292/2007 –tramitado ante la Junta Especial número 10 de la Federal de Conciliación y Arbitraje y turnado para su atención al jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Regional Zona Norte, mediante el oficio 600.602.3/968/07 del 30 de abril de 2007– no se compareció a la audiencia celebrada el 6 de junio de 2007, por lo que la demanda del trabajador se dio por contestada en sentido afirmativo.
La Subdirección de lo Contencioso de la Subdirección General Jurídica del ISSSTE atrajo la atención de dicho juicio.
El 3 de julio de 2007 la dependencia promovió un incidente de nulidad de actuaciones, el cual fue desechado por extemporáneo. El 18 de octubre de 2007, la junta dictó laudo desfavorable al instituto en el que se le condenó a la reinstalación del trabajador y al pago de los salarios caídos y demás prestaciones reclamadas.
El 20 de noviembre de 2007, el instituto interpuso amparo contra el laudo y solicitó la suspensión de su ejecución, en cuanto que la dependencia se niega a la reinstalación; pero se concede respecto de la liquidación.
El recurso fue resuelto en sentido desfavorable a los intereses del ISSSTE.
El 26 de septiembre de 2008 se pagaron al extrabajador 6 millones 124 mil 800 pesos y se le expidieron y entregaron constancias de retención por la cantidad de 2 millones 452 mil 700 pesos, en cumplimiento del convenio celebrado el 2 de septiembre de 2008.
Contralínea solicitó conocer la posición del ISSSTE a través de la Jefatura del Departamento de Publicidad Institucional, adscrita a la Dirección General de Comunicación Social, cuyo titular es Ramón García, sin que al cierre de esta edición se tuviera respuesta.
Robo hormiga
En la revisión de los Inventarios de Productos Farmacéuticos y de Laboratorio, la Auditoría Superior de la Federación observó que al menos en 95 claves de medicamentos hubo una sobreinversión de 1 mil 358 millones 659 mil pesos. Las subdirecciones de Almacenes y de Infraestructura informaron que el 15 de octubre de 2007 se recibió una ampliación a su presupuesto en el capítulo 2000 “Materiales y suministros” por 3 mil 499 millones 100 mil pesos, que fueron utilizados para cumplir con los compromisos presidenciales emanados de la reforma a la Ley del ISSSTE y asegurar el suministro.
La auditoría presume un probable daño patrimonial por 156 mil 324 pesos, al observar que el 10 de noviembre de 2007 se registró la salida de siete piezas de la clave 5423, por 132 mil 512 pesos, y dos piezas de la clave 4415, por 23 mil 812 pesos, sin que la farmacia del hospital Ignacio Zaragoza proporcionara la documentación que acredite la entrega del medicamento a los derechohabientes o la utilización para la operación del propio nosocomio.
Asimismo, con la revisión de 208 recetas y 95 solicitudes de medicamentos para pacientes hospitalizados y servicios auxiliares del citado hospital, la ASF observó un probable desfalco a las arcas públicas por 267 mil 515 pesos, ya que no se comprobó, con las recetas médicas correspondientes, la entrega de los medicamentos a los derechohabientes ni su utilización interna.
Con la revisión del inventario físico anual de medicamentos de la farmacia del nosocomio Ignacio Zaragoza, la Auditoría Superior detectó un probable daño patrimonial por 260 mil 443 pesos, debido a que la primera no aclaró las diferencias de 4 mil 351 piezas menos.
Laudos desfavorables
Con objeto de verificar las acciones realizadas por las áreas contenciosas responsables de la defensa de los intereses del ISSSTE en materia laboral, la ASF revisó una muestra de 261 expedientes (3.2 por ciento) de un universo de 8 mil 51 juicios activos en el año de análisis. En éste se encontró que la dependencia sólo obtuvo resultados favorables en el 32.9 por ciento de los litigios concluidos con laudos, es decir, en 27 de los 82 juicios concluidos con laudos, por lo que representan una eficiencia baja.
De los 148 juicios concluidos, en 2007 se efectuaron pagos de 74 juicios por 38 millones 151 mil pesos, de los cuales 55 (74.3 por ciento) fueron con laudo desfavorable al ISSSTE y significaron una erogación de 22 millones 886 mil pesos; en 16 se concluyó por convenio, por 7 millones 744 mil pesos; y tres más por incidente de insumisión al arbitraje, por 7 millones 520 mil pesos.
La ASF observó que, de nueve juicios con laudo desfavorable al instituto, en cinco (55.6 por ciento) el laudo fue contrario porque los peritos terceros en discordia dictaminaron a favor del actor; en dos (22.2 por ciento), por la falta de documentación en tiempo para preparar la defensa adecuada; en uno (11.1 por ciento) no se acreditó que el actor era trabajador de confianza; en otro más (11.1 por ciento), la entidad no probó haber cumplido el procedimiento establecido para cesarlo.
Con la revisión de los 261 expedientes en materia laboral se encontraron 11 tipos de deficiencias en la integración de los expedientes, falta de constancias de las actuaciones en los recursos, en los laudos dictados no se permite conocer el estado procesal de los juicios; no hay control en el manejo de los expedientes y dificultan dar un adecuado seguimiento al desarrollo de los litigios.

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Detienen a La Tigresa en Chiapas; la acusan de robo y despojo

ISAíN MANDUJANO

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.., 25 de marzo (apro).- En cumplimiento de una orden de aprehensión expedida por el juez sexto penal del Reclusorio Preventivo Norte, elementos de la Fiscalía de Mandamientos Judiciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal detuvieron hoy en esta ciudad a la actriz Irma Serrano La Tigresa.
Acusada de los presuntos delitos de robo y despojo, la cantante y actriz fue detenida minutos después de haber participado en el programa Hoy que este miércoles se transmitió desde la capital chiapaneca.
Los agentes policiacos esperaron a Serrano afuera de las instalaciones de la televisora. Al salir, le mostraron la orden de aprehensión y la condujeron a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en esta ciudad.
Ahí, la actriz chiapaneca fue sometida a una revisión médica para evaluar su estado de salud y luego fue trasladada al aeropuerto Ángel Albino Corzo, donde abordó un avión comercial con destino a la Ciudad de México.
La Tigresa enfrenta los cargos de robo y despojo, según la denuncia interpuesta por María de los Ángeles Gaytán. En la querella, Gaytán reclama un pago de 100 millones de pesos por el arrendamiento del teatro Fru Fru, ubicado en la calle de Donceles, en el Centro Histórico.
La denunciante refirió que al pretender cobrarle a Irma Serrano, ésta la sacó del teatro sin permitirle siquiera llevarse el mobiliario que ahí tenía.
De acuerdo con la dueña del teatro, La Tigresa incumplió con un contrato que habían firmado y se quedó con el mobiliario y demás enseres que tenía dentro del inmueble.