Plan B. El Estado contra la sociedad

Por Lydia Cacho

25 mayo 2009

Una familia tiene un bebé con síndrome de Down y crea una asociación porque ni su comunidad ni el gobierno local toman en cuenta a personas Down. Lo mismo sucede con niñas con parálisis cerebral, con niños ciegos o autistas. Todos los esfuerzos profesionales y efectivos en México para atender delitos ambientales, víctimas de violencia sexual o doméstica, trata de personas, presos políticos, violación a derechos humanos, menores en situación de calle, embarazo adolescente y adicciones, son producto de ciudadanos comprometidos con su país y su comunidad. Y ahora, gracias a las políticas de Estado, las asociaciones sin fines de lucro están en mayor riesgo que nunca.

El gobierno de Fox bautizó como Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) a las asociaciones civiles, y creó un Registro Nacional de OSC para tenerlas controladas; bajo el argumento de la transparencia forzó la desaparición de cientos de organizaciones comunitarias rurales. Al mismo tiempo México entró en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la cooperación internacional retiró los donativos que sostenían la frágil economía de grupos de la sociedad civil que rescataban a víctimas de todos los flagelos. Supuestamente nuestro país es tan avanzado que ya no necesita ayuda humanitaria, pese a que comunidades enteras en Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo, Guerrero, Yucatán y Michoacán, viven como en países africanos.

Los políticos desconfían de las organizaciones civiles que no pueden controlar, por eso las debilitan. La perspectiva neoliberal de la “autosustentabilidad de las OSC” promovida por Fox y Calderón, exige que las organizaciones civiles atiendan de manera profesional a sus grupos vulnerables, aprendan nuevas tecnologías, rindan cuentas, paguen impuestos brutales que a las empresas sí les permiten deducir. Las políticas de Estado no reconocen a las OSC como coactoras en la solución de problemas. Pese a que la sociedad civil ha impulsado políticas públicas importantes, el gobierno federal y los estatales condicionan a las organizaciones a ser clientelares, les amedrentan con arrebatarles recursos a cambio de autocensurar su crítica del Estado. Por si fuera poco, ante la violencia actual, las amenazas, desaparición, espionaje y asesinato de quienes defienden los derechos humanos, el Estado finge ceguera.

La perspectiva mercadológica neoliberal de la participación civil es ridícula. Pretenden que las OSC sean empresas, generen bienes y servicios, atiendan víctimas, no reciban salarios dignos pero trabajen 14 horas diarias sin prestaciones de salud y vivienda. Mientras, PGR y DIF violan los derechos de las víctimas, la Secretaría de Hacienda niega deducibilidad a organizaciones premiadas en el mundo entero, y retira incentivos para la colaboración de los empresarios con OSC. Calderón declara que la sociedad civil debe colaborar en la guerra contra las adicciones y la violencia, pero actúa para que la sociedad civil esté ocupada en subsistir, aplastada por el Estado. En tanto, se fortalecen las asociaciones civiles de clientelismo político con todas las facilidades fiscales. A la burocracia no le gustan las organizaciones civiles independientes, y usa argumentos de rentabilidad mercantil para reducirlas y hacerlas inviables, para criminalizar la protesta social y revivir el paternalismo clientelar.