Salud de burócratas, el negocio

Ana Lilia Pérez

Con cargo al erario, paraestatales, fondos y banca de desarrollo e instituciones para la asistencia pública contratan de manera directa los servicios de hospitales de elite
La danza de los millones que se usan en la atención médica de la elite mexicana no termina en la contratación global que cada año hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Entre 2007 y 2009, de manera directa, diversos funcionarios han echado mano de eventuales sumas millonarias para servicios médicos adicionales a los de su seguro institucional, contratados en su mayoría sin licitación pública.
Unas 200 empresas –entre ellas grandes corporativos y pequeñas clínicas– están empadronadas como prestadoras de servicios médicos y hospitalarios para el gobierno federal. La elección depende de cada funcionario, sin que necesariamente se atiendan los criterios que marca la Ley de Arrendamientos y Servicios del Sector Público de contratar la mejor oferta técnica y económica.
Por ejemplo, los del corporativo de Petróleos Mexicanos (Pemex) son clientes frecuentes del Hospital Ángeles del Pedregal, los directores de las zonas petroleras se atienden en la cadena de hospitales que el mismo consorcio (Operadora de Hospitales Ángeles) tiene en el resto del país; los de la Lotería Nacional se rehabilitan en la Clínica Londres; los del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Sae) se hospitalizan en el Ángeles o el Hospital Clínica Santa Fe; los de la Secretaría de Seguridad Pública también contratan cirujanos privados.
Por el número y monto de contrataciones, según el portal de Compranet, el consorcio más socorrido es Operadora de Hospitales Ángeles, SA de CV, razón social constituida en 2005. Su posición como médico de cabecera de los funcionarios se dio en el sexenio de Vicente Fox.
Entonces era pública la estrecha relación entre el presidente del corporativo, Olegario Vázquez Raña, y la familia de Los Pinos, a la que albergó en el Hotel Camino Real de Mariano Escobedo durante varias semanas, una vez concluida su gestión, y el mismo donde Ana Cristina Fox era jefa de relaciones públicas y donde, desde una suite, Manuel Bribiesca despachaba sus negocios.
La primera entidad de gobierno que contrató los servicios médicos del Grupo Ángeles para todos sus directivos fue la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, cuando estuvo encabezada por Luis de Pablo. El contrato anual implicaba 82 millones de pesos anuales.
En el actual gobierno, Pemex es la entidad que mayores servicios le ha requerido sin licitación pública de por medio, aunque la petrolera cuenta con su red médica. Se le conoce como la tercera organización de servicios de salud pública del país –después del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado– porque tiene dos hospitales centrales, seis regionales, 12 generales, tres clínicas-hospital, cuatro clínicas, 33 consultorios, 115 unidades de servicios preventivos de medicina del trabajo, 20 consultorios en centros de desarrollo infantil y siete coordinaciones médicas de zona.
En sus informes de productividad, la Secretaría de Salud indica que Pemex es la dependencia que más invierte en infraestructura y medicamentos. No obstante, sus funcionarios desdeñan esos servicios y optan por los que les ofrecen los privados.
Invariablemente, los directivos de las subsidiarias acuden al Ángeles del Pedregal; sus mandos inmediatos (directores generales adscritos a las zonas petroleras) utilizan la red de hospitales Ángeles, y los gerentes, superintendentes y mandos medios usan clínicas privadas de menor costo. El 80 por ciento de estos servicios se contrata sin licitación pública.
Algunos de los servicios pagados por la Subdirección de Servicios Médicos de Pemex en la gestión de Jesús Reyes Heroles son: El 2 de enero de 2007 pagó al Ángeles del Pedregal 170 mil pesos por el servicio de resonancia magnética (contrato 4800001538); el 1 de enero de 2008, estudios radiológicos de resonancia magnética, por 320 mil pesos (contrato 4400089824); al siguiente día, 330 mil pesos por un tratamiento de hemangioma (contrato 4800005267) en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad.
Ese mismo mes, la Subdirección de Servicios de Salud de Pemex pagó 2 millones 169 mil 816 pesos por la atención médica de urgencia de uno de sus directivos (contrato 4400087919). El 1 de abril, 200 mil pesos por un tratamiento de hemodinamia en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad.
A la red de clínicas que maneja la Operadora de Hospitales Ángeles en los estados, el 1 de enero de 2008, la Coordinación Médica de Zona en Tampico le contrató 11 servicios de atención hospitalaria, que suman 2 millones 868 mil pesos (contratos 4400088793, 4400089027, 4400089029, 4400089451, 4400089466, 4400089467, 4400089468, 4400089469, 4400089470, 4400089471 y 4400089824). El día 22 la Subdirección Administrativa de Tula pagó el servicio de resonancia magnética por 320 mil pesos (contrato 4400087927).
El 23 de diciembre contrataron “estudios médicos” por 1 millón 621 mil pesos, mediante seis adjudicaciones (contratos 4400102039, 4400102045, 4400102052, 4400102054, 4400102112 y 4400102115).
El pasado 1 de enero pagó los servicios médicos, radiología, dermatología, entre otras, para Ciudad Juárez, por 442 mil pesos (adjudicaciones 4800007501 y 4800007813). El 13 de febrero se le pagaron servicios por 507 mil pesos (contrato CMZG-TLAQ-AD10-2009), y el pasado 29 de abril, por 402 mil 500 pesos (4800007628).
El consorcio médico no ha estado exento de observaciones del Órgano Interno de Control (OIC) en Pemex. El 15 de agosto de 2008, el titular del Área de Responsabilidades, Juan Adrián Puig Márquez, emitió una circular (número OICPM-AR-GI- 001/2008) a todas las dependencias del gobierno federal para que se abstuvieran de hacer contratación alguna con Operadora de Hospitales Ángeles, según la resolución OICPM-AR-202/2162/2007 del expediente 0018/2008, donde se le determinó como “infractor”.
La información que difundió el OIC es que “esta sociedad fue sancionada conforme a lo dispuesto a la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, artículo 60, párrafo tercero, que establece que si al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación no se ha pagado la multa que hubiere sido impuesta, la mencionada inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago”.
La multa ascendió a 81 mil 514.50 pesos y una inhabilitación de tres meses; se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto de ese año.
Como surtía efecto al día siguiente, las entidades de gobierno tenían prohibido hacerle contratación alguna entre el 30 de agosto y el 30 de noviembre de 2008; sin embargo, funcionarios de Pemex rompieron este ordenamiento. Entre otros contratos, los números 48000098552 y 4400098549 se suscribieron el 7 de septiembre de 2008 –según el sistema Compranet–, es decir, en el periodo prohibido por la Secretaría de la Función Pública (SFP). Al respecto, se solicitaron entrevistas con los directivos de Pemex y los de la compañía hospitalaria, pero no hubo respuesta.
Por servicios médicos entre 2007 y 2009, Pemex ha pagado 36 millones de pesos al Hospital Aranda de la Parra, de León Guanajuato; 2 millones 114 mil 468 pesos al Hospital de Cardiología y Cirugía Los Ángeles, de Irapuato; 4 millones 561 mil pesos al Hospital Bellavista, de Cuernavaca; 720 mil pesos al Hospital Bonavia, de Playas de Rosarito; 2 millones 434 mil pesos al Hospital Central de Apizaco.

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