Más casos a la Corte Interamericana

GLORIA LETICIA DíAZ

Ante el empecinamiento de Felipe Calderón por mantener a salvo el fuero militar en casos de violaciones graves a la población civil -algunos casos han motivado incluso recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)-, la Corte Interamericana de Derechos Humanos asumió el caso de la indígena Inés Fernández Ortega, originaria de Tlapa, Guerrero, quien sufrió agresión sexual por parte de militares.El 22 de marzo de 2002, Inés Fernández Ortega denunció ante Florentín Meléndez y otros comisionados de la CIDH que fue violada por tres elementos del Ejército, quienes irrumpieron en su domicilio junto con otros ocho soldados.

La agraviada les dijo que había presentado una denuncia de hechos en la agencia del Ministerio Público de su localidad, pero las autoridades turnaron la denuncia a la Procuraduría de Justicia Militar. La instancia archivó el caso porque no encontró culpables (Proceso 1616).Y la CIDH le dio seguimiento al caso, identificado con el número 12.580. Se le ventiló incluso en la sesión 130 de la CIDH realizada en Washington en octubre de 2007, junto con el de Valentina Rosendo Cantú, indígena tlapaneca de Ayutla, Guerrero, agredida sexualmente por militares en febrero de 2002; la investigación sigue abierta.La determinación de la Comisión de pedir la intervención de la Corte para proteger a miembros de las organizaciones indígenas y de derechos humanos se fundamentó en que desde 2005, época en la cual el caso de Inés empezó a ser litigado en esa instancia, se emitieron varias solicitudes de medidas cautelares (enero de 2005, septiembre de 2007, junio de 2008 y marzo de 2009), pero persistieron las amenazas y los actos intimidatorios, resalta el abogado Vidulfo Rosales Sierra, asesor del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.Ante la falta de respuesta de las autoridades mexicanas, el pasado jueves 7, Santiago Cantón, secretario ejecutivo de la CIDH, notificó a Fernández Ortega que la Comisión llevaría su asunto ante la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, "de conformidad con los artículos 51(1) de la Convención y 44 del Reglamento de la Comisión Interamericana".Para Abel Barrera Hernández, director del Centro Tlachinollan, organización que junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) litigan el caso de la indígena tlapaneca, el propósito es cuestionar el fuero militar porque, arguye, "en nuestro país es sinónimo de impunidad", como lo constataron los comisionados de la CIDH.El activista del Centro Tlachinollan asegura que el asunto de Fernández Ortega fue admitido por la Comisión en 2006. El organismo interamericano ha podido comprobar no sólo "la falta de acceso a la justicia" por parte de los ciudadanos, sino que desconoce aún los mecanismos internos para castigar a los militares.Rosales Sierra sostiene que, además de los casos de Fernández Ortega y el de Valentina Rosendo Cantú. El centro Tlachinollan documentó 10 casos de agravios a indígenas guerrerenses entre 1997 y 2002, pero sólo en dos de ellos los agraviados mantuvieron su queja y denunciaron a sus agresores.Dice que el 30 de octubre de 2008, en su Informe de fondo, comisionados de la CIDH concluyeron que sí hubo violaciones a los derechos humanos de Inés Fernández; que no sólo se violó el debido proceso y se conculcaron las garantías judiciales de la indígena tlapaneca, sino que se ignoró el protocolo de la Convención contra la Tortura y la Convención de Belem Do Pará para erradicar y sancionar la violencia contra la mujer."Por lo tanto -dice el abogado-, la CIDH recomendó al Estado mexicano completar la investigación, procesar y sancionar a los responsables; además, hacer las reformas legislativas, políticas y administrativas para que el fuero de guerra sea restrictivo y excepcional, y concretarlo a los actos que tengan que ver con la disciplina militar y no con las violaciones a derechos humanos."Como los puntos torales no fueron atendidos, la CIDH determinó llevar a juicio al Estado mexicano ante la Corte Interamericana.
La cerrazón
