MEXICO, D.F., 25 de junio (apro).- Con excepción del PAN, legisladoras de todos los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados presentaron hoy una solicitud de juicio político contra el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, por atentar contra la salud y la vida de las mujeres.
La diputada Marina Arvizu Rivas, presidenta de la Comisión de Equidad y Género e integrante del Partido Social Demócrata, explicó que, el 16 de abril de 2008, la Cámara de Diputados aprobó la llamada "Norma de Salud 046", para establecer en la legislación la obligación de los tres niveles de gobierno a proporcionar los servicios de salud a una mujer que ha sido violada, como el otorgamiento de la "píldora de emergencia" y la interrupción del embarazo.
El pasado 15 de junio, González Márquez, quien se ha negado a cumplir con dicha obligación, interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la "Norma de Salud 046" y de esta forma echar abajo dicha obligatoriedad.
Desde que se discutió en Cámara de Diputados, el gobierno y la fracción del PAN se opusieron a la norma. Sin embargo, fue aprobada por mayoría de votos.
Posteriormente, el secretario de Salud, José Angel Córdova Villalobos se negó durante meses a publicarla, por lo que no podía entrar en vigor. Incluso, la Cámara de Diputados lo citó a comparecer.
"Sin embargo, Córdova nunca vino. A pesar de ello, incidimos como Comisión de Equidad y Género para que la Norma 046 tuviera los criterios mínimos para atender a las mujeres víctimas de abuso sexual", dijo Arvizu Rivas.
Por su parte, Martha Tagle Martínez, secretaria de esa comisión e integrante del partido Convergencia, aclaró que la promoción de esa norma "no es un capricho de las mujeres", sino una obligación del Estado mexicano. Añadió que la norma surgió luego de que, durante el sexenio de Vicente Fox, después de que fue violada en Mexicali, Baja California, una menor, conocida con su nombre de pila, Paulina, ésta fue obligada por el gobierno estatal panista a tener a su bebé y se le negó su derecho a abortar.
Dijo que el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), "la cual llegó a un acuerdo amistoso con el gobierno mexicano para que se plasmara una norma, a través de la cual el gobierno se comprometiera a dar servicios de salud a las mujeres víctima de abuso sexual".
Añadió: "Ahora resulta que el gobernador de Jalisco se ha inconformado y ha llegado al absurdo de interponer una acción de inconstitucionalidad".
A su vez, la diputada perredista Maricela Contreras, miembro de esa comisión, afirmó que en la solicitud de juicio político se presentan argumentos que comprueban la proclividad de González Márquez a violar el estado laico y los derechos de las mujeres. "El gobernador ha violado la ley federal contra la Discriminación y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida Libre de Violencia y la de Igualdad entre Hombres y Mujeres". I
nformó que en Jalisco la tasa de violencia contra las mujeres es de 10.7% por cada 100 mil habitantes.
Por su parte, Elsa Conde Rodríguez, del Partido Social Demócrata, señaló que en Cámara de Diputados hay 120 solicitudes de juicio político contra servidores públicos. Dijo que "esta herramienta no es vital en su lucha", aunque aclaró que tienen que "dejar huella" y recurrir a todas las instancias "para frenar las violaciones contra las mujeres por parte del gobernador de Jalisco".
Por su lado, la diputada Rosario Ortiz Magallón dijo que otra vía que buscarán es empezar a trabajar en el Protocolo de la CEDAW, que es la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación, "porque México firmó ese convenio con la Organización de las Naciones Unidas".
"Trabajaremos en ello porque en 2010 México entrará a la evaluación de cumplimiento de todas las políticas que garantizan los derechos de las mujeres, y queremos tener documentadas todas las violaciones que se han cometido", añadió.
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