El fascismo nuestro

Por Alberto Híjar

La última instancia militar es aplicada por un gobierno cuando advierte cancelados los recursos políticos de gobernabilidad. Cuando esto se articula con una crisis financiera y la aplicación de protecciones de Estado a los grandes consorcios en lugar de proteger a los trabajadores, quienes son reprimidos y desorganizados, se está construyendo el fascismo. Su símbolo es elocuente: un haz de flechas atadas, unidas, listas para ser usadas. Las proclamas de unidad nacional pretenden unir las armas con el Estado y la sociedad, pero el terror de Estado sólo consigue el apoyo de grupos de la alta burguesía afectada por los secuestros y el bandidaje. Por esto, en los viejos tiempos de reflexión crítica a las dictaduras sudamericanas y centroamericanas, se calificó de fascistoides a estos Estados sin apoyo masivo.
Por tanto, y ante la crisis bajo dominio yanqui, mejor será para los Estados y gobiernos construir un régimen previsor ante la certeza de que todo será peor para los trabajadores. La Iniciativa Mérida extiende el Plan Colombia, la integración al Comando Norte y la ASPAN hacen de la seguridad nacional una garantía contra las defensas auténticas de la soberanía, esa noción aparentemente anacrónica en tiempos de globalización cuando no queda más que adecuarse a los dictados del súper gobierno del FMI, BM y OCDE. Como todo esto es inocultablemente antipopular, la última instancia militar es medida de urgente aplicación con un control estricto de población. Las nuevas policías, ministerial y federal poseen poderes sustitutos del Ministerio Público y pueden intervenir teléfonos y computadoras, invadir domicilios y aprehender sin rendir cuentas a nadie.
Los operativos del Norte con el Ejército en calles y plazas violando todo derecho y la alerta sanitaria exitosa, son acompañados ahora por la guerra psicológica propia de la CIA. Se trata de desalentar la reflexión sobre las organizaciones político-militares revolucionarias y, para ello, hay una cuidadosa selección de inculpados con características ejemplares. Hay incluso un perfil físico: han de ser hombres maduros, cuarentones, morenos, si con barba corta mejor, pelo negro no muy largo y sin demasiado cuidado y con posibles antecedentes guerrilleros, así sea por sus intereses académicos o por su lugar de origen. Sobre esta base, ocurre el arbitrario traslado de Jacobo Silva Nogales al Penal de Alta Seguridad de Nayarit en lugar de liberarlo una vez que ha ganado, al igual que su compañera Gloria Arenas Agís, los amparos contra los delitos graves y el resto está compurgado luego de nueve años de prisión. El excomandante Antonio del ERPI y la exocoronela Aurora son rehenes para desalentar cualquier acción de sus excompañeros, aunque los del EPR, ofendidos por la desaparición de dos de sus militantes en Oaxaca hace dos años, hayan sido contradichos en su estrategia y táctica con la escisión del ERPI. El despojo de todas sus pertenencias, la imposibilidad de la visita familiar y la atención de su abogado y el aislamiento hacen de Jacobo Silva un preso político despojado de todo derecho. Compartió celda unos meses con Ignacio del Valle dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, sentenciado a 112 años de prisión. También en La Palma están Héctor Galindo y Felipe Álvarez sentenciados a 46 años y otros diez sufren injusta cárcel en Texcoco, mientras la Comisión Nacional del Agua compra, cerca y militariza como propiedad privada los terrenos que defiende el FPDT a efecto de desarrollar el proyecto turístico de Peña Nieto, el gobernador culpable de los crímenes en Atenco. Rehenes son también los diez zapatistas presos en Chiapas y los de otros movimientos de autodefensa reducidos a las movilizaciones de denuncia, al igual que los familiares de los cuatro estudiantes masacrados en la invasión del ejército colombiano con apoyo de la base yanqui de Manta a Sucumbíos en Ecuador. La Doctrina Bush de justificar masacres y torturas en función de los resultados, es cumplida por el presidente colombiano Álvaro Uribe en campaña electoral para su tercera reelección, pese a las abundantes inculpaciones a sus funcionarios por apoyo a los paramilitares y al narcotráfico. Feliz encuentro el de Felipe Calderón y Uribe en Colombia con una escena que ni a Michael Moore se le hubiera ocurrido: el matrimonio Calderón y Uribe con luces navideñas encendidas en la mano al clausurar el Congreso Internacional sobre Víctimas del Terrorismo (sic) en Medellín el 29 de mayo. La vieja consigna contrainsurgente de arrebatar banderas hace que los ávidos de reconocimiento planearan este congreso y lo animaran con el secuestro del doctor Miguel Ángel Beltrán Villegas, quien llevaba un año de ires y venires a la Secretaría de Gobernación de México para renovar su permiso de estancia académica cumplida con todo rigor en la división de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Casi siempre lo acompañaron abogados de la Rectoría de la UNAM, quienes nada pudieron hacer para impedir la violenta deportación instantánea e ilegal. Tremendo terrorista ha sido entregado por el presidente Calderón a Colombia, se apresuró a declarar Uribe y a repetirlo cada que puede para enaltecer al espurio como él. Gracias a quienes abuchearon a Uribe y gritaron ¡fraude! cuando fue nombrado Calderón en la toma de posesión de Mauricio Funes exlocutor de la sucursal de TV Azteca en El Salvador quien promete portarse bien y guiña el ojo a la Secretaria de Estado yanqui, presente en el acto. Pero ojo intelectuales críticos, el doctor Beltrán Villegas es un ejemplo de lo que puede afectarles.
Los dieciséis inodados por dos membretes ultraderechistas ante la PGR de México, son nombres en resguardo para el desaliento de la crítica. Ahí están desde Rosario Ibarra hasta Gustavo Carvajal, el priísta fiel con sus 150 kilos de peso. No faltan intelectuales como Gilberto López y Rivas, Carlos Fazio y Alberto Híjar. Las mujeres también deben ser aterrorizadas, por lo que América del Valle permanece escondida con su carrera universitaria trunca al igual que Lucía Andrea Morett. La de Atenco por una orden de aprehensión vigente y Lucía por las libradas por jueces ecuatorianos pese a que el presidente Rafael Correa se mostró indignado a raíz de la invasión terrorista colombiana en Sucumbíos.
El escarmiento de Morelia es también ejemplar. La Doctrina Bush adoptada por Calderón justifica toda ilegalidad con tal de ofrecer culpables en coincidencia con las peores elecciones en la etapa de campañas infumables. En todo y por todo, las imágenes acompañadas por los discursos desinformativos de los noticieros, procuran ser guerreras con encapuchados incluidos. La última instancia militar marcha al compás de la crisis total y la consideración gubernamental de los pueblos y comunidades pobres como enemigos.