Iztapalapa: secuestro partidista

LOURDES MORALES CANALES *

MÉXICO, D.F., 25 de junio (apro).- El caso de la delegación Iztapalapa es sólo una muestra del secuestro partidista que actualmente vivimos los ciudadanos mexicanos. Es, también, una muestra del daño que las fuerzas políticas han provocado en términos de construcción de una sociedad democrática y participativa.
Catalogada como una "ciudad dentro de la ciudad", esta demarcación concentra un elevado porcentaje de población (casi 2 millones de habitantes), de la cual 80% son ciudadanos en edad de votar (1 millón 536 mil 373 en lista nominal, según las cifras de 2009 del Instituto Federal Electoral). Y ello ha hecho que Iztapalapa sea, para los partidos políticos, un botín demasiado atractivo como para querer renunciar a él.
Desde el año 2000, la demarcación ha sido gobernada casi hegemónicamente por el PRD. Y sólo durante la elección de diputados federales de 2006, la diferencia entre el primer lugar (PRD) y el segundo (PAN) fue de tasas que oscilaron entre el 26% y el 52%, un margen demasiado alto como para hablar de pluralidad y verdadera competencia entre partidos.
De igual forma, la demarcación es de las más participativas de todo el país, ya que del año 2000 al 2006, en elecciones locales, las tasas de participación fueron superiores a 64%, mientras que en elecciones federales más de 65% de los ciudadanos salió a votar (salvo en la intermedia de 2003, en la que participó sólo 40.3% de la población iztapalapense).
A simple vista, esto supondría la existencia de una identidad partidista enraizada o de un "voto duro" para un solo partido por parte de una ciudadanía entusiasta, sin embargo, en la demarcación prevalecen las formas más tradicionales del clientelismo político, muchas de ellas heredadas del sistema autoritario anterior.
Efectivamente, líderes e intermediarios partidistas se disputan el poder constantemente al grado de obstaculizar que los ciudadanos ejerzan de manera libre derechos políticos y sociales fundamentales, y a cambio del voto o de servicios públicos, a los cuales los ciudadanos de Iztapalapa tienen derecho por el pago de sus impuestos, surgen promesas y amenazas por parte de "líderes sociales" que poco o nada han hecho por crear una cultura de la rendición de cuentas, la solidaridad y la ciudadanía responsable.
En la primera etapa de un ejercicio de observación electoral que Alianza Cívica desarrolla en diez estados del país, encontramos que ante la restricción de campañas electorales en medios electrónicos, los partidos políticos desplegaron propaganda política directa entre los ciudadanos vía folletos, mítines y promoción casa, pero prevalece la ausencia de debate y propuestas.
En el distrito 19 de Iztapalapa, la disputa entre facciones partidistas ha generado que los ciudadanos reciban ofertas de dinero, despensas y empleo, así como programas sociales locales (la delegación cuenta con 16 programas sociales) y leche, a cambio de asistir a mítines y marchas, o de permitir la colocación de mantas en las fachadas de las casas particulares.
Estas prácticas son vistas como algo tan natural, que los ciudadanos ni siquiera las reconocen como delitos electorales, por lo que no hay denuncias al respecto.
Y el escenario se vuelve todavía más trágico con las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), como la última con la que revocó la candidatura de Carla Brugada, cuyo nombre de todas maneras aparecerá en las boletas electorales.
No obstante, se prevé que las estrategias de persuasión se intensifiquen frente a una ciudadanía desencantada de los partidos políticos, desmovilizada frente a la impunidad y poco representada por quienes utilizan las carencias sociales como instrumento electoral.
Iztapalapa nos muestra cómo los partidos cavaron su propia tumba, pues a fuerza de excluir a los ciudadanos de las decisiones, de la representación de los órganos autónomos, de los medios de comunicación y de las candidaturas, las elecciones aumentan su costo social y no son ya del mejor proyecto, sino del mejor postor.
Por ello, queda a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil reconquistar el espacio público secuestrado por los partidos políticos y por los medios de comunicación, a través de una agenda de participación directa que vaya más allá de lo electoral.
* Directora de Alianza Cívica