Llevan a Naciones Unidas caso de violaciones en operativos de Atenco

Denuncian ONG impunidad de autoridades después de tres años

Ejemplo de la tortura sexual como herramienta para reprimir a las mujeres

Carolina Gómez Mena

En el contexto de la décimoprimera sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que se realiza en Ginebra, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), la Organización Mundial contra la Tortura (Omct) y el Foro Asia-Pacífico sobre Mujeres, Derecho y Desarrollo (APWLD, por sus siglas en inglés), expusieron el caso de los abusos cometidos contra mujeres en San Salvador Atenco durante los operativos policiacos realizados el 3 y 4 de mayo de 2006.

En los denominados Diálogos Interactivos que se efectúan durante dicha cumbre, Madeleine Penman, coordinadora del área de relaciones internacionales del Prodh, leyó un pronunciamiento en el que señaló ante la relatora especial sobre la Violencia contra la Mujer que un ejemplo paradigmático del uso de la tortura sexual como herramienta para la represión contra las mujeres fue lo ocurrido en Atenco, cuando “más de 2 mil 500 policías federales y estatales agredieron indiscriminadamente a manifestantes por un conflicto derivado del diálogo fallido con vendedores de flores de la localidad.

Entre las personas arrestadas se encontraban 47 mujeres, muchas de las cuales recibieron malos tratos y tortura sistematizada de la policía por medio de violencia sexual, incluyendo casos de violación, así como otras formas de violencia física, establecen en el documento.

Las organizaciones denunciaron ante la relatora que “a pesar de la severidad de los crímenes, después de más de tres años de ocurridos, las autoridades mexicanas no han empezado ningún proceso penal por tortura o violación sexual contra los agentes que participaron en los operativos. Solo un pequeño grupo de agentes fue acusado por ofensas menores, como abuso de autoridad y actos libidinosos. Mientras, los oficiales del gobierno que planearon y dirigieron dichas acciones gozan de impunidad”.

Cabe señalar que el 29 de abril de 2008 el Centro Pro llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se espera solicite al Estado mexicano que determine si hubo impunidad, elabore un informe e intente que se llegue a una solución del asunto. De no haber respuesta de las autoridades el tema podría canalizarse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahí el proceso sería largo, señalaron integrantes del Centro Pro.