El caso de Fernández Ortega es un ejemplo claro de "la posición cerrada de Felipe Calderón, quien se empeña en "no ceder ni un ápice en su defensa al instituto castrense". En lugar de agotar las prórrogas a las que tenía derecho, dice Abel Barrera, "el Estado mexicano prefirió contestar a la CIDH que el caso estaba cerrado, que no había violaciones a derechos humanos y que no hay nada que enmendar en cuanto al fuero militar".El abogado Rosales Sierra sostiene: "Desde que Inés y su familia denunciaron penalmente su caso, y durante el litigio internacional, ella y su familia, así como su traductora, Obtilia Eugenio Manuel, y los miembros de la Organización del Pueblo Indígena Me'phaa (OPIM), fueron víctimas de amenazas de informantes del Ejército y de algunos oficiales castrenses."Incluso, agrega, Lorenzo Fernández Ortega, hermano de Inés, fue asesinado y se inició la persecución judicial contra 15 miembros de la OPIM -cinco de los cuales fueron encarcelados temporalmente-; también fueron ejecutados Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), agrupación que denunció abusos del Ejército en Ayutla.Las amenazas alcanzaron a los integrantes del centro Tlachinollan, representantes legales de las viudas de los dirigentes asesinados (Proceso 1690 y 1694).El 7 de abril pasado, la CIDH solicitó a la Corte emitir medidas provisionales para proteger a los agraviados por las autoridades mexicanas. En respuesta, la presidenta del máximo tribunal interamericano, Celia Medina Quiroga, dos días más tarde emitió un ordenamiento al Estado mexicano en el que le solicitó brindar medidas emergentes a 107 personas integrantes de la OPIM, OFPM y Tlachinollan.La resolución de Medina Quiroga fue sometida a consideración de los miembros de la Corte en el pleno del tribunal en el XXXIX Período Extraordinario de Sesiones, realizado entre el 27 y el 30 de abril de este año en Santiago de Chile. Sólo el juez mexicano Sergio García Ramírez se excusó de participar en la discusión.En su resolución, la Corte Interamericana de Derechos Humanos explica que las medidas "tienen un carácter no sólo cautelar, en el sentido de que preservan una situación jurídica, sino fundamentalmente tutelar, por cuanto protegen derechos humanos en la medida en que buscan evitar daños irreparables a las personas.La notificación del máximo tribunal interamericano fue enviada a los representantes de los beneficiarios, Cejil y Tlachinollan, el 18 de mayo, de acuerdo con una copia del documento obtenida por Proceso.Entre las demandas de los peticionarios que la Corte pide atender destacan la exigencia de la resolución de ocho procesos judiciales referentes a las amenazas y crímenes contra militantes de organizaciones indígenas, así como las agresiones de las autoridades del gobierno de Guerrero contra miembros de la OPIM.Solicitaron también cuatro teléfonos satelitales, seis celulares, nueve radios de comunicación y un teléfono fijo; además de implementos de seguridad para oficinas, como cámaras de circuito cerrado, alarmas, sistemas de iluminación y chapas de seguridad.El 16 de abril, aún vigentes las medidas emergentes dictadas por la Corte, los representantes del gobierno mexicano se negaron a atender las peticiones de los beneficiarios."El Estado mexicano decidió unilateralmente aplazar la implementación de medidas para una reunión posterior pese a que dicha actitud, ante la grave situación de riesgo en que se encontraban los beneficiarios, podría significar un daño irreparable a su vida o integridad personal", asienta el documento del tribunal interamericano.Hasta el jueves 21, el gobierno mexicano había entregado sólo seis celulares y dos satelitales para la atención de 107 personas, dice el abogado Rosales Sierra. Además, agrega, a partir de ese día los interlocutores del gobierno son Alejandro Negrín, por parte de la cancillería, y José Antonio Guevara, director de la Unidad de Defensores de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.Esta nueva actitud, puntualiza el director del Centro Tlachinollan, "refleja que hay preocupación, porque tienen que cumplir con la Corte Interamericana, cuyas resoluciones tienen carácter vinculatorio. El gobierno de Felipe Calderón no puede seguir simulando".Señala: Al admitir la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1998, el Estado mexicano está obligado a aceptar la resolución a que llegue, muy probablemente a exigir cambios legislativos que acoten el fuero militarY concluye: "El mensaje claro de Calderón es que prefiere sacrificar principios internacionales con tal de mantener una buena relación y alianza estratégica con el Ejército; todo a cambio de mantener el fuero militar". l