Por Lydia Cacho
25 junio 2009
Antier Felipe Calderón afirmó que en los operativos contra el narcotráfico, el gobierno federal no pide permiso, simplemente aplica la ley; que no hay consideración política o de nacionalidad. Se le escucha enojado, harto de que se cuestione su batalla. Como si fuera rey y no presidente de una democracia.
La pregunta de esta semana, a punto de celebrar el 26 de junio, Día Internacional contra las Drogas, es: ¿en verdad esta guerra (que es un símil de la guerra antidrogas creada por Nixon) está alejando las drogas de nuestros hijos? O simplemente se hace más cara para los consumidores de Estados Unidos. Yo creo que acerca más las drogas a las y los mexicanos.
En realidad en la medida en que el gobierno ataca a los cárteles mexicanos, la droga se consume aquí y les resulta mejor malbaratarla que perderla. Por eso la cocaína está más barata que nunca, basta preguntar a nuestros hijos e hijas qué tan fácil es conseguirla. Poco ha cambiado; Colombia produce la mitad de coca del mundo, EU produce la mejor mariguana y Afganistán es el líder fabricante de opio, base de la heroína. En términos de economía, el mercado sigue igual.
La gran pregunta es: ¿qué hay detrás de esta guerra? ¿Como es posible que la heroína mexicana siga entrando por avión a Miami y Nueva York? ¿Por qué en 2001 Afganistán producía siete toneladas de heroína pura y en 2005, tomado por el Ejército de EU, produjo 526? Según el Departamento de Estado hay 800 mil heroinómanos en su país y 35 millones de estadounidenses adictos a drogas. En 2007 se arrestó a 1.8 millones de personas relacionadas con las drogas, pero los niveles de consumo no cambian. Basta analizar el fracaso rotundo que tuvo Nixon en EU cuando intentó hacer lo mismo que Calderón. México necesita una discusión multidisciplinaria sobre el futuro de esta guerra, no un manotazo que nos silencie.
Hay millones de mexicanos que nos negamos al armamentismo y a la exacerbación de la violencia. Las guerras de Nixon y Calderón tienen algo en común: llenan las cárceles, gastan millones de dólares y simplemente reciclan el mercado de estupefacientes. Lo que no podemos permitir es que, además, silencien la libertad de expresión para evidenciar el fracaso y la flagrante violación de los derechos humanos.
